El PP se queda solo en el Congreso para defender la movilidad en los pueblos

El Partido Popular se quedó solo este miércoles en el Congreso de los Diputados a la hora de defender que el futuro mapa concesional del transporte estatal garantice la movilidad de los pueblos pequeños. Se votaba una Proposición no de Ley, que defendió la diputada del PP por Teruel, Raquel Clemente, en la que se pedía garantizar el derecho a la movilidad con transporte público en las zonas rurales, ante la intención de eliminar paradas en las líneas estatales. El PSOE con los grupos nacionalistas que le apoyan en la Cámara baja votaron juntos en contra de la iniciativa, con lo cual decayó, mientras que CHA y Vox se abstuvieron.

Era la enésima vez que el PP intentaba sacar adelante una iniciativa así para garantizar la movilidad en las zonas rurales despobladas, e incluso en la parte propositiva había suavizado los términos y había dejado un amplio margen de maniobra para que pudiera aprobarse la propuesta e intentar reencauzar lo que plantea la propuesta de mapa concesional, si bien tanto el PSOE como CHA, dentro de Sumar, y Vox presentaron enmiendas que no fueron aceptadas porque desvirtuaban el sentido de lo propuesto por los populares.

La PNL tenía que ver con un asunto sobre el que se viene discutiendo desde principios del año 2022, ya en la pasada legislatura, sobre el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros a nivel estatal, que en el conjunto de Aragón dejaría sin paradas de autobús a más de 150 municipios, entre ellos 54 de la provincia de Teruel. Se trata del mapa concesional que regula las líneas de transporte estatal de viajeros, entre comunidades autónomas, cuya previsión es que solo paren en grandes núcleos de población.

Eso hará que en los pueblos pequeños, como sucede en la provincia de Teruel, los autobuses pasen de largo y desaparezcan las paradas, mientras que los usuarios tendrán que desplazarse a otros municipios mayores para poder coger estas líneas.

Esa situación genera un nuevo ataque a las zonas rurales poco habitadas porque las deja sin un derecho básico, que es la movilidad. Desde el Estado se argumenta con este mapa, que forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible todavía en tramitación parlamentaria, que pretende hacer el transporte más sostenible, y deja en manos de las comunidades autónomas la movilidad dentro de sus propios territorios.

La diputada del PP por Teruel, Raquel Clemente, argumentó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se debatió la PNL, que así se deja desprotegido al territorio, además de poner en evidencia el modelo que pretende implantar el Estado. Ese modelo supone que para coger un autobús de línea estatal que pasa de largo por un pueblo, el viajero que quiera subir tenga que desplazarse a otro municipio empleando otro transporte público o utilizando un vehículo privado.

Clemente pidió que a la hora de desarrollar estas leyes se tenga en cuenta el mecanismo rural de garantía, que debe analizar cómo impactan las nuevas normativas en el territorio. A pesar de la insistencia con que este asunto se ha llevado a distintas comisiones en esta y en la pasada legislatura, no hay forma de que el Gobierno asimile el punto de vista de las zonas rurales y cómo les afecta. Por el contrario sigue argumentando que debe primarse la conexión rápida entre grandes núcleos de población, lo que va en contra de la propia Estrategia nacional frente al reto demográfico.

El portavoz del PSOE en la comisión, Alfonso Rey de las Heras, volvió a insistir nuevamente, de forma implícita, en el argumento de que los pueblos pequeños deben ser considerados “territorio de sacrificio” para favorecer a los grandes, si bien en su intervención dijo otra vez que el Gobierno central subvencionará a las comunidades autónomas para que cubran los recorridos internos, además de acusar al PP de “tratar de engañar” a la gente y de no hacer propuestas para aportar soluciones a la movilidad sostenible.

Clemente pidió por contra al resto de los grupos que se comprometan con el medio rural y que eviten lastrar el desarrollo social y económico de estas zonas, y cuestionó el modelo de sostenibilidad planteado por el PSOE cuando lo único que hace es sacrificar las zonas despobladas para favorecer a las ciudades.

La diputada popular reprochó al Ejecutivo que hubiese pasado de hablar del reto demográfico “como una cuestión de Estado”, y de políticas de “cohesión territorial”, a centrar su debate exclusivamente en la quita de la deuda para “contentar a una sola comunidad de este país y así garantizar la permanencia de Sánchez en la Moncloa, a costa de la solidaridad y la igualdad de los españoles”.

Añadió que quien más lo va a sufrir es el “medio rural”, algo que aseguró que “no solo es inaceptable” sino que “es un engaño continuo al medio rural”, tras lo cual tildó de “incoherentes” los argumentos que hacían los socialistas en su enmienda”.

Territorio de sacrificio

El diputado de CHA, Jorge Pueyo, encuadrado en Sumar, socio del Gobierno central, reclamó favorecer al medio rural y se mostró nuevamente crítico con el PSOE porque se veían “las entrañas” de las políticas socialistas al considerar las zonas rurales despobladas como “territorio de sacrificio”, no solo en este caso sino en cuestiones como el Clúster del Maestrazgo, que rechazó y acusó a los socialistas de “no haber entendido en qué consiste la transición ecológica”.

Pueyo presentó una enmienda de sustitución, en términos muy parecidos a la que formuló el PSOE, con algunas variaciones, que no fueron aceptadas en ninguno de los dos casos. El PP tampoco aceptó que los puntos de su iniciativa se votasen por separado. Los populares también rechazaron la enmienda de Vox, por lo que la PNL del PP solo obtuvo 14 votos a favor frente a los 15 en contra del PSOE, ERC, Bildu y PNV (partidos nacionalistas que se benefician de que las zonas despobladas del interior sean territorios de sacrificio), mientras que CHA y Vox se abstuvieron.

La iniciativa del PP que decayó plantea que en el marco de la aprobación de la futura Ley de Movilidad Sostenible se garantizase “la mayor conectividad posible para los espacios del medio rural español, evitando lastrar el desarrollo social y económico de los pueblos de España con problemas de despoblación, así como frenando el aislamiento de los habitantes de los núcleos de población rurales o envejecidos, favoreciendo la cohesión territorial”.

En un segundo punto instaba al Gobierno central a “planificar y asegurar por todos los medios -en absoluta coordinación y de manera pactada con las comunidades autónomas-, la dotación presupuestaria adecuada y en cantidad suficiente de los nuevos mapas concesionales de servicios de transporte regular de personas por carretera de competencia estatal y autonómica, sin agravar el problema de la despoblación en nuestro país”.

Por último, planteaba “optimizar al máximo los Fondos de Cohesión, así como los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en favor de la sostenibilidad socioeconómica, la convergencia y vertebración de nuestros núcleos rurales y más despoblados”.

En la enmienda del PSOE se incidía en seguir trabajando con las comunidades autónomas para “coordinar” y “optimizar” el servicio, además de hablar de “posibles mecanismos de compensación”; mientras que en la de CHA sí se introducía que había que garantizar “la mayor conectividad posible para los espacios del medio rural” y evitar su “asilamiento”.