Sin inversiones importantes y sostenidas en el tiempo no hay nada que hacer contra la despoblación

Por más que el discurso político diga una cosa con independencia de que quien lo formule esté gobernando o se encuentre en la oposición, los expertos consideran que sin inversiones sostenidas y aplicadas de forma constante en el tiempo, es imposible luchar contra la despoblación. Todo aquello que se ha dejado de invertir en unos territorios, a favor de otros que son los que han crecido, es lo que provoca esa gran brecha de la falta de cohesión territorial.

El Libro Blanco contra la Despoblación en España, que ha elaborado un organismo dependiente del Gobierno central, incide en ello, aunque luego las políticas públicas atienden al territorio en función del peso político que tienen en las Cortes Generales. Es lo que dificulta la salida a un problema cuya dimensión sigue infravalorándose en lugar de atender al principio básico de la cohesión territorial que establece la Constitución, y que requiere por tanto de un Pacto de Estado ante un problema que muchos han convertido en ariete político y otros ignoran desde sus posiciones de fuerza en el Parlamento. Las políticas europeas son claves y sus fondos de cohesión fundamentales, aunque no siempre se facilitan las cosas para que esos mecanismos contribuyan a revertir esa situación.

Cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica o la dotación de suficientes fondos para romper los desequilibrios territoriales, así como el aprovechamiento de todo aquello que autorice Europa para hacer más competitivos los territorios más despoblados, son fundamentales para cambiar el estado actual, y en ello los fondos europeos deben desarrollar un papel eficaz.

Cuestiones varias

Estas son algunas de las cuestiones que abordan los expertos en el informe Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, un trabajo realizado por una veintena de especialistas, en su mayoría catedráticos universitarios.

Acometido por el Centro de Estudios Políticas y Constitucionales, organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, su elaboración se enfocó como el Libro Blanco contra la Despoblación que requiere el país para poder acometer las reformas necesarias de cara a implementar un nuevo modelo de cohesión territorial que vaya rompiendo poco a poco, pero de forma contundente, la brecha que sufren los territorios menos desarrollados, que en consecuencia son los más despoblados; un fenómeno que a su vez provoca más desigualdades y acaba abocando a los mismos a su irremediable desaparición.

Este informe ha sido confeccionado por un grupo de expertos que han focalizado su análisis en cada una de sus especialidades desde una perspectiva pluridisciplinar, formulando propuestas sobre despoblación, cohesión territorial y el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía en términos de igualdad.

El trabajo elaborado durante varios meses en el seno del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales surgió a raíz de una propuesta de la entonces agrupación de electores de Teruel Existe en el Congreso, y se divide en varios bloques por apartados que abordan diferentes expertos.

Uno de esos bloques se centra en la Despoblación y Fondos Europeos, del que es autor Serafín Pazos Vidal, politólogo y experto en desarrollo rural y territorial, que también participa en otro apartado centrado en la importancia del mecanismo rural de garantía. En el caso de los fondos europeos, aborda de qué manera el tema de la despoblación ha sido recogido por las políticas de cohesión europea, cada vez más presentes en lo teórico, y cómo ha sido su interpretación desde España. Analiza también el tema de la despoblación y del reto demográfico en el Acuerdo de Asociación España-Unión Europea (2021-2027) y en los programas autonómicos y pluriregionales.

En su análisis, uno de los más extensos que recoge el informe, llega a la conclusión de que en la práctica los resultados de las políticas de cohesión están siendo bastante limitados tras analizar cómo el tratamiento de la despoblación es tenido en cuenta por los programas Feder 2021-2027.

Enorme expectativa

Asegura que dada la “enorme expectativa” que generó durante la última década este asunto, así como la circunstancia de que desde un principio se tomó en consideración tanto por parte de las instituciones como de los agentes sociales el uso de los Fondos Estructurales como mecanismos para abordar “nuevas soluciones a este problema”, desplegándose para ello toda una serie de campañas así como la modificación de las propias normas europeas, “el resultado es bastante mitigado”.

El experto argumenta que en la mayoría de los casos se trata de iniciativas específicas contra la despoblación “que están centradas en el desarrollo local y son de carácter piloto”. Sobre el resto de programas dice que lamentablemente las políticas relativas a la despoblación se consideran como transversales y se prioriza por tanto la concurrencia competitiva cuando se estima necesario.

Por ese motivo Pazos sostiene que “rara vez” los programas avanzan más allá de esa consideración, lo que conlleva una interpretación “extremadamente limitada” de los principios de programación, concentración y asociación establecidos en los reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo (FEIE) y el Reglamento de Disposiciones Comunes de los mismos en muchos programas autonómicos. Eso supone que incluso en muchos de los territorios “con mayores problemas, no se aborda o responde directamente”.

Movilización social

Añade que pese a haber existido tanta movilización social y política sobre el tema de la despoblación, los programas españoles FEDER tienen un contenido específico sobre la despoblación muy reducido debido a los propios vicios de la política de cohesión.

Incluso tras las últimas simplificaciones, el autor sostiene que las políticas de cohesión tienen “toda una serie de inercias institucionales y hábitos adquiridos, así como una significativa rigidez respecto a la formulación de políticas e iniciativas innovadoras y de rápida ejecución”.

Eso al final lo que hace es restar eficacia y eso, según el experto se debe  en buena medida a que quienes se encargan de redactar los programas son las autoridades de gestión, es decir, los departamentos de Hacienda tanto a nivel del Estado central como de las Autonomías con toda la rigidez que emana de los mismos.

“Prima por lo tanto un criterio prudencial, centrado en la absorción, y para ello es mejor programas continuistas que luego podrán ser evaluables y los fondos reembolsados por la UE”, afirma Pazos. De esa forma lo que sucede por un lado es que la Comisión Europea “anima a las iniciativas innovadoras, pero luego exige a la hora  de la ejecución y evaluación regularidad” como factor previo a efectuar los reembolsos.

Es por tanto paradójico que la propia simplificación de los Reglamentos de los Fondos que ha hecho la CE para el periodo 2021-2027 en definitiva lo que están favoreciendo es una “menor concreción de los programas”.

El experto abunda además en que no se está haciendo uso de los nuevos instrumentos y políticas que está desarrollando la Unión Europea, como es la reciente Visión a largo plazo de las zonas rurales, o de un recurso que viene de tiempo atrás como son las Inversiones Territoriales Integradas (ITI). Y de igual forma de las prescripciones que se han hecho sobre el desarrollo local participativo “e incluso la propia definición de despoblación que se generó desde España y ahora figura en el reglamento FEDER”.

De hecho, Pazos argumenta que esa visión de lo rural “no se aborda o responde directamente”  en los requerimientos que figuran en las plantillas enviadas por la Comisión para aplicar los artículos relativos a la despoblación de los reglamentos FEDER y RDC.

Multisectorial

El experto señala que aparte de que las administraciones buscan evitar riesgos en la gestión de fondos, hay que tener en cuenta que “el problema de la despoblación, por su carácter multisectorial, es un desafío para el que existen muy pocos ejemplos concluyentes de políticas públicas exitosas”

Tanto es así que la despoblación no es un problema de ahora sino de décadas, pese a lo cual muchos son los territorios que no han empezado a definir sus estrategias hasta ahora. De ahí que ante esa incertidumbre resulte “lógico”, desde una perspectiva “prudencial” en la gestión de fondos públicos, “no dedicar de antemano una excesiva cantidad de fondos en los programas, esperando que a lo largo del proceso vayan surgiendo iniciativas innovadoras” que puedan ser financiadas por los mismos.

Apunta por otra parte que el exceso de fondos está teniendo un carácter desincentivador por las limitadas capacidades de gestión que se tienen y que no alientan “propuestas excesivamente originales”.