El mecanismo rural de garantía debe aplicarse con la participación de las comunidades afectadas

La cogobernanza es fundamental para aplicar el mecanismo rural de garantía que contempla ya la legislación española, y también la de algunas comunidades autónomas como Aragón, aunque está pendiente de ponerse en práctica. Así lo consideran los expertos que han elaborado el Libro Blanco de la despoblación en España a partir de un grupo de trabajo creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales dependiente del Ministerio de la Presidencia, titulado Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos. Los expertos plantean la necesidad de impulsar el Foro para las políticas de cohesión territorial, o una figura similar, que se puso en  funcionamiento en 2021 pero que está inactivo desde entonces después de haberse celebrado solo dos reuniones.

El mecanismo rural de garantía es una herramienta que tienen los gobiernos para tener en cuenta a las zonas rurales cuando legislan e impulsan nuevas políticas, además de revisar las existentes. De uso tradicional en los países anglosajones desde finales del siglo pasado, y recomendado en los últimos años por la Unión Europea, esta herramienta está incorporada a la legislación española a través de la Ley 27/2022 de 20 de diciembre, de Institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

La disposición adicional sexta de dicha ley hace referencia explícita al “mecanismo rural de garantía” con los siguientes objetivos: incorporar la evaluación de los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas, y elaborar una metodología de evaluación específica que tenga en cuenta “los principios, recomendaciones y herramientas propuestas por la Unión Europea en este ámbito”.

Participación

Añade que deberá asegurar “la participación de los actores interesados en su diseño y aplicación”, si bien los expertos observan que está pendiente de determinar cómo se concreta la metodología para hacer esa evaluación específica, y sobre esa cuestión hacen su aportación en el documento elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En sus conclusiones, los autores, en su mayoría catedráticos universitarios de diferentes ámbitos vinculados a la ordenación del territorio, consideran que la efectividad del mecanismo rural de garantía va a depender de que en verdad haya una auténtica “gobernanza territorial participativa” que permita hacer valer “la inteligencia de los territorios”.

Una participación, advierten, que implica a “todos los niveles”, tanto políticos como administrativos, con la intención de “mejorar la representatividad de todos los territorios” a la hora de valorar las políticas que se ponen en práctica para que tengan en cuenta al medio rural.

Instan a que se potencien los tradicionales instrumentos de participación pública y administrativa y a que se pongan en marcha nuevos mecanismos de gobernanza innovadora mediante la creación de redes, la cogobernanza, la cocreación de políticas, u otras fórmulas.

En esa línea plantean la institucionalización del Foro Rural para la participación de la ciudadanía y de las comunidades locales de áreas despobladas y del medio rural, que a su juicio “podría desempeñar el papel para la necesaria participación públicas de las comunidades rurales afectadas por los problemas del reto demográfico y el despoblamiento rural”.

Autores del trabajo

Los expertos que han desarrollado este apartado del informe Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos son Francisco Javier Sanz Larruga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña; Silvia Soriano Moreno, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Joaquín Herrero Lorente, geógrafo y experto en política territorial; y Serafín Pazos Vidal, politólogo y experto en desarrollo rural y territorial. El apartado del informe en el que han abordado esta cuestión se titula El rural proofing o mecanismo rural de garantía como instrumento de dinamización de las áreas rurales.

El rural proofing puede definirse, según la Red Europea para el Desarrollo Rural, como “un proceso sistemático para examinar las posibles repercusiones de las políticas, programas e iniciativas en las zonas rurales debido a sus circunstancias o necesidades”, bien por tratarse de poblaciones dispersas o contar con redes de infraestructura más deficientes.

Dicho de forma sencilla, que quienes tienen responsabilidades políticas “piensen en lo rural”  cada vez que toman decisiones sobre el territorio y diseñan políticas que afectan al mismo “con el fin de evitar resultados negativos para las zonas y comunidades rurales”.

El Hueco, la experiencia que se desarrolla en Soria como espacio de emprendimiento en los territorios rurales ya planteó en 2021 la necesidad de desarrollar esta herramienta a través del documento Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia. Creó un grupo de trabajo compuesto por 50 mujeres y 50 hombres con la intención de elaborar un mecanismo para revisar la legislación y las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural; al igual que hizo ese mismo año la Red Española de Desarrollo Rural sobre el rural proofing.

De lo que se trata con este mecanismo, según se detalla en el informe, es garantizar que las comunidades rurales sean tenidas en cuenta y se les escuche no solo para cualquier política que tenga que ver con ellas, sino que se tenga en cuenta de qué forma pueden repercutir en el territorio otras leyes.

Análisis

En el análisis hecho por los expertos del grupo de trabajo sobre despoblación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se fijan en un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre evaluación del impacto demográfico en la elaboración de normas, que considera el rural proofing como una “herramienta esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales de España y garantizar los derechos de toda la ciudadanía con independencia del lugar en el que residan”.

Sea cual sea el tipo de mecanismo que se utilice para evaluar esas políticas públicas, los autores sostienen que ante todo tiene que ser “clara” y “adecuarse a cada zona rural que presenta peculiaridades propias”. Es decir, no vale el todo por el todo y la zonificación es importante. De hecho es lo que está ocurriendo actualmente con el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, que toma el referente de los municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando la situación es muy distinta y requiere de soluciones más contundentes en municipios pequeños como los de la provincia de Teruel, que en muchos casos no llegan ni a los cien habitantes.

Una vez identificada la metodología adecuada para cada caso, los expertos advierten de que “es preciso dotar de suficientes medios materiales y de personal especializado que esté capacitado para desarrollar su labor con conocimiento y eficacia”.

Apuntan por otra parte que en el desarrollo de las metodologías “es fundamental proveer mecanismos de seguimiento y, en particular, indicadores de cumplimiento”, lo que no está sucediendo en estos momentos.

Cogobernanza

Del mismo modo, los integrantes del grupo de trabajo argumentan que “es necesario promover la coordinación y cogobernanza entre las entidades públicas estatales y autonómicas que desarrollan actividades de evaluación y control de las políticas públicas y, particularmente, en lo que se refiere al desarrollo rural y las actividades relacionadas con el reto demográfico”.

Sobre el órgano que podría liderar la aplicación del rural proofing los expertos señalan varias posibilidades, entre ellas algunas figuras ya existentes en la legislación pero a las que se ha hecho caso omiso, como el Consejo para el Medio Rural, previsto en la Ley 45/2007 de Desarrollo rural sostenible; así como aprovechar infraestructuras organizativas ya existentes como la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la propia Comisión Sectorial del Reto Demográfico. En el ámbito legislativo proponen la creación de una Comisión mixta Congreso Senado para el seguimiento del mecanismo rural de garantía.

Valoran sobre esta cuestión los expertos que han elaborado el informe que es “interesante” aprovechar la corta experiencia del Foro para la Cohesión Territorial promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creado en 2021 pero que solo se ha reunido en dos ocasiones durante ese mismo año, en abril y en julio.

Los catedráticos apuestan por revitalizar ese foro y proponen denominarlo Foro rural para la participación de la ciudadanía y de las comunidades locales de áreas despobladas y del medio rural. Sugieren que dependa del Senado, por ser la cámara territorial y proponen dos canales de participación: una línea abierta con página web y redes sociales centrada en análisis de temas concretos y espacios de diálogo y debate con informes periódicos que permita conocer la opinión de las comunidades locales sobre esta problemática; y una reunión presencial con representantes de entidades locales y organizaciones sociales del ámbito territorial afectado por la despoblación.

Respecto a su composición, sugieren que una quinta parte sean residentes en las comarcas despobladas, otro tanto por ciento agentes y organizaciones sociales de ese ámbito territorial. Además, un 20% correspondería, según esta propuesta, a representantes de universidades, y un 40% a los ayuntamientos de municipios poco poblados. En definitiva, dar la voz a quienes conocen el territorio y el mundo académico frente al peso político.