La futura Ley de Dinamización del medio rural reconocerá el papel de la mujer y el emprendimiento como elementos de lucha contra la despoblación

La futura Ley de Dinamización del medio rural, que operará como una herramienta de lucha contra la despoblación, priorizará el reconocimiento de las mujeres y el emprendimiento, además de incluir un mecanismo de garantía rural (rural proofing), según avanzó este lunes el comisionado para la lucha contra la despoblación de Aragón, Javier Allué, en el Parlamento autonómico. Allué compareció en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos, en lo que acabó convirtiéndose en un debate general sobre políticas de lucha contra la despoblación, en el que el comisionado advirtió llevar cuidado con el “discurso del caos” que la oposición quiere trasladar, porque eso fomenta el crecimiento de otras cosas.

Durante la comparecencia Allué apenas pudo desgranar los pormenores de lo que es el anteproyecto de ley, ante el debate que se abrió con el diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, sobre las políticas que deberían aplicarse para luchar contra la despoblación, algo que según el comisionado se está haciendo a través de la consolidación de servicios públicos y de la generación de oportunidades en el medio rural, y cuyo éxito así lo avalan los recientes datos sobre natalidad o el crecimiento de las sociedades mercantiles.

El comisionado pidió “no hacer de la despoblación un discurso del caos que luego fomenta el crecimiento de otros”, y defendió los “datos positivos” que avalan que las cosas se están haciendo bien en la Comunidad Autónoma, tras repasar algunas de las actuaciones realizadas y advertir ante las críticas que “entre el caos y Alicia en el país de las maravillas hay un punto intermedio”.

Discurso del caos

En otro momento de su intervención precisó que “el discurso del caos es el que provoca, desde mi punto de vista, el escenario en el que surjan plataformas y que consigan representaciones parlamentarias”, sobre lo que opinó que cada uno deberá hacer las “reflexiones que tenga que hacer”. Añadió que a veces se utiliza la despoblación “de una manera desmedida para hacer reivindicaciones históricas que todos llevamos históricamente solicitando, especialmente en Aragón”.

“Hemos hecho muchas cosas y si no fuera por la acción del Gobierno de Aragón, de la mano de las entidades locales y diputaciones provinciales, el medio rural de Aragón sería un desierto de arena”, dijo Allué, quien se alegró de que ahora se hayan implicado también el Gobierno de España y la Unión Europea.

Aseguró por otra parte que la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación se está ejecutando y el Gobierno “hace un esfuerzo ingente de gasto presupuestario” para la consolidación de los servicios básicos en sanidad y educación, como pone de manifiesto que el 35% del presupuesto del Departamento de Educación vaya a la escuela rural, “donde estudia el 17% del alumnado, un dato que se reitera también en sanidad, en servicios sociales”.

Añadió el trabajo que se hace desde la Administración autonómica “para establecer políticas de discriminación positiva en todos los planes de orientación de inserción, de promoción del empleo”, y aseguró que está centrada en el emprendimiento en el medio rural. Aludió igualmente a los avances que se están produciendo en banda ancha con el objetivo de llegar a una cobertura cien por cien en 2023.

Ordenamiento jurídico

Comentó que la futura ley será “complementaria del resto del ordenamiento jurídico propio”, porque existen instrumentos previos desde hace tiempo, no solo desde el primer plan de política demográfica y contra la despoblación del año 2000, sino que también está recogido en el Estatuto en su última versión de 2007.

“Espero que esta ley sea el instrumento que favorezca el desarrollo económico y social para el medio rural”, dijo Allué, y en esa línea explicó que priorizará “el reconocimiento de la contribución de las mujeres que viven en el medio rural”. Destacó además el apoyo, “porque esa es su filosofía”, al trabajo del emprendimiento en el medio rural.

Valoró asimismo que incorpore entre sus principios rectores el “mecanismo rural de garantía”, que aseguró que es la “esencia” del anteproyecto y que define como “principio rector mediante el cual la administración de la Comunidad Autónoma debe impulsar y revisar las políticas sectoriales mediante la observación de las perspectivas del cambio demográfico”.

El comisionado apuntó que falta eso, “incorporar la perspectiva del cambio demográfico en todas las normativas, estrategias y todos los planes que puedan parirse desde cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón”.

Memoria justificativa

El texto llevará una memoria justificativa y una memoria económica, y contemplará también beneficios fiscales a quienes presten servicios en sitios de “extrema despoblación”, como un “reconocimiento al esfuerzo, al coraje de vivir en determinados municipios” donde es difícil hacerlo. Precisó que este trabajo se está ultimando en la Dirección General de Tributos.

El portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, pidió saber qué se ha hecho en materia de  despoblación “aparte de escribir”, en referencia a la directriz demográfica,  y “meter la pata”, y repasó las políticas que desde su punto de vista han faltado para generar actividad económica en las zonas rurales. Salió a colación el problema de la vivienda, el retraso en la aplicación de una fiscalidad diferenciada o las trabas que la propia administración pone a las iniciativas que se toman desde los pueblos, o el cerco a la actividad cinegética.

“La repoblación a cualquier precio no se puede hacer, se tiene que hacer en condiciones, mirando las necesidades y qué puestos de trabajo hay”, dijo Domínguez, quien recalcó que el mundo rural no avanza en la misma línea que el urbano y pidió diferenciar el reto demográfico de la despoblación por ser cosas distintas.

Críticas

Los grupos de la oposición incidieron en esas críticas y el diputado del PP, Fernando Ledesma, aseguró que muchas de las medidas que se anuncian son una “fachada” detrás de la cual no hay nada, mientras que el parlamentario de Vox, David Arranz, justificó por la inacción que ha habido el crecimiento de plataformas y partidos que han surgido para acceder a las instituciones y “visibilizar su malestar y su situación de olvido”, y cuyas reivindicaciones aseguró que hacen suyas.

Los grupos que sustentan al cuatripartito defendieron las políticas progresistas que se están haciendo desde Aragón frente a lo que hace la derecha, y el portavoz del PSOE, Darío Villagrasa, fue contundente en la defensa de las políticas públicas que se están impulsando para luchar contra la despoblación, como mantener abiertas escuelas, haber aumentado el fondo de cooperación municipal o el apoyo a los jóvenes con proyectos agrarios o de modernización.

El portavoz socialista criticó que cada uno “hubiese traído su libro” y apeló a poner en valor el trabajo “que tanta gente ha realizado en cuarenta años de democracia” y que vive en el medio rural, e instó a los partidos que ayer fueron críticos con la gestión del cuatripartito en la lucha contra la despoblación a involucrarse a nivel estatal para atender de una manera específica a las situaciones del medio rural, desde la financiación autonómica a la bonificación de los costes laborales en Teruel, o la ley de haciendas locales.

Generar oportunidades

Villagrasa aseguró que uno de los problemas actuales con el reto demográfico y la despoblación es que “quienes copan más minutos en los medios de prensa nacionales o en las televisiones son gente que el medio rural lo conoce en otro tipo de usos, que yo respeto absolutamente, pero que las personas que habitamos, que vivimos en el medio rural lo defendemos con orgullo y queremos seguir avanzando”. Añadió que el objetivo era “generar oportunidades en igualdad”, un trabajo en el que los socialistas estaban “empeñados”, recalcó.

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, pidió que la ley “sea algo más que una foto o fachada”, puesto que así estaba pasando con la transición justa en Andorra, las ambulancias, los trenes y autobuses, y también con las bonificaciones del 20% que siguen sin aplicarse en la provincia de Teruel.

Itxaso Cabrera (Podemos) dijo que las desigualdades de los pueblos debían afrontarse con “políticas firmes” y “valientes”, como recogió el pacto de investidura y se está haciendo asegurando los servicios e impulsando infraestructuras como la banda ancha. La portavoz de CHA, Carmen Martínez, pidió ser más rigurosos en los análisis que se hacen y puso énfasis en la urgencia de “cambiar la financiación autonómica”, mientras que Jesús Guerrero (PAR) aseguró que la ley será una oportunidad para avanzar en el trabajo transversal que ya se viene haciendo.

Álvaro Sanz (IU) pidió que la ley “vaya más allá del papel” porque en caso contrario solo generará “frustración” y “mensajes contradictorios”.