El derecho a la movilidad en el territorio requiere de la aplicación del mecanismo rural de garantía

El derecho a la movilidad en el territorio, y en particular en las zonas despobladas, requiere de la aplicación del mecanismo rural de garantía para que quienes viven en estos lugares puedan acceder a los mismos servicios públicos que tienen las ciudades. El debate sobre el nuevo mapa concesional de las líneas estatales de transporte de viajeros en autobús ha puesto de manifiesto que no se está teniendo en cuenta ese mecanismo, porque no se entiende la singularidad y realidad de las zonas rurales desde los despachos de las administraciones públicas en las grandes ciudades.

El último pleno del Senado celebrado a finales de octubre abordó por enésima vez una cuestión que es vital para las zonas rurales despobladas, y cuya tramitación parlamentaria está enrocada desde la pasada legislatura, que es cuando se llevó al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que incluye la elaboración de un nuevo mapa concesional de las líneas estatales de transporte de viajeros.

El proyecto de ley pretende adaptar la movilidad en España a las nuevas directrices dictadas por Europa, y de su aprobación depende también que el país pueda recibir fondos comunitarios para su aplicación, que en caso contrario se perderían. El proyecto de ley, que regresó en esta legislatura al Congreso para su tramitación, reconoce la singularidad de las zonas rurales, y en especial las que padecen despoblación, y defiende un trato especial para las mismas con la intención de que sus habitantes no pierdan el derecho básico a la movilidad.

En cambio, la misma ley tiene en cuenta la elaboración de un nuevo mapa concesional de transporte en autobús que es el que está generando polémica desde que trascendió su borrador en el año 2022. El mapa concesional es algo que tiene que desarrollar la ley, pero en cambio el borrador lo tiene ya elaborado el Gobierno y lo que contempla es la eliminación de las paradas de autobús de las líneas estatales en los pueblos con poca demanda del servicio, que son por lo general los más despoblados.

Eso afecta solo en Aragón a 151 municipios, que con ese mapa concesional se quedarían sin parada de autobús. De ellos, 54 son pueblos turolenses. Se trata de las líneas de autobús estatales, es decir, las que realizan recorridos entre distintas comunidades autónomas. En el caso de Teruel son las que cubren los trayectos con ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Otra cosa distinta es el mapa concesional de las líneas de bus autonómicas, que son las que cubren desplazamientos internos en cada región, y cuya competencia es de los gobiernos autonómicos.

Primar a las ciudades

El Gobierno central defiende la eliminación de esas paradas para que las líneas entre grandes ciudades ganen en competitividad: reducción de tiempos de desplazamiento y mejores tarifas. Es por eso que se eliminan las paradas en los pueblos donde hay muy poca demanda. Esa baja demanda se debe al fenómeno de la despoblación, pero lo que sucede así es que pierden un servicio del que hasta ahora podían disfrutar para desplazarse.

El argumento del Gobierno central es que va a dar 40 millones a las autonomías para que puedan adaptar sus líneas de autobús internas para dar servicio a esas personas, ya que las competencias de los tráficos regionales son autonómicas. Desvirtúa así el Ejecutivo la cuestión de fondo del problema, puesto que lo que pierden los habitantes de los pueblos es la posibilidad de acceder a un servicio en igualdad de condiciones que si vivieran en una ciudad. No da ni siquiera la opción de hacer paradas a demanda en aquellos pueblos donde, por haber pocos habitantes, utilizan solo esporádicamente estas líneas.

El Ejecutivo central pretende que las comunidades autónomas se encarguen de llevar a esos viajeros que requieran hacer uso de esas líneas estatales a los lugares donde haya paradas, que son los grandes núcleos. Es un planteamiento totalmente inviable en zonas despobladas, además de perjudicial para los usuarios, que verán incrementar sus tiempos de viaje junto a la incomodidad de tener que desplazarse a otro municipio para poder coger un autobús que antes paraba en su pueblo y ahora pasará de largo.

Una persona que antes tenía parada en su pueblo para coger el autobús entre Teruel y Madrid o Barcelona, por ejemplo, con el nuevo mapa concesional verá pasar de largo el bus, puesto que el recorrido tendrá que seguir haciéndolo por esa ruta. En cambio, para poder tomarlo deberá coger un autobús de la red autonómica, acudir con él a un pueblo donde vaya a parar el de la línea estatal, y esperar allí hasta que pase. Al haber poca población la frecuencia de autobuses es muy escasa, con lo cual es probable que no tenga combinación. Además de perder tiempo en el desplazamiento y la espera, y las molestias que eso genera, tratándose por lo general de personas mayores, tendrá que pagar por dos autobuses.

Legislación

Eso tan sencillo de entender, el Ministerio de Transportes no lo comprende porque el mapa concesional está pensado para quienes viven en las ciudades, desoyendo así lo que la propia ley establece de atender en especial la singularidad de las zonas rurales despobladas. Es la paradoja personificada en una ley que no tiene en cuenta el mecanismo rural de garantía que España incorporó a su legislación el año pasado.

Este asunto fue motivo de discusión en último pleno del Senado a través de una moción que presentó el PP, que se debatió pero está pendiente de votación al suspenderse la sesión plenaria debido a la catástrofe causada por la dana en la Comunidad Valenciana. En ella el PP planteó por un lado que el Gobierno convoque la Conferencia Sectorial de Transportes para debatir con los consejeros de las comunidades autónomas el nuevo mapa concesional, y por otro que reconsidere el mismo por su alto impacto social, territorial y económico en la España rural.

El asunto volvió a enfrentar al PSOE con el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Los primeros acusaron a los populares de vender bulos, mientras que estos responsabilizaron a los socialistas de discriminar a la España rural. Más allá del crispado debate político existente, este nuevo enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios evidencia que no se está cumpliendo con la legislación frente al reto demográfico que ha ido apareciendo en los últimos tiempos. En el texto de la ley sí lo hace teóricamente, pero no así después en su aplicación con el mapa concesional, ya que no tiene en cuenta lo que dice la Ley de Evaluación de las políticas públicas aprobada a finales de 2022 en las Cortes Generales.

Esta ley lo que establece es la obligatoriedad por parte del Estado español de aplicar el mecanismo rural de garantía, que es una iniciativa de la Unión Europea, de forma que debe tener en cuenta la incidencia en las zonas rurales de cualquier norma y política pública que ponga en marcha. En este caso no lo ha hecho y derivar la responsabilidad hacia las comunidades autónomas es una trampa.

La Ley de Evaluación de las políticas públicas obliga al Estado a tener en cuenta la singularidad territorial

El proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible es probablemente el primer caso de una norma legal que ha entrado en la paradoja de defender por un lado la singularidad del medio rural despoblado, pero a la vez lo condena al ostracismo. En el texto legal se compromete a que las zonas rurales y despobladas tengan los mismos derechos que quienes viven en las grandes ciudades. Esa es la teoría, pero en cambio después en la aplicación práctica hace lo contrario, puesto que sanciona a los municipios más pequeños dejándolos sin parada de autobús. Y no menos grave es que pretende subsanarlo pasando la responsabilidad a los gobiernos autonómicos e ignorando la realidad del medio rural despoblado.

En la moción que presentó el Partido Popular en el Senado se evidencia con cifras el castigo que el medio rural va a sufrir con el nuevo mapa concesional, si consigue prosperar, en todo el Estado español. Si en Aragón son 151 municipios los que pierden la parada de una línea estatal y en Teruel son 54, en el conjunto del país son 1.417 municipios los que la pierden, un 74,11% menos de los que la tienen ahora.

Por supuesto son municipios pequeños, que son los paganos para favorecer los desplazamientos más rápidos entre los grandes núcleos de población. De acuerdo con esas mismas cifras, la población que queda desconectada de las líneas estatales en las zonas rurales son 3,25 millones de personas.

Discriminación al no tener en cuenta la igualdad

El derecho a la movilidad, y por tanto a tener los mismos servicios públicos en igualdad de condiciones, es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la lucha contra la despoblación en España. Es uno de los principios recogidos en el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico que aprobó el Gobierno en la pasada legislatura, pero que en cambio a la hora de llevarlo a la práctica es de difícil aplicación si se sigue primando lo urbano frente a lo rural.

En la moción debatida en el último pleno celebrado en el Senado sobre el nuevo mapa concesional del transporte de viajeros en las líneas estatales, ya se advirtió que el mismo tiene un gran impacto en las zonas rurales, porque discrimina a los ciudadanos ya que atenta contra la igualdad de los mismos.