Las diputaciones provinciales son los entes más idóneos para luchar contra la despoblación

Los expertos que han elaborado el Libro Blanco contra la Despoblación en España consideran que las diputaciones provinciales son las entidades públicas más idóneas para luchar contra la despoblación, y que debería potenciarse su experiencia y dotarlas de más recursos por la capacidad de actuación que tienen en el territorio.

Así lo valora el informe Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, elaborado por un equipo de catedráticos universitarios y otros expertos para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Este documento, elaborado entre julio de 2022 y marzo de 2023, a raíz de una propuesta que hizo el diputado de Teruel Existe en el Congreso durante la pasada legislatura, Tomás Guitarte, al presidente del CIS, José Luis Tezanos, analiza en una decena de apartados la situación de la despoblación y la cohesión territorial, y dedica uno de ellos de forma específica a los gobiernos locales y su misión en la lucha contra la despoblación.

Esa parte del informe ha sido elaborada por Eloísa Carbonell Porras, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y en la misma se abordan los problemas que tienen las entidades locales a nivel territorial.

Conclusiones

En sus conclusiones, la autora indica que las diputaciones provinciales, como instituciones encargadas de asistir a los municipios más pequeños y garantizar sus servicios obligatorios, “son las entidades idóneas para luchar contra la despoblación, los problemas del medio rural y contribuir a una adecuada prestación de servicios a sus habitantes, en estrecha relación con las Administraciones responsables de la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, el transporte” u otros.

La experta argumenta que cuentan con los medios y experiencias para ello. De hecho, desde el Reto Demográfico ha sido con estas instituciones locales con las que se han puesto en marcha los Centros de Innovación Territorial, como ha sucedido en la provincia de Teruel, para impulsar políticas de dinamización territorial.

Eloísa Carbonell considera en su trabajo que “son razones esencialmente políticas las que explicarían el persistente desconocimiento, si no rechazo, a recurrir a las diputaciones y potenciar su experiencia y capacidad en el efectivo desarrollo de las políticas autonómicas”.

Añade que “el recurrente argumento de falta de legitimación democrática que se imputa al régimen de elección indirecta de los diputados provinciales” no justificaría ese rechazo, al igual que pasa con los miembros de los consejos comarcales, que tampoco son elegidos directamente.

Ante las dificultades que presentan los pequeños municipios rurales por los problemas de gestión que tienen ante su escasa población, la autora incide en que las entidades supramunicipales, desde las comarcas y principalmente las diputaciones provinciales, deberían asumir un papel fundamental en las políticas del reto demográfico.

Considera la experta que respecto a la aplicación de políticas de lucha contra la despoblación, debería adoptarse un “criterio común” sobre qué hay que entender por ruralidad. Y en este sentido pone de manifiesto que lo establecido por la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural “ni siquiera es seguido por el propio Estado”.

También se pronuncia la catedrática sobre el régimen jurídico de los municipios más pequeños y con problemas de gestión, sobre los que se lleva tiempo trabajando desde la Administración central en un estatuto especial sin que de momento haya visto la luz ni parezca que ese alumbramiento vaya a ser inminente.

Legislación

Carbonell argumenta que sin lugar a dudas la situación de los pequeños municipios puede ser mejorada, “pero quizás lo primero sería explorar las soluciones que contempla la legislación actual que no han sido objeto de un adecuado desarrollo e implementación”.

La autora no niega que esas reformas sean necesarias, si bien observa que “las previsiones normativas requieren su efectiva implantación que permita comprobar si se soluciona o no el problema”. Considera que la realidad “no cambia con una simple declaración en un artículo de una ley”.

La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén considera en cualquier caso que en los últimos años el tema de la despoblación ha pasado a un primer plano político, y que con ello “la preocupación por los municipios pequeños podría también traducirse en una mejora de su régimen jurídico actual, con la efectiva aplicación de las soluciones actualmente previstas en la legislación, y la reforma de aquellas cuestiones que así lo demanden”.