La Ley de Movilidad Sostenible, que prevé suprimir paradas de autobús, está atascada en el Congreso

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que estaba llamado a revolucionar el derecho a la movilidad en los territorios despoblados pero que en cambio incorpora un nuevo mapa concesional que elimina numerosas paradas de autobús de las líneas estatales en los pueblos, ha vuelto a atascarse en el Congreso de los Diputados. Venía recogido en el Plan de 130 Medidas para hacer frente al reto demográfico aprobado en 2021 y era una de las políticas estrella para combatir la despoblación con el fin de garantizar la movilidad con independencia del lugar donde se viva. El texto de la ley, que lleva camino de tres años sin poder aprobarse, asume ese planteamiento en su parte teórica, no así en la práctica, donde prevalece la rentabilidad económica frente a la social en aspectos como el mapa concesional del transporte público de viajeros. A eso se suma que las grandes infraestructuras de comunicación por carretera comprometidas con la provincia no avanzan, lo que lastra su desarrollo, según el diputado del PP por Teruel, Alberto Herrero, que es portavoz de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

La situación política actual lleva, según Herrero, a que el único compromiso que tiene el Gobierno es con Junts y Esquerra Republicana, que lastra el desarrollo de la legislatura y bloquea todos los asuntos pendientes, así como las inversiones porque dependen de las ansias de financiación de Cataluña y es lo que mantiene al país sin Presupuestos Generales del Estado, sostiene.

“Si no hay presupuestos, pues no podemos pensar ni en la A-68, ni en ninguna infraestructura que nos afecte y beneficie a la provincia de Teruel”, argumenta el parlamentario popular, situación que se traslada también a la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante las leyes que ellos mismos plantean o las proposiciones de ley que llegan desde el Senado a propuesta del PP, puesto que en esta Cámara los populares tienen mayoría absoluta.

Ni Ley de Movilidad Sostenible ni novedades en infraestructuras por carretera como la A-68, la A-40 o la A-25. “Esas autovías tendrían que avanzar, pero nos queda la sensación de que no hay voluntad de que eso avance y que la falta de presupuestos sea la excusa”, afirma el parlamentario popular.

El primer intento del Gobierno central para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible fue en la legislatura pasada, pero el adelanto electoral lo frustró. Una vez conformado el nuevo Ejecutivo tras las elecciones, fue uno de los primeros proyectos de ley que volvieron a llevarse al Consejo de Ministros y que se remitió a las Cortes Generales. El texto fue aprobado por el Gobierno el pasado 12 de febrero, se remitió al Congreso, donde fue calificado el día 20 del mismo mes y pasó a la Comisión de Transportes para la elaboración de la ponencia, abriéndose un plazo de presentación de enmiendas hasta el 4 de marzo.

Difícil de aprobar este año

Desde ese momento se ha ido ampliando sucesivamente el plazo de enmiendas a este proyecto de ley sin que haya empezado todavía a debatirse. La última fecha para presentar enmiendas se ha fijado para el 4 de septiembre tras haber hecho dieciocho ampliaciones de plazo. Herrero asegura, no obstante, que la ley tampoco va a salir este año porque esta misma semana “a un técnico del Ministerio de Fomento se le deslizó que ya daban por perdida la aprobación de la ley antes de final de año”.

Eso podría suponer la pérdida de fondos comunitarios por valor de 10.000 millones de euros para la mejora de la movilidad en España, que Europa condiciona entregar a que la ley sea aprobada.

A la vez, este parón supone seguir retrasando la solución a la polémica que arrastra el nuevo mapa concesional del transporte que plantea la norma, tal como lo concibe el Gobierno, y que pretende eliminar las paradas de autobús de las líneas estatales en las zonas rurales más despobladas.

De acuerdo con la propuesta que el Ministerio de Transportes hizo a mediados de 2022, sólo en la provincia de Teruel se quedarían 54 pueblos sin parada de autobús de las líneas estatales. En todo Aragón serían 151 municipios los afectados, y a idéntica situación se enfrentarían en otras comunidades.

El texto legal no recoge como tal y en detalle ese mapa concesional, sino que es una de las cuestiones que tendrá que desarrollar la ley cuando sea aprobada. Herrero considera que el problema de esta norma es que sólo mira hacia las zonas urbanas y no atiende la realidad del mundo rural. Cuando en la anterior legislatura el PSOE ya intentó sacarla adelante, el proyecto recibió casi un millar de enmiendas.

Herrero argumenta que no se puede seguir retrasando la aprobación de un nuevo mapa concesional porque hay empresas que están prestando los servicios de estas líneas de transporte en situación precaria. Argumenta que tampoco se pueden eliminar las paradas en los pueblos, porque lo que hace es pasar el problema a las Comunidades Autónomas sin dotarlas de financiación.

Durante una comparecencia en marzo en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para explicar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, dijo que las Comunidades Autónomas dispondrían de 40 millones de euros para financiar la mejora de la movilidad con el nuevo mapa concesional.

El Ministerio pretende zanjar de esa forma el problema de la supresión de las paradas de autobús, cuando en realidad lo que hace es ponerse una venda en los ojos y demostrar que no entiende la realidad del medio rural ni lo que supone el planteamiento que hace de la movilidad sostenible pensando sólo en las grandes ciudades y dejando descolgados a los pueblos.
 

Pérdida de paradas

Herrero comenta que puesto que con ese nuevo mapa concesional anunciado por el Ministerio de Transportes “se van a perder paradas en muchos de los municipios, y el servicio lo van a tener que asumir las Comunidades Autónomas, estas necesitan que el Gobierno por lo menos les ayude a realizar esos servicios, y el problema es que con esos 40 millones anunciados no se llega”.

Tanto en las Cortes Generales como en las de Aragón se han aprobado varias iniciativas parlamentarias para pedir que no se supriman esas paradas, ya que mientras quienes se desplacen entre las grandes ciudades verán reducidos sus tiempos de viaje, a los que lo hagan desde un municipio pequeño se les incrementará tanto la duración como el coste.

Plataformas ciudadanas como el Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras turolenses también están llevando a cabo iniciativas para hacer ver el agravio que esto supone para las zonas rurales, y exigir que el Gobierno dé marcha atrás en sus pretensiones. La opción de hacer paradas a demanda sería una posibilidad que se está planteando, pero desde el Ministerio, de momento, hacen oídos sordos.

El proyecto de ley se sustenta sobre cuatro pilares, el primero de ellos la movilidad como un derecho social, algo que es fundamental en las zonas rurales y los territorios despoblados tal como se incide en el texto legislativo. Además, plantea una movilidad limpia y saludable, un sistema de transporte digital e innovador, así como el compromiso de invertir mejor al servicio de los ciudadanos.

Este último principio es precisamente el que se arguye para justificar la eliminación de las paradas, cuando precisamente entra en contradicción con el primero de los pilares de la ley como es la concepción de la movilidad como un derecho social. El nuevo mapa concesional, que deberá concretrarse una vez aprobada la ley, plantea la eliminación de numerosas paradas en los pueblos porque entiende que mantenerlas va en detrimento de la mejora de esta prestación desde una concepción urbana.

Tal como explicó el secretario de Estado en la Comisión de Transportes, lo que se pretende con los cambios en el mapa concesional es reducir el coste de los billetes más de un 20% y recortar el tiempo de viaje de los trayectos hasta en un 30%.

Lo que plantea el Ministerio es que en aquellos sitios donde se elimine parada, sea el mapa concesional autonómico el que se encargue de llevar a los usuarios hasta las cabeceras donde sí paren las líneas estatales, que son sólo los municipios grandes. Para ello está dispuesto a dar esa subvención y pasar el problema a los gobiernos autonómicos. El problema es que la solución se ha pensado desde un despacho de Madrid y han sido incapaces de ver lo que eso supone para quienes viven en los pueblos, puesto que son ajenos a la realidad.

Hacerlo así como propone el Estado supondrá para el habitante de un pueblo, por el que por delante su casa pasa el autobús de la línea estatal y lo hará de largo si no se evita, que pierda tiempo y dinero. Tendrá que coger otro transporte público de los que son competencia de la Comunidad Autónoma y deberá hacerlo con suficiente antelación para ir por ejemplo a Teruel capital, donde tendrá que coger el autobús de la línea estatal para volver a pasar por delante de su casa rumbo a su destino.

Le costará más tiempo y más dinero, mientras que los habitantes de las grandes ciudades se ahorrarán tiempo y dinero en lo que supone un agravio para el medio rural, además de una forma de desincentivar a la gente a vivir en los pueblos por las dificultades que tiene para la movilidad salvo que se cuente con vehículo propio.

El proyecto de ley dice que es “imprescindible atender las necesidades de las zonas afectadas por procesos de despoblación”, y lo afirma tanto en la exposición de motivos de la ley como en el artículo 4. A ello se suma el compromiso recogido en el texto sobre “la necesidad de impulsar soluciones de movilidad en las zonas rurales o de baja densidad de población como parte de la acción pública necesaria para luchar contra la diferencia de oportunidades que pueden existir en el ámbito rural y como mecanismo fundamental para contribuir a la cohesión territorial”.

Cohesión

Pese a ello, el mapa concesional contempla todo lo contrario, en la línea de lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya manifestó en enero durante su primera comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso para informar al inicio de la legislatura de las líneas de actuación de su cartera. Entonces dejó bien claro, tal como recoge el Diario de Sesiones de la Cámara, que priorizaría la relación “coste-beneficio” en las infraestructuras.

El ministro lo dijo pese a que el leit motiv de su intervención fue la “cohesión territorial”. Con la supresión de paradas se prima el “coste-beneficio”, no los aspectos sociales ni la cohesión territorial. En cualquier caso, sobre este asunto hay discrepancias en el seno del Gobierno, según ha puesto de manifiesto el diputado de Sumar por la CHA, Jorge Pueyo, quien ha manifestado que una medida así entra en “contradicción” con la cohesión del territorio o iniciativas como la que se quiere poner en marcha de España 30 minutos para acercar los servicios a las zonas rurales.

Al diputado del PP, Alberto Herrero, le preocupa que por un lado el Gobierno diga una cosa pero después haga otra. En mayo lo comprobó con motivo de la comparecencia en comisión de la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, a la que reprochó el parón absoluto que sufre la autovía A-68 y le pidió explicaciones sobre las previsiones de los tramos que discurren por la provincia y la conexión con Vinaroz. Serrano no le contestó a su pregunta y habló de la variante de Alcorisa y de los proyectos de Utrillas y Montalbán.

Tras haber finalizado el periodo de sesiones en la Cámara Baja, Herrero asegura que el Gobierno central ha demostrado “que no tiene ningún deber con Aragón ni con Teruel, pero sí con Junts y Esquerra Republicana”.

Considera que va a ser difícil que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez haga avanzar las inversiones en las infraestructuras turolenses de alta capacidad, no sólo la A-68 sino también la A-40 con Cuenca y la A-25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, porque el presidente está “condicionado” a esos dos partidos.

Además, Herrero condena que la alternativa que se quiera imponer ahora en las dos infraestructuras que están pendientes de Estudio Informativo sea una solución de 2 carriles más uno, puesto que se restará posibilidades a la provincia en comparación con otros territorios al no disponer de las mismas opciones de desarrollo.

El parlamentario popular argumenta que no es lícito que todo esté condicionado al aforo que tienen estas vías de comunicación, porque eso es “la pescadilla que se muerde la cola”, y lo que hace falta es que haya infraestructuras para que los territorios se puedan desarrollar. Considera que la conexión rápida con Madrid tiene que tenerla Teruel, pero teme que todo dinero para Cataluña “sea poco”, y que quienes lo paguen sean los territorios despoblados como la provincia.