La vivienda y la movilidad se erigen como políticas fundamentales para luchar contra la despoblación

Las políticas de lucha contra la despoblación han seguido estando en el centro del debate parlamentario y de las acciones de gobierno durante el año que finaliza ahora. La vivienda y la movilidad se han convertido en dos herramientas consideradas clave para hacer frente al reto demográfico y asentar habitantes en las zonas rurales. Desde el Gobierno de Aragón se ha trabajado en esa línea a través del Fondo de Cohesión Territorial, que incrementó de forma considerable aunque dejó a mitad su ejecución por dificultades de gestión; y la puesta en marcha del mapa concesional de transporte de viajeros, heredado del anterior cuatripartito. Por parte del Estado, el Ejecutivo central no avanzó con las ayudas al funcionamiento, que siguen en su mínima aplicación, y tampoco lo hizo con el Plan España 30 para acercar los servicios a los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan.

Varios informes pusieron una vez más de manifiesto a lo largo del ejercicio que queda mucho trabajo por hacer en materia de reto demográfico, a la vez que la necesidad de poner en marcha ya políticas en lugar de seguir haciendo estudios. La creación de un centro de estudios demográficos en Teruel, que pretendía seguir en esa línea, se dio al traste tras la marcha de Vox de la DGA al romper el gobierno de coalición con el PP, mientras que el congreso internacional que iba a celebrarse en Alcañiz sobre este asunto también se dio al traste aunque la intención es hacerlo el próximo año.

Las ayudas al funcionamiento de las empresas, autorizadas por la Comisión Europea, ha sido otra de las cuestiones que ha estado en jaque y volverá a estarlo durante 2025, pendiente de saber si finalmente los Presupuestos Generales del Estado contemplan un incremento o si por el contrario se sigue manteniendo apenas ese 1% de bonificación de los costes laborales frente al máximo del 20% que autorizó Europa.

Sobre esta cuestión hay estudios académicos que lo consideran una buena medida para hacer frente al problema, mientras que otros opinan que falta todavía conocimiento científico para corroborar su eficacia. En un estudio encargado por las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, las tres provincias beneficiadas por esta medida, se constató que muchos empresarios desconocían su existencia a pesar de que se les estaban aplicando las bonificaciones de forma automática.

El informe, presentado a mitad de ejercicio con los resultados del primer año de aplicación de esta medida, llegó a la conclusión de que el efecto que estaban teniendo era muy limitado. Dirigido por el doctor en Economía José Antonio Herce, el trabajo argumenta que esta medida, de aplicarse en su máxima intensidad, podría capitalizar a las empresas para que fuesen más competitivas, generando mayor valor añadido, mejorando los sueldos y atrayendo talento.

Las organizaciones empresariales, agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), no dejaron de insistir durante todo el ejercicio en la necesidad de su incremento, mientras que la respuesta por parte del Gobierno central es que debe esperarse un tiempo para ver su impacto.

En enero, durante una comparecencia en el Congreso, la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dijo que las políticas contra la despoblación implementadas por el Estado habían permitido que cerca de 300.000 personas se instalasen en pueblos pequeños en todo el país. En otra intervención en el Senado en abril, en esta ocasión a requerimiento de la senadora del PP por Teruel, Emma Buj, Ribera pidió que las comunidades autónomas también se comprometiesen con la financiación de estas ayudas.

La entonces ministra dijo esto después de que comunicara al presidente aragonés, Jorge Azcón, ante la reclamación de estas ayudas, que su intención era hacer un estudio sobre los efectos que estaban teniendo.

Incremento

Desde el Gobierno de Aragón no ha dejado de pedirse ese incremento a la Administración central tanto por parte de su presidente como del resto de miembros del gabinete cada vez que han tenido la posibilidad de hacerlo ante representantes del Ejecutivo central.

La polémica por este asunto estalló de lleno cuando la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparó las ayudas que reciben estos tres territorios con la financiación singular para Cataluña.

En su balance de final de año, la SSPA incidió en esta reivindicación tras haber dado pasos para intentar convencer al Gobierno de que las amplíe, como pidió en la reunión que mantuvo con la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, en el mes de mayo.

En ese encuentro, la ministra se mostró abierta a perfeccionar y mejorar las ayudas mediante una valoración y habló de “resultados tangibles” tal como se están aplicando. Lo que no se ha resuelto en todo el año ha sido la recuperación de la tarifa reducida para los autónomos, después de que desapareciera al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado.

En octubre, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró que estas ayudas habían supuesto un ahorro de 54 millones de euros para los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel, y argumentó que “el despliegue de estas ayudas ha permitido una mayor creación de empleo y una mayor capacidad de consolidación del empleo existente”.

Otro de los asuntos que anunció el Gobierno central con el inicio de la legislatura y que debería haberse empezado a desarrollar, pero no se ha avanzado, es el Plan España 30, para que todos los municipios tengan acceso a todo tipo de servicios a menos de media hora de sus lugares de residencia.

Figura en el acuerdo de gobierno con Sumar, si bien las comunidades autónomas han mostrado su inquietud por que el Estado pretenda desviar hacia las autonomías los costes que se deriven de esa política, al igual que sucede con el nuevo mapa concesional del transporte estatal recogido en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación en las Cortes Generales se le ha atragantado al Gobierno desde la pasada legislatura.

Mecanismo rural

Esta ley, con el mapa concesional, va en contra del mecanismo rural de garantía que está obligado a aplicar el Ejecutivo en las leyes de nueva aprobación, por la eliminación de paradas de bus en los pueblos pequeños, que son los que más riesgo de despoblación tienen. En el caso de la provincia, son 54 los pueblos que se quedarán sin parada.

La medida favorece a las grandes ciudades en detrimento de las zonas rurales despobladas, a pesar de que el Gobierno central va a impulsar el llamado Plan 30 minutos, para lo cual será necesario que los pueblos tengan facilidad de la movilidad mediante el transporte público para poder acceder a los servicios.

La exministra Teresa Ribera lo explicó a principios de año en el Congreso al señalar que el reto de este plan será “asegurar la presencia de los servicios básicos a una distancia no mayor de 30 minutos del lugar de residencia de cada uno”. Argumentó que habrá que escuchar a muchos actores para garantizar la prestación de servicios y el acceso a ellos.

Es uno de los asuntos pendientes de desarrollar por la Administración central. En octubre, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dio a entender en el Senado que esta iniciativa, denominada Plan 30 minutos, dará continuidad de alguna manera al Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, en el que se han destinado 13.000 millones de euros, la mayoría de ellos fondos de recuperación, para municipios de menos de 5.000 habitantes.

Este plan, según explicó Morán, necesita de una “identificación y clarificación conceptual de las áreas funcionales del territorio, así como una concreción de actuaciones con las comunidades autónomas”. En Aragón, el Parlamento ya acordó una iniciativa para instar a que se empiece a trabajar sobre esta cuestión de cara a ver las necesidades presupuestarias que eso supondrá.
 

Definir competencias

El Estado dio luz verde a la puesta en marcha de esta iniciativa en la decimocuarta comisión sectorial celebrada a mediados de año con la creación de los grupos de trabajo. En octubre, cuando compareció Morán, se estaba a la espera de que estos grupos se activasen para empezar a trabajar en la identificación con “claridad” de las competencias de cada una de las administraciones.

En Aragón, las políticas de lucha contra la despoblación estuvieron marcadas por dos periodos, ya que durante la primera mitad del ejercicio este área competencial estuvo en manos de la vicepresidencia primera del Ejecutivo hasta que Vox salió del gobierno.

Tras la marcha del director general de Despoblación con Vox, Juan Manuel Hernández, le sucedió Alberto Casañal al empezar a gobernar en solitario el PP, que fue quien terminó de activar las convocatorias de las distintas líneas del Fondo de Cohesión Territorial para la lucha contra la despoblación.

Finalmente solo se han podido activar seis líneas, cuando se planificaron una veintena, y aunque Casañal confiaba en poder recuperar de alguna manera el resto de dinero, el consejero de Fomento, Octavio López, en el que recaen ahora las competencias de cohesión territorial, dio por hecho en el último pleno de las Cortes que ese dinero no ejecutado al no convocarse las ayudas se perdía definitivamente para este fin.

Las convocatorias del Fondo de Cohesión que han salido adelante suponen unos 7 millones de euros para actividades culturales a entidades sin ánimo de lucro, eficiencia energética, sistemas de videovigilancia, multiservicios rurales, derribos de inmuebles y rehabilitación de vivienda.

Este último asunto ha sido una de las apuestas del Ejecutivo aragonés para luchar contra la despoblación, ya que uno de los problemas detectados es la carencia de alojamientos en el medio rural, con lo cual resulta imposible asentar nuevos habitantes.

La creación de vivienda en las zonas rurales se venía acometiendo a través de una de las líneas del Fondo de Cohesión, pero a partir de este año se ha incluido también en los distintos planes de vivienda impulsados por el Ejecutivo, además de ser uno de los ejes estratégicos del proyecto de ley presentado el pasado viernes por Octavio López, entre cuyos objetivos está atender a la cohesión territorial desde la política de vivienda, según manifestó el consejero.

El viernes pasado el Boletín Oficial de Aragón publicó las primeras adjudicaciones millonarias para el desarrollo de estos planes de vivienda, en concreto 10 millones para rehabilitar 184 viviendas en 73 municipios aragoneses; 6,2 para adecuar viviendas destinadas al alquiler en 140 entidades locales, y ayudas para derribos en otras 104.

La importancia de la vivienda como una de las estrategias fundamentales en la lucha contra la despoblación, puesto que sin alojamientos no hay posibilidad de llegada de nuevos pobladores, fue abordado en un estudio presentado a principios de año por el Centro de Innovación Territorial de Teruel, entidad que opera a través de un convenio entre el Miteco y la DPT, institución que viene impulsando diferentes programas para hacer frente al reto demográfico. Además, fue una de las conclusiones del encuentro de la red de centros de innovación de todo el Estado que se celebró en Albarracín en noviembre.

El Ejecutivo aragonés quiere hacer de la vivienda uno de sus ejes centrales en la lucha contra la despoblación, como ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones su presidente, Jorge Azcón. La última vez fue en noviembre en un pleno de las Cortes de Aragón, donde tanto el presidente como el consejero de Fomento argumentaron que ha habido un cambio en las políticas de despoblación, frente a las críticas de la oposición.

Políticas de la DGA

Movilidad, vivienda, servicios públicos y generación de empleo a través del impulso empresarial y el emprendimiento son las políticas que el Ejecutivo de Azcón argumenta que está aplicando para combatir la despoblación, con especial apoyo a Teruel con fondos como el Fite y el Fondo de Transición Justa. El consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, anunció además que la ampliación que se ha conseguido para el Fite a partir del próximo año se quiere destinar al sector empresarial que genere empleo.

Frente a la defensa de estas políticas por parte del Ejecutivo, la oposición ha cuestionado que se esté actuando realmente para combatir la despoblación y ha exigido ver hechos. Así lo han pedido tanto Teruel Existe, que critica la centralización del Gobierno de Azcón y el uso de la provincia como territorio de sacrificio; como el PSOE, que ha denunciado que se dejen perder más de 7 millones no ejecutados del Fondo de Cohesión para combatir la despoblación y que no se hayan puesto en marcha muchas de las inversiones en esta materia que se metieron en los Presupuestos de Aragón.

Hacer más porque ya está todo estudiado

Dentro de los informes que anualmente elaboran fundaciones, organismos y distintas instituciones públicas, los dedicados a la despoblación han terminado por convertirse en todo un subgénero, si bien este año han aparecido dos que son contundentes a la vez que clarificadores. Uno lo emitió la Cámara de Cuentas de Aragón, como órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, y otro el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un organismo público de la Administración central adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En ambos casos han contado con la participación de catedráticos e investigadores universitarios, lo que los dota de un rigor académico despolitizado.

El del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, denominado Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, al que no se dio publicidad, reclama un plan de acción real coordinado con el territorio y pasar de las declaraciones de intención a los hechos. Defiende cuestiones como la construcción de infraestructuras o el desarrollo de las ayudas al funcionamiento como políticas efectivas.

El informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, sobre la Directriz especial de Política Demográfica, supuso también un tirón de orejas a los políticos por entender que está llena de vaguedades e imprecisiones, y que lo que debería hacer es concretar acciones y marcar prioridades para ser efectiva.