Las ayudas al funcionamiento pasan de ser la panacea a una constante confrontación política

Las ayudas al funcionamiento para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria han pasado de ser la panacea que se esperaba para estas tres provincias a convertirse en un motivo permanente de confrontación política, sin que la intensidad con que se están aplicando sirva para ayudar a combatir la despoblación, que era el objetivo por el que las autorizó la Comisión Europea. Convertidas en un arma arrojadiza en el debate político, incluido el de la polémica singularidad fiscal para Cataluña, la patronal turolense todavía confía en que puedan incrementarse y que la Administración central atienda a la singularidad de estos territorios, mientras se abren otras posibilidades como la coparticipación de las Comunidades Autónomas.

El tiempo vuela mientras las cosas en política avanzan despacio. Ese está siendo el caso de las ayudas al funcionamiento de las empresas que autorizó la Comisión Europea en abril de 2021. Tres años y medio después, estas ayudas no están teniendo el efecto que se pretendía porque se están aplicando en una intensidad ínfima, y las organizaciones empresariales así lo han puesto de manifesto con datos objetivos tras su primer año de aplicación.

Fue uno de los asuntos que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, incluyó en la agenda de su reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este mismo mes. Salió de Moncloa sin haber convencido a Sánchez. Desde la Administración central no se deja de hacer gala de estas ayudas. Son mostradas como la panacea para impulsar el desarrollo de las tres provincias que se benefician de ellas, cuando la realidad es otra.

Un estudio elaborado por las organizaciones empresariales de las tres provincias puso de manifiesto que tras el primer año de aplicación de las mismas, sus efectos no eran los que deberían ser, ya que no estaban contribuyendo a crear empleo y con ello dinamizar la economía de estos tres territorios.

La Comisión Europea autorizó estas ayudas de Estado porque Teruel, Cuenca y Soria tienen una densidad demográfica por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Su objetivo es favorecer el dinamismo económico en estos territorios al dotarlos de ventajas competitivas, pero la intensidad con que se están aplicando impiden que sea así.

Las ayudas autorizan al Estado a bonificar los costes salariales de las empresas de estos territorios hasta en un 20%, cuando lo que se está aplicando es apenas un 1%. Además, los autónomos, que por las características de estas provincias tienen un importante peso, están excluidos, y solo se aplicó una medida especial para los que se incorporaron el año pasado.

La comparación que hizo el Gobierno central en septiembre de estas ayudas con la singularidad fiscal que pretende para Cataluña causó un gran revuelo porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, lo que demuestra una vez más la “ignorancia” que suelen mostrar los políticos cuando hablan de lo que no saben o, en el peor de los casos, lo que les importa poco.

Las organizaciones empresariales expresaron su malestar por esa salida de tono del Ejecutivo central. En lugar de rectificar, desde el Estado se insiste en ello, como volvió a evidenciarse recientemente en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado celebrada el 16 de octubre. En ella, la senadora del PP por Teruel, Emma Buj, preguntó por esta cuestión, y quien respondió fue el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se limitó a decir que si hay presupuestos hay “esperanza” de poder “seguir avanzando en esa misma dirección”.

En cambio, días después el Ejecutivo central contestó por escrito a una pregunta realizada por los diputados del PP por Teruel en el Congreso, Raquel Clemente y Alberto Herrero, en la que sostenía que estas ayudas pese a su ínfima intensidad estaban siendo “fructíferas”.

Alejado de la realidad como está el Ejecutivo central, desde dentro de la coalición de gobierno el diputado de CHA, Jorge Pueyo, integrado en Sumar, ha exigido la aplicación en su máxima intensidad de estas ayudas, mientras que desde Aragón, y en las Cortes Generales, no dejan de aprobarse iniciativas parlamentarias para que sea así y que dan lugar a intensos debates políticos que se resumen en el mismo reproche de siempre: los que gobernaron antes no hicieron nada.

La patronal insiste

En medio de este debate político, y a pesar del bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado, la patronal confía todavía en que se puedan mejorar las ayudas. El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, ha manifestado a este respecto que “nunca hay que perder la esperanza y la paciencia”, algo de lo que asegura que “los empresarios sí que sabemos”.

“Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir trabajando y al final yo creo que más tarde que nunca llegaremos”, opinó Ciércoles, si bien reconoció que tal vez no se llegue a ello “tan pronto como nosotros desearíamos, pero tengo claro que las cosas se van a mejorar”.

El representante de los empresarios comentó que están trabajando el tema para “tener unas reuniones en futuras fechas con gente que pueda decidir estas cosas”. Recordó que lo que piden “no es otra cosa que lo que pidieron otros territorios y que han dado resultados”.

Ciércoles argumentó que van a insistir y hacer los deberes bien, para que luego cuando haya que renovar las directrices de la CE se haya cumplido con el objetivo que se pretendía con estas ayudas al funcionamiento.

El tiempo corre ya en contra, puesto que las ayudas se autorizaron en 2021 y se va camino de los cuatro años sin que de momento hayan surtido sus efectos ni los vayan a tener con la intensidad actual con la que se están aplicando. Lo advirtió la senadora Emma Buj en el Senado, al señalar que estas ayudas tienen un periodo de aplicación “y habrá que convencer a la Unión Europea para que las vuelva a aplicar a partir de 2027”. No caben ya más estudios sino aplicarlas de una vez por todas en su máximo.

Pendientes de avances

Mientras el Gobierno central mantiene en su mínimo las ayudas al funcionamiento, desde las comunidades autónomas se está abriendo la posibilidad de una corresponsabilidad, al menos a hablarlo y desde luego dejando muy claro que los territorios no pueden aportar una cantidad similar al Estado sino mucho menor. Así quedó de manifiesto en el Debate sobre el estado de la Comunidad recientemente celebrado al debatir este asunto el presidente aragonés, Jorge Azcón, con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Y así quedó plasmado, además, en una de las propuestas de resolución aprobadas a instancias de la formación transversal surgida del movimiento ciudadano turolense. En la misma se insta a que el Gobierno de Aragón se comprometa a liderar la demanda de mejora de estas ayudas “mediante una actitud proactiva, el diálogo propositivo y la colaboración con el Gobierno de España”. Otras propuestas de Vox y el PP también salieron adelante en la misma línea aunque incorporando la pretensión de extenderlas a otras comarcas aragonesas, cuando la CE es bien clara al regirse por criterios de NUTS, que solo Teruel cumple.