Un grupo de trabajo analizará el resultado de la aplicación de las ayudas al funcionamiento

La Secretaría General de Reto Demográfico ha constituido un grupo de trabajo para analizar el impacto que tendrá la ampliación de las ayudas de funcionamiento que recibirán las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Así lo anunció en el Congreso el responsable de esta secretaría, Francesc Boya, que compareció para informar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el área de su competencia.

La comparecencia de Boya tuvo lugar el pasado jueves en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en una sesión en la que intervinieron los tres diputados que tiene la provincia de Teruel en la Cámara Baja. El diputado del PSOE, Herminio Sancho, defendió la política de lucha contra la despoblación que está desarrollando el Gobierno central, mientras que los de Teruel Existe y el PP, Tomás Guitarte y Alberto Herrero respectivamente, se mostraron críticos y pidieron hechos, además de incidir en la insuficiencia de las ayudas de funcionamiento por los porcentajes que se piensan aplicar en la cotización por contingencias comunes y no sobre el total de la masa salarial como permite la Comisión Europea.

Boya destacó durante su primer turno de intervención que se había cumplido con el compromiso recogido en la Disposición adicional 123 de los PGE del año en curso, al incidir en aquellos territorios que tienen mayores problemas desde el punto de vista demográfico por tener una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

No obstante, fue en su contestación a los grupos cuando incidió en esta cuestión, ya que tanto el parlamentario de Teruel Existe como el del PP reclamaron un mayor compromiso. Guitarte pidió ir “hacia los máximos que autoriza” la Comisión Europea, porque en caso contrario las cantidades que se contemplan ahora son “insuficientes” para que pueda mejorar la contratación y el mercado de trabajo y “no estarán cumpliendo su finalidad”.

Herrero pidió concreción y cuestionó que con las cantidades previstas vaya a mejorar la competitividad de las empresas, por lo que demandó la aplicación de los “máximos” porcentajes, además de exigir que se incluya a los autónomos porque son más del 95% de los emprendedores que hay en la provincia.

En su turno de contestación a los grupos parlamentarios, Boya manifestó que el Gobierno había asumido el compromiso con esas ayudas “con prudencia y cautela, y con la necesidad de saber que la política fiscal es una herramienta más de lo que en este momento significa la lucha contra la despoblación y en favor de la cohesión territorial”.

Añadió que necesitaban “avanzar paso a paso, ver exactamente los resultados de esa política fiscal, junto con otros elementos clave que tienen que ver también con la capacidad de los territorios de atraer trabajadores”, como disponer de una buena política de vivienda y de servicios. Añadió que había que establecer “equilibrios con los territorios del entorno”, para evitar “agravar, en el  caso de que eso se produjera, determinados desequilibrios que puedan generar algunas disfunciones territoriales”.

El secretario general de Reto Demográfico argumentó que se trataba de una “política valiente, pero sensata” y que era un camino “de largo alcance” que había que “recorrer paso a paso”. Defendió igualmente que se haya puesto el foco en los municipios de menos de mil habitantes por ser donde se quiere “centrar el esfuerzo”.

Insistió en que era algo que el Gobierno asumía “con absoluto convencimiento” y aclaró que aunque los autónomos no entran, sí los trabajadores que están a su cargo. Adelantó que habrá que hacer una primera evaluación de esta iniciativa y dijo que  ya se tenía “un grupo de trabajo constituido para analizar los resultados de esta herramienta fiscal”.

Avances

Durante la comparecencia, Boya destacó los “notables avances” que se están dando en las políticas de lucha contra la despoblación a través de los fondos de la propia secretaría general, cuyo presupuesto para 2023 aumentará un 30% al pasar de 55 a 71 millones, y del Plan de 130 medidas a través de acciones transversales de los distintos ministerios, a las que este año se han destinado más de 4.000 millones y durante el próximo ejercicio se destinarán 4.400 millones.

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, defendió las políticas del Gobierno central frente a las críticas de Teruel Existe y el PP, y recalcó que los presupuestos están diseñados “por y para los más vulnerables”, con especial énfasis en las zonas más castigadas por la despoblación.

Sancho repasó las acciones previstas y las que se están desarrollando en materia de digitalización, acceso a la vivienda, innovación e investigación, además de garantizar los servicios públicos. Sobre las ayudas de funcionamiento dijo que hoy son una “realidad” y reivindicó el liderazgo que para su consecución había tenido el Gobierno de Aragón.

El parlamentario socialista contestó a las intervenciones de Guitarte y Herrero reprochándoles que conociesen poco su provincia. Pidió a Guitarte que no confundiese municipio “pequeño con abandonado” y le advirtió que ninguno estaba en la “indigencia” como había afirmado el diputado de Teruel Existe. Defendió además que conocen sus necesidades y “ni venden ni regalan sus territorios”.

Por otra parte, a Alberto Herrero le dijo que los ayuntamientos no estaban abandonados, sino que eso fue lo que hizo el Gobierno de Rajoy con la Ley Montoro, aprovechándose de sus remanentes para cubrir el déficit y rescatar a los bancos y a los más poderosos.