La Ley de Dinamización rural va camino de dos años y está pendiente de desarrollo normativo

La Ley de Dinamización del medio rural de Aragón aprobada a finales de la pasada legislatura va camino de cumplir dos años pendiente de un desarrollo normativo, a pesar de que Aragón fue una de las primeras comunidades autónomas en dar luz a una norma de este tipo. El actual Ejecutivo aragonés del PP, que no apoyó en su día esta ley cuando estaba en la oposición, ha implementado desde que gobierna diferentes medidas para la lucha contra la despoblación, como la política de vivienda o el proyecto de la Academia Rural Digital, pero la coalición con Vox mantuvo paralizado durante el primer año de gobierno el desarrollo del marco de la ley en su conjunto. Diferentes iniciativas desde la oposición reclaman que se pongan en marcha los distintos desarrollo que contempla.

El texto legislativo establecía el desarrollo de diferentes programas y en varias disposiciones adicionales se fijaban plazos, la mayoría de un año, para que se empezasen a implementar. La apuesta del Ejecutivo de coalición fue incrementar el Fondo de Cohesión Territorial para dar respuesta a demandas de los municipios con poca población, sobre todo en materia de vivienda junto con el plan que se está impulsando y que atiende de forma específica al medio rural.

Tras la ruptura de la coalición a mediados del año pasado, tanto el presidente Jorge Azcón, como el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, han defendido que sus políticas están enfocadas a facilitar vivienda en las zonas rurales para que se puedan asentar nuevos pobladores, así como a garantizar la movilidad y los servicios públicos.

La ley dedica todo un capítulo, el tercero, al alojamiento, la vivienda y los nuevos pobladores, y establece que deberá atenderse esta necesidad a través de un plan de vivienda, con especial atención a los municipios rurales, algo a lo que se ha dado respuesta en el primer año de gobierno. Se ha hecho tanto a través de los distintos planes implementados por el Ejecutivo, como mediante el Fondo de Cohesión Territorial para la restauración de vivienda municipal destinada a alquiler para asentar la población.

Queda pendiente, no obstante, el desarrollo normativo de la Ley de dinamización para implementar programas como el de gestión territorial de dinamización económica, los laboratorios de innovación rural, o los bonos de impacto rural.

De las actuaciones de este tipo que se recogían en la norma, solo la Academia Rural Digital está en proceso de puesta en marcha a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Aunque todavía está pendiente de adjudicación el diseño de las acciones de este proyecto, el IAF ya tiene habilitado un portal web para ofrecer formación online con 26 actividades formativas que suman más de 200 horas para promover la digitalización de la población.

La ley establece que esta academia deberán formar en el medio rural “mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación para favorecer un acceso masivo de la población del medio rural a nuevas competencias como liderazgo, emprendimiento, dirección gerencia comercial, marketing, entre otras, y específicas como formación técnica en las diversas actividades y oficios del medio rural: incorporación a la actividad agraria, actualización y reciclaje profesional, entre otras”.

Este programa está financiado al 100% por los fondos europeos Next Generation dentro del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su Plan de Recuperación. El IAF sacó a licitación por 5 millones de euros a principios de octubre del año pasado la contratación de los servicios de diseño, elaboración y ejecución de las acciones de este proyecto, que se encuentra en evaluación y a punto de ser adjudicado.

La mesa de contratación se reunió de hecho este lunes en Zaragoza y hay ya propuestas de adjudicación para los tres lotes en el que se dividió la licitación, en dos de ellos pendientes de que se subsanen unos requerimientos que se les han hecho. El objetivo es dotar de 7.000 horas de formación y capacitar en competencias digitales transversales a más de 22.600 personas.

La ley preveía también el impulso de un plan de digitalización en el medio rural, ligado a este proyecto, para “implementar un plan de digitalización en el medio rural para promover la comercialización en línea de productos y servicios en el medio rural en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley”.

En cambio, sigue pendiente el desarrollo de otros programas y los socialistas han presentado varias iniciativas en las Cortes de Aragón interesándose por su situación, como el bono de impacto rural o la coordinación entre la Dirección General de Despoblación con el Instituto Aragonés de Fomento en materia de atracción de empresas a zonas despobladas.

Tras la salida de Vox del Gobierno el posicionamiento del Ejecutivo del PP ha cambiado y se ha hecho más flexible, como se puso de manifiesto recientemente en las Cortes cuando los populares facilitaron una iniciativa del PSOE para impulsar un estatuto de la mujer rural. Cuando gobernaban con la ultraderecha dejaron que caducara el proyecto que venía de la anterior legislatura.

Intención

A finales del año pasado, el director general de Despoblación, Alberto Casañal, manifestó en una entrevista con este periódico que había analizado en profundidad la ley y que le había parecido “bastante buena”, a pesar de los flecos con los que discrepaba, lo que no iba a impedir poder desarrollarla.

Argumentó entonces que el texto legal era bastante “ambiguo” por su transversalidad, pero que tenía intención de apoyarse en ella para “ponerla en marcha”. Defendió también que muchas de las líneas que estaba desarrollando el Ejecutivo en materia de lucha contra la despoblación es lo que viene recogido en esa ley. Casañal apuntó la intención de coordinarse con todas las consejerías con la intención de darle forma y “trabajar sobre ella para desarrollarla”.

En sus disposiciones adicionales, la Ley 13/2023, de 30 de marzo, se establecen plazos, por lo general de un año, para el desarrollo de muchos de los programas, que no se han puesto en marcha todavía. Hay que tener en cuenta también que la ley se aprobó a finales de la pasada legislatura, que después hubo elecciones y el nuevo gobierno del PP no se puso en marcha hasta finales del verano de 2023. En cualquier caso se han incumplido los plazos que marcaba la norma en cuestiones como el Programa territorio emprendedor, los Bonos de impacto rural, o el Programa de relevo generacional.

Sí que el Ejecutivo aragonés cuenta con programas genéricos en algunas cuestiones, pero lo que se planteaba con la Ley de Dinamización es que se atendiera la especificidad del medio rural. En el caso del Programa territorio emprendedor de Aragón, se instaba a que el IAF implementara “fórmulas de colaboración tendentes a la promoción de medidas locales dirigidas a incentivar la actividad empresarial de los emprendedores y pymes, para conformar un entorno propicio para la creación y consolidación de las iniciativas”.

El objetivo con la declaración de territorio emprendedor es que ese criterio, al margen de las especificidades de las convocatorias de subvenciones, conllevase “medidas de apoyo” especiales encaminadas al impulso de proyectos concretos en esos territorios.

Otra novedad recogida en la ley es que el Gobierno de Aragón debería impulsar un sistema de bonos de impacto rural que permitiese apoyar económicamente intervenciones innovadoras que solucionen problemas rurales concretos. En la norma, se especificaba que la primera convocatoria debería realizarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley y que deberían tramitarse mediante acuerdos de financiación “por resultados entre las Administración pública y los emprendedores rurales, al objeto de apoyar las innovaciones dirigidas a solventar necesidades sociales y económicas en las zonas rurales delimitadas en esta ley”.

Este tipo de apoyo debería pivotar en cuestiones relativas a la educación y formación, movilidad, agroalimentación, vivienda sostenible, salud y bienestar, tecnología y comunicaciones, turismo, cultura y deporte, energía sostenible e innovación rural

Las otras disposiciones de la ley instaban al Ejecutivo a poner en marcha una Plataforma en línea para la prestación de servicios de información y asesoramiento, la clasificación de las zonas rurales y criterios de adaptación, la revisión de las directrices zonales y programas de gestión territorial vigentes, o el impulso del programa de relevo generacional.

El Ejecutivo aragonés sí que tiene en marcha un programa de subvenciones denominado Mejora destinado a ese fin, si bien lo que plantea la Ley de Dinamización es vincularlo con el medio rural para facilitar la continuidad de oficios en las zonas despobladas o en riesgo, y con las acciones que en esa línea desarrollan las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales.

Otras figuras que prevé la ley es el Programa de gestión territorial de dinamización económica y social para el medio rural, para el que se fijaba un plazo de seis meses para empezar a trabajar; y los laboratorios de innovación rural, así como el desarrollo de un estudio de los polígonos industriales existentes en el medio rural aragonés, en este caso con un plazo de dos años.

Laboratorios de innovación

Los laboratorios de innovación rural era una apuesta de la ley, que fijaba un plazo de un año para que el grupo técnico de dinamización económica y social para el medio rural definiese los objetivos y retos territoriales para la elaboración de estos laboratorios.

Los mismos son concebidos en la norma como “instrumentos para reflexionar y elaborar propuestas de intervención con respecto a los retos del territorio concreto en el que se ubique el laboratorio”. Su objetivo, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación de agentes públicos y privados, grupos de la sociedad civil y agentes de dinamización.

El artículo 36 de la ley hace un recorrido por todas las actuaciones en el ámbito de la cultura emprendedora que debería acometerse dentro del Programa de gestión territorial de dinamización económica y social para el medio rural, incorporando entre otras figuras la del mediador de emprendimiento para potenciar la consecución de acuerdos que impulsen y optimicen la actividad emprendedora en el medio rural.

 

Actuación Estatal

La Administración central está pendiente también de definir la que será su próxima estrategia para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación en España. La nueva vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció a finales del año pasado que el Miteco lanzará próximamente una Manifestación de Interés, con el fin de recabar comentarios por parte de todos los agentes interesados para poder diseñar una nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para municipios de menos de 5.000 habitantes.

La anterior se lanzó en 2021 y se articuló a través del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico desarrollado hasta 2023, para lo que se contó con más de 13.000 millones de euros, la mayoría de ellos procedentes de fondos de europeos de los mecanismos de recuperación.

De acuerdo con lo manifestado por la nueva responsable de Reto Demográfico tras la marcha a Europa de Teresa Ribera, el Gobierno mantiene como una “prioridad” la lucha contra la despoblación. Y para ello han iniciado ya los trabajos de la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, para lo cual se revisará este año la que había con la intención de diseñar objetivos más ambiciosos. No obstante, desde el ministerio han destacado los logros alcanzados con la anterior, que el Miteco ha cuantificado en los más de 55.000 habitantes que atrajo el medio rural en 2023.