El Gobierno dice que las ayudas de funcionamiento actuales son “fructíferas”

El Gobierno central considera que las ayudas de funcionamiento a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria son “fructíferas” tal como se están aplicando ahora, después de que la ministra portavoz, Pilar Alegría, las hubiese comparado con la “singularidad fiscal” de Cataluña. En una respuesta por escrito al grupo parlamentario del PP en el Congreso, el Ejecutivo asegura que esa es su “apuesta por la igualdad entre los españoles”.

Después de que a principios de septiembre el Gobierno provocara un gran malestar en las tres provincias beneficiadas por las ayudas de funcionamiento autorizadas por Europa, al comparar la ínfima cantidad que reciben con la “singularidad fiscal” que pretende aplicar a Cataluña, una respuesta escrita del Ejecutivo en las Cortes Generales no parece querer aplacar los ánimos sino acrecentarlos más.

En la contestación a una batería de preguntas formulada por varios diputados del PP en el Congreso, entre ellos los turolenses Raquel Clemente y Alberto Herrero, el Gobierno no solo no se retracta sino que insiste en hablar de que la suya es una “apuesta por la igualdad” entre los españoles, y en calificar de “fructíferas” las ayudas de funcionamiento que está aplicando en las tres provincias más perjudicadas por la despoblación.

Estas ayudas fueron autorizadas por la Comisión Europea para que el Estado español pudiera bonificar con hasta un 20% los costes laborales a las empresas de esas tres provincias, con el fin de dotarlas de una mayor competitividad para impulsar el desarrollo de sus territorios, pero en cambio se están aplicando en un exiguo 1%. Las organizaciones empresariales han denunciado insistentemente en que esa cuantía ínfima no ayuda para los fines por los que fueron creadas por Europa, y tras las desafortunadas manifestaciones de la ministra portavoz del Gobierno, comparándolas con la “singularidad fiscal” de Cataluña, los empresarios turolenses calificaron la salida de tono del Ejecutivo de bochornosa.

Mínima bonificación

Tras las manifestaciones de Pilar Alegría comparando esas ayudas en su mínima bonificación del 1% de los costes laborales, con el régimen fiscal propio que pretende otorgar a Cataluña, durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros celebrado el 3 de septiembre, los diputados del PP por Teruel, Raquel Clemente y Alberto Herrero, junto con otros parlamentarios de este grupo en el Congreso, presentaron una batería de preguntas al Gobierno en la que expresaban su rechazo a las mismas y a la pretensión de establecer una financiación preferente y exclusiva para esa comunidad autónoma en detrimento del resto de territorios.

“¿Cree Pilar Alegría que semejante criterio facilita o favorece la cohesión social y vertebración territorial de nuestro país?”, era la primera, seguida de otra en la que se preguntaba al Gobierno lo siguiente: “En qué razones se basa la aragonesa Pilar Alegría para atentar contra la igualdad y solidaridad entre los ciudadanos españoles?”. Por último, preguntaban: “¿Qué motivos de peso puede esgrimir Pilar Alegría para justificar que un turolense no tenga la misma igualdad de oportunidades en derechos y servicios públicos que un barcelonés por ejemplo?”.

En la contestación por escrito que acaban de recibir los parlamentarios populares, el Gobierno señala que su apuesta es “por la igualdad entre los españoles y entre los territorios”, y que aboga por “un modelo territorial que constituya una garantía de cohesión social desde la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad y las singularidades, velando siempre por la solidaridad que debe existir avalando la igualdad y la cohesión territorial”.

Argumenta en la contestación que ha sido el actual Gobierno el que “ha puesto en marcha medidas encaminadas de manera directa a afrontar el problema de la despoblación en España y que lo ha convertido en una política de Estado”. Pone como ejemplo que haya incluido el Reto Demográfico “como una Secretaría de Estado, en la propia Vicepresidencia Tercera del Gobierno”.

Llama la atención esta respuesta porque no existe tal Secretaría de Estado, sino una Secretaría General, de rango inferior, hasta el punto de que en las preguntas orales que formulan los grupos parlamentarios en el Senado quien las está contestando es el secretario de Estado de Medio Ambiente, pese a no tener competencias en la materia.

En la respuesta, el Gobierno se jacta de haber sido el que “ha puesto en marcha medidas fructíferas como las ayudas al funcionamiento de las empresas para zonas despobladas, como es el caso de Teruel, Cuenca y Soria”.

Presume también de que el “apoyo del Gobierno de España a las provincias despobladas es un hecho, como así lo pone también de manifiesto que fuera este Ejecutivo el que recuperara la plurianualidad del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)”.

Al referirse a esta cuestión precisa que ese fondo se vio amenazado en 2011, “cuando los gobiernos de Mariano Rajoy en el Estado y de Luisa Fernanda Rudi en Aragón lo eliminaron de los presupuestos”.

Añade que “no cabe duda de que este Gobierno trabajará para que Teruel, como el resto de territorios, consigan la mejor financiación posible”. Y argumenta en esa línea que en los últimos siete años todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político, han recibido los mayores recursos de su historia.

La contestación del Gobierno concluye destacando “el trabajo que se está realizando para contar con un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta las singularidades de todos los territorios y que cumpla con el objetivo de este Gobierno de seguir trabajando a favor de la mayoría social de este país, preservando sus derechos y velando por su bienestar”. Un modelo, precisa, “que permita consolidar una mayor vocación de autogobierno por parte de las comunidades autónomas y, por supuesto, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia”.