Las instituciones locales deberían estar en el centro de las políticas contra la despoblación

Combatir la despoblación sin que en el centro de las políticas públicas para hacerlo estén las instituciones locales es como dar palos de ciego. Son los entes que padecen el problema y que lo conocen mejor que nadie, así como las necesidades para intentar revertirlo. En cambio, han tendido a ser los grandes olvidados. El Libro Blanco contra la Despoblación en España entiende que han de ser los principales protagonistas para el desarrollo de políticas que permitan un nuevo reequilibrio territorial. En cambio, constata que la escasa capacidad que tienen se debe a sus débiles competencias y la falta de financiación.

Esta cuestión es abordada en uno de los capítulos del informe Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) adscrito al Ministerio de Presidencia, en el que han participado una veintena de especialistas, en su mayoría catedráticos universitarios de diferentes ámbitos que van desde la Geografía a la Economía y el Derecho.

En el trabajo en cuestión, titulado Distribución de competencias y reto demográfico: algunas cuestiones generales, su autor, Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza tanto los rasgos generales del sistema español de descentralización, como aquellas competencias específicas que pueden tener una mayor incidencia en el reto demográfico.

Atribución competencial

De la Quadra-Salcedo incide en la atribución competencial de los entes locales, que considera “importantes protagonistas en el desarrollo de políticas públicas en relación con la despoblación”.

El catedrático sostiene, a partir de una argumentación muy técnica apoyada en jurisprudencia, que correspondería al Estado y a las comunidades autónomas regular y atribuir las competencias de los entes locales en el marco de sus atribuciones. Y en ese sentido señala que cuando se ha pronunciado sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional, ha puesto de manifiesto que las leyes sectoriales “deben ponderar los intereses locales y supralocales involucrados”, asegurando de esa manera “que los municipios tengan competencias propias en ámbitos de interés exclusiva o prevalentemente municipal”.

Además, la jurisprudencia señala que en general, las entidades locales deberían tener “una capacidad de intervención en los asuntos que les afectan tanto más relevante y decisiva cuanto mayor sea el saldo favorable a los intereses municipales”. En definitiva, que se tenga en cuenta a las administraciones locales, como entidades más cercanas al ciudadano y próximas a problemas como la despoblación.

A lo largo del Libro Blanco contra la Despoblación, más allá del análisis más técnico que hace Tomás de la Quadra-Salcedo, el informe en sus distintos capítulos incide en que “la escasa capacidad local” para abordar una parte de los problemas que atenazan al territorio “radica en sus débiles competencias y financiación”.

Falta de reconocimiento

Ello es consecuencia, según los expertos, “de la falta de un reconocimiento político o del papel subsidiario con el que se han considerado las instituciones  políticas locales”, no solo la administración municipal sino también las juntas locales, los concejos y en general las entidades menores.

La escasez de capital humano influye además en su gobernanza a la hora de la participación por la dificultad de impulsar proyectos comunes, además por algo común en el territorio, según destacan los expertos, como son los “enquistamientos ideológicos” o los “liderazgos con frecuencia débiles”, así como la persistencia del “conformismo”.

Eso ha dificultado el desarrollo de iniciativas endógenas desde el territorio, si bien la excepción han sido los sistema locales territoriales relacionados con los Grupos de Acción Local (GAL) vinculados al programa Leader y “al despertar de algunas localidades tanto rurales como de pequeñas ciudades”.

Sin capacidad

Una cuestión en la que inciden mucho los autores del trabajo es que los pequeños municipios “carecen de capacidad para impulsar y gestionar proyectos, para determinar redes eficaces y por ello acceder a fondos que podrían resolver parte de sus problemas y que con frecuencia se pierden”.

Es lo que está pasando con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y eso, según los expertos, lo que hace es configurar un “círculo cerrado”, puesto que si la población no se implica se debe a la falta de unas “estructuras serias”.

Eso es esencial para abordar cambios, puesto que en caso contrario las carencias van a seguir existiendo porque “también persisten por la menor implicación de la población local”.