La ministra Teresa Ribera reitera en el Senado que la transición justa de Andorra será "ejemplo de éxito internacional"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, volvió a insistir este marte en el Senado en que la transición justa de Andorra será un “ejemplo de éxito a nivel internacional”, aunque siguió sin concretar cómo más allá de reiterar que hay “propuestas sumamente interesantes”. Ribera se pronunció así en respuesta a una pregunta de la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, sobre los mecanismos de evaluación del Plan de 130 medidas ante el reto demográfico, y que la parlamentaria aprovechó para interpelar también sobre la situación de Andorra y las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea.

La respuesta de la ministra volvió a dejar en el aire cuándo llegarán las soluciones a la transición justa de Andorra tras el cierre de la térmica, y cuándo se aplicarán las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad demográfica, las conocidas como bonificaciones del 20% de los costes laborales.

Ribera mostró una vez más buena voluntad y aseguró que los asuntos relacionados con Teruel y la España despoblada avanzan, insistiendo en la necesidad de que se impliquen todas las comunidades autónomas en el desarrollo del Plan de 130 medidas, mientras que la senadora de Teruel Existe le reclamó que demuestren ya con “soluciones reales” sus compromisos.

Martín preguntó a la ministra si el Gobierno había definido algún mecanismo de evaluación y control que permitiese conocer el grado de cumplimiento y los efectos de las 130 medidas del reto demográfico para corregir la despoblación.

Respuesta breve

En su respuesta Ribera fue breve y apuntó que junto a los mecanismos de control habituales en cualquier política pública, se había creado la Comisión Delegada del Gobierno y también con las Comunidades Autónomas y los actores locales. Añadió que era imprescindible “reforzar la información” para poder contar con indicadores y mapas que permitan dar seguimiento “no solo a las medidas sino a la eficacia” de las mismas, al reconocer que se partía de la inexistencia  de datos previos.

En su segunda intervención, la senadora Martín indicó a la ministra que el Plan de 130 medidas había sido calificado por los especialistas de “incoherente”, además de haber valorado que faltaba una estrategia real a medio plazo, por más que esté cargado de buenas intenciones “en comparación con las 101 medidas prácticas, reales y realizables presentadas por la España Vaciada en el Congreso el pasado mes de mayo”.

 

La parlamentaria de Teruel Existe reprochó a la vicepresidenta que el Plan de 130 medidas no dijera nada de la exclusión financiera en las zonas rurales, y aprovechó su réplica para recordar que la Guardia Civil tiene cada vez menos efectivos mientras los cuarteles siguen igual de deteriorados, y “por eso cada vez hay más vacantes sin cubrir”.

Aludió también a la desconcentración territorial del Estado, sobre la que el Gobierno ha anunciado que se hará por concurrencia competitiva, pero sin incluir de momento cláusulas que dén prioridad a las zonas despobladas.

“Para nosotros la desconcentración no debe ser una pugna entre ayuntamientos y diputaciones, a lo que parece que apunta su propuesta”, sino que debería ser “una herramienta bien planificada en función de las necesidades y oportunidades de los territorios”. Añadió que también tienen la posibilidad de “desconcentrar con el teletrabajo de los empleados de la Administración” como ha planteado Teruel Existe, a la espera de ver en qué queda ese convenio.

Tomar las riendas

Martín aseguró que debe ser el Gobierno “quien tome las riendas de esta desconcentración, yendo a los lugares que realmente” necesitan la reactivación. Recordó que el 30 de junio harán dos años del cierre de la térmica de Andorra, y pidió llevar a esta comarca “algo en esa desconcentración, porque realmente lo necesita”.

Instó también a la ministra a aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en zonas despobladas autorizadas por la Comisión Europea, puesto que “ya deberían estar aplicadas”, mientras que desde el Gobierno “siguen poniendo excusas para alargar su implantación”. Requirió por último a la ministra que “demuestran de verdad que esto es un plan pensado realmente en dar soluciones tangibles y reales al grave problema de desequilibrio territorial que tiene este país”.

La vicepresidenta contestó que buena parte de las propuestas que hizo la España Vaciada estaban recogidas en el Plan de 130 medidas aprobadas por el Gobierno, que aseguró que eran “medidas de choque” y que el Ejecutivo era consciente de que “eso no es suficiente”. Aseguró que era “imprescindible la implicación de todas las comunidades autónomas, del mismo modo que es imprescindible contar de abajo arriba con la opinión de todos los habitantes en cada uno de los territorios que se ve afectado por la despoblación”.

Sobre el control de las medidas insistió en que la Comisión Delegada y del grupo de trabajo con las comunidades autónomas permitía hacer un seguimiento de todas las iniciativas que se impulsan desde los distintos departamentos ministeriales. Explicó, como ya anunció el Consejo de Ministros la semana pasada, que se han iniciado en más de un 82% y con una transferencia de recursos de más de 3.000 millones a las comunidades autónomas.

Medidas sectoriales

La vicepresidenta reconoció que había que completarlo con otras cosas, no solo para el plan sino “para lo que venga detrás”, porque aseguró que debe “reforzarse esta perspectiva en cada una de las medidas sectoriales que se impulsen”, pero también instó a las comunidades autónomas a implicarse.

Respecto a la transición justa insistió en que “Andorra va a ser un ejemplo de éxito a nivel internacional”, puesto que se han recibido propuestas “sumamente interesantes” y “hay una implicación con todos los actores del territorio”, además de una motivación “especial para que esto acabe bien en esta segunda etapa de búsqueda de alternativas para el territorio”.

Sobre las ayudas al funcionamiento, recordó la disposición adicional de los PGE y el compromiso de impulsar otras medidas a través del teletrabajo y la conectividad, para que el personal público del Estado y de las Comunidades Autónomas “pueda trabajar y vivir en los pequeños pueblos” y se pueda “facilitar la creación” de empleo” en provincias que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.