El Gobierno destaca las ayudas de funcionamiento y la transición justa en su informe balance del Plan 130

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) destaca entre los hitos importantes del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, así como cuestiones como la transición justa en Andorra y diferentes actuaciones llevadas a cabo en materia de conectividad y movilidad. La memoria de actuaciones del Plan 130, que lleva fecha de finales del pasado mes de febrero, considera “más que satisfactorio” el balance de las medidas aplicadas entre 2021 y 2023, que era el periodo de vigencia del mismo, a la vez que aboga por seguir implementando nuevas iniciativas pero sin concretar cuáles.

El Plan de 130 medidas frente al reto demográfico se aprobó en marzo de 2021 para un periodo de tres años, coincidiendo con el desembarco de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La vicepresidenta tercera del Gobierno central y titular de la cartera del Miteco, Teresa Ribera, se refirió al éxito del mismo durante su última comparecencia en la Comisión de Despoblación del Senado a principios de este mes, en la que aseguró que 13.000 millones de ese plan habían ido a pequeños municipios.

Comparecencia

En aquella comparecencia, la senadora del PP por Teruel, Emma Buj, ya manifestó a la ministra que el plan no era sino un compendio de actuaciones de los distintos ministerios. La parlamentaria turolense indicó a la vicepresidenta que la sensación que daba el Plan de 130 medidas era una “suma de buenas intenciones”, a partir de la cual se incorporaron fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “De todas las partidas que se iban a desarrollar, se ha visto a cuál se le puede colocar la coletilla de despoblación y de ahí sale un documento”, le dijo a la ministra, para argumentar seguidamente que eso no tenía nada que ver con hacer de verdad un plan contra la despoblación y después financiarlo.

El informe de balance que ha elaborado el Miteco, con una extensión de unos doscientos folios, va sumando algunas de las medidas del plan, sin entrar en detalles en determinados casos y sin hacer una especificación territorial de aquellas provincias que son las más afectadas por la despoblación. Incluye además cuestiones como el Observatorio Astrofísico de Javalambre, mientras que otros proyectos de igual interés como la Unidad de Paleontología de Dinosaurios los ignora.

Carencias

De entrada, el informe no es en profundidad ni al detalle como correspondería a un plan con la trascendencia que se le dio al principio, puesto que no concretar todas las acciones y actuaciones acometidas ni hace un desglose pormenorizado de las inversiones realizadas ni una zonificación para ver qué territorios han sido los más beneficiados.

El documento, con fecha de 22 de febrero de este año, puede descargarse de la página web del Ministerio en la sección del Reto Demográfico y se denomina Plan de Recuperación. 130 medidas frente al reto demográfico. Principales actuaciones por ministerios 2021-2023.

El Ministerio afirma que “el balance de estos tres años de aplicación del Plan 130 no puede ser más satisfactorio en cuanto a los resultados alcanzados en la construcción de la política pública de reto demográfico”.

Añade que tras haberse cumplido los tres años de duración del mismo, “habrá que seguir profundizando en lo que fue el objetivo pretendido por el Gobierno cuando impulsó la aprobación de este plan”, que era “dotarse de un instrumento al servicio de una nueva política que sitúa la cohesión social y territorial como una prioridad de su acción y un compromiso de primer nivel”. Aboga por último por que la experiencia de este plan debe servir para “seguir avanzando en esta política pública, impulsando nuevas iniciativas que garanticen un mayor impacto transformador de sus medidas”.

Balance

Aunque hace un balance de forma global, detalla algunas actuaciones por territorios, y en el caso de Teruel destaca las ayudas al funcionamiento de las empresas, que tanta polémica han generado en las tres provincias beneficiadas por su poca intensidad, muy por debajo de lo autorizado por la Comisión Europea, y el convenio de transición justa en Andorra.

Del convenio de transición justa de Andorra, el informe no analiza resultados, sino que parece hacer un copia y pega de dos hitos celebrados en este municipio en noviembre de de 2022, cuando la ministra anunció en la localidad el acuerdo alcanzado, y en diciembre, cuando se celebró una jornada informativa por parte del Instituto para la Transición Justa. A ello suma el concurso que se hizo para el acceso a la red de transporte de electricidad. La senadora Emma Buj reprochó sobre esta cuestión a la ministra en la Cámara Alta que no ha sido una transición justa y que la realidad no se ajusta al análisis teórico, puesto que la misma no había “llegado a tiempo” al no haberse acompasado los tiempos de cierre de la térmica con el convenio de transición y las inversiones que eran necesarias.
 

En cuanto a las ayudas al funcionamiento de las empresas, tampoco analiza efectos, algo a lo que ahora se ha comprometido la ministra a petición del presidente de Aragón. Se limita a indicar que son una de las “principales peticiones” de las tres provincias con más baja densidad, Teruel, Cuenca y Soria, sin aclarar por qué tardaron tanto en implementarse cuando fueron autorizadas por la Comisión Europea en abril de 2021 y no empezaron a aplicarse hasta enero de 2023, con unos porcentajes muy por debajo del 20% de los costes laborales permitido, puesto que se trata de bonificaciones que están entre el 5 y el 20% de las contingencias comunes de la aportación empresarial a la Seguridad Social.

En el cómputo de estas ayudas detalla que el total para las tres provincias ha sido de 27,4 millones, de los cuales 25,8 millones han beneficiado a empresas y 1,5 millones a autónomos. En el caso concreto de Teruel, las reducciones han supuesto en lo que son empresas 8.883.604,88 euros y con los autónomos 207.348,38 euros. Entre los dos la cifra es de 9.090.953, 26 euros.

Fondo de Cohesión

En la memoria balance se destacan algunas medidas como la creación del Fondo para la Cohesión y la Transformación Territorial, a imitación del creado en la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque no se pormenorizan cifras por ejercicios. No es hasta la segunda convocatoria, la de 2023, que se desglosan las adjudicaciones por provincias. En el caso de Teruel con 727.135,66 euros para 13 proyectos.

Valora también la creación de los Centros de Innovación Territorial, entre los que destaca que el primer año, en 2022, se firmaran los cinco primeros convenios, entre ellos el de Teruel.

El programa Campus Rural, otra iniciativa del Plan de 130 medidas copiada a imagen y semejanza de lo que se venía haciendo en Aragón, es también destacado en el informe, así como la creación de los Centros de Competencias Digitales de Renfe, entre ellos el que entró en funcionamiento en Teruel en 2021 y que ha sido positivo para retener talento joven altamente cualificado que no ha tenido que irse fuera a trabajar. El informe señala que en el caso turolense este centro ha contribuido a reducir la tasa de desempleo en torno a 0,4 puntos. Incide igualmente en los programas de formación tecnológica para mujeres desarrollados en el mismo.

Conectividad

La mejora de la conectividad es otro de los aspectos en los que se fija el informe mediante el programa UNICO de los tres últimos años. Incide por otra parte en el programa desarrollado para reforzar la inversión en el territorio rural mediante distintas acciones en poblaciones turolenses como Mazaleón, Albentosa, Cantavieja y Huesa del Común.

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, con la aportación económica que empezó a hacer el Estado en 2021 con un millón de euros, es otro de los aspectos para la lucha contra la despoblación que valora el informe, al igual que la capitalidad española de la Economía Social. En el primer caso llama la atención que no se considere como algo normalizado la existencia de este tipo de instalaciones científico técnicas en el territorio, habida cuenta de que la ciencia que hacen sería imposible realizarla en las grandes ciudades superpobladas porque carecen de cielos limpios para poder llevar a cabo las observaciones astronómicas.

En lo que respecta a actuaciones como la capitalidad española de Teruel de la Economía Social, no supuso ningún desembolso económico por parte del Estado. Precisamente la senadora del PP por Teruel, Emma Buj, que es a su vez la alcaldesa de la capital turolense, así se lo hizo ver a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España cuando compareció en el Senado. Buj le recordó que la Administración central les dio “cero euros” y que fue el Ayuntamiento de Teruel el que “lo tuvo que financiar”, admitiendo que fue un “éxito” aunque el Gobierno “nos dio un título sin ninguna aportación”.

Planes turísticos

El informe alude igualmente a los planes de sostenibilidad turística en destinos; a inversiones por 2,2 millones en el Parador de Alcañiz; las ayudas a la actividad comercial en las zonas rurales; y la promoción de la sede de la Uned en Teruel así como las aulas de Alcañiz y Calamocha.

De forma genérica se refiere al impacto que han tenido distintas  políticas implementadas y las subvenciones de diferentes programas europeos en el marco del plan de recuperación dirigidos específicamente a municipios de menos de 5.000 habitantes.

Entre los ámbitos de actuación que en líneas generales el informe señala que hay que seguir trabajando tras haberse detectado que son los que generan mayores impactos como palancas de transformación en materia de reto demográfico, el documento se refiere a la conectividad digital, el impulso a la movilidad rural (en este caso se contradice con el proyecto de Ley de movilidad sostenible, que por ahora no tiene en cuenta al territorio en el mapa concesional), el refuerzo de las iniciativas en materia de vivienda rural, el apoyo a la economía de los cuidados, el fomento de iniciativas en favor de la familia en territorios con baja densidad de población, o el fomento del emprendimiento con iniciativas innovadoras en el territorio.