Uno de cada cinco turolenses podrá beneficiarse de la fiscalidad diferenciada

Uno de cada cinco turolenses podrán beneficiarse de la fiscalidad diferenciada que contempla la Ley de Dinamización del Medio Rural, cuyo proyecto será aprobado este sábado por la DGA en un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará en Calatayud conmemorativo de la constitución de la Diputación General de Aragón hace cuarenta años.

La aprobación de este proyecto legislativo será uno de los asuntos que se traten en este Consejo de Gobierno extraordinario, y que es uno de los compromisos adquiridos por el cuatripartito en esta legislatura, que avanzó el presidente aragonés, Javier Lambán, en el debate de investidura celebrado en julio de 2019 y en cuyo texto se ha estado trabajando en este tiempo.

Fuentes del Ejecutivo aragonés avanzaron que este proyecto de ley pretende erigirse como un marco legal integral y pionero para combatir la despoblación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Como se había comprometido Lambán, entre otras medidas la nueva normativa recogerá una fiscalidad diferenciada para las zonas más castigadas demográficamente del territorio.

Desde el Gobierno aragonés indicaron que de esta manera con la fiscalidad diferenciada se pretende no solo fijar la población que ya existe en los asentamientos con mayor riesgo de despoblación de Aragón, sino también dar alicientes para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en estas zonas.

A la espera de que este sábado se puedan conocer más avances sobre el articulado de la ley, las mismas fuentes del Ejecutivo aragonés indicaron que es tan importante el número de asentamientos que se podrán beneficiar como la población que hay hoy en día en esos núcleos.

En este sentido, desde el Ejecutivo apuntaron que las bonificaciones beneficiarán, en el caso de la provincia de Teruel, a 278 de los 343 asentamientos que hay repartidos por sus diez comarcas, es decir, un 81% de ellos. Las mismas fuentes indicaron que en esos núcleos residen un total de 26.429 vecinos, con lo que este tipo de fiscalidad puede alcanzar a uno de cada cinco turolenses.

La elaboración de esta ley fue anunciada por el presidente aragonés, Javier Lambán, al inicio de la legislatura, cuando se comprometió a aprobar esta normativa, a la que entonces se llamó de revitalización y que finalmente se denominará de dinamización, junto con planes estratégicos comarcales. Entonces ya avanzó que se abordaría una fiscalidad diferenciada que favoreciese a los pueblos con problemas demográficos, para seguir avanzando en el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y de lucha contra la despoblación aprobada en la pasada legislatura, consecuencia de la cual es el Fondo de Cohesión Territorial.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, la turolense Mayte Pérez, también se comprometió al inicio de la legislatura a trabajar de manera muy especial con políticas que permitiesen luchar contra la despoblación.

Desde su departamento se han desarrollado numerosas iniciativas e impulsado acciones con el foro de regiones con problemas demográficos, además de haber conseguido que la Comisión Europea modificase el mapa de ayudas para que Teruel, Cuenca y Soria puedan beneficiarse de ayudas estatales al funcionamiento de las empresas, sobre cuya regulación trabaja el Gobierno de España.

Aparte estará la fiscalidad diferenciada que contemplará la ley aragonesa de Dinamización del Medio Rural, que ha sido uno de los trabajos en los que se ha centrado el comisionado aragonés para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, que en febrero avanzó alguno de los pormenores de esta ley.

Emprendimiento

Durante una comparecencia en las Cortes de Aragón, Allué ya indicó que la ley primará sobre todo el apoyo a la mujer en el medio rural y al emprendimiento, además de estar contemplado un mecanismo de garantía rural, de manera que cualquier ley o acción política que se tome tenga en cuenta cómo puede afectar a estos territorios.

El comisionado avanzó en esa comparecencia ante la Comisión Institucional del Parlamento aragonés, que el proyecto de ley sería aprobado por el Consejo de Gobierno en el mes de marzo. Al final ha sido a principios de abril, en un Consejo extraordinario con marcado carácter simbólico, puesto que a través del mismo se va a conmemorar el aniversario hace cuarenta años de la Diputación General de Aragón en Calatayud, que es donde se reunirá el Ejecutivo.

En aquella comparecencia, Allué aseguró que la ley será un complemento del ordenamiento jurídico propio que tiene la Comunidad Autónoma, puesto que desde el año 2000 se ha estado trabajando en dotar al territorio de instrumentos propios para la lucha contra la despoblación, como fue el caso en aquella ocasión del primer plan de política demográfica y contra la despoblación.

La próxima reforma del Estatuto también está pensada para evitar que la pérdida de población vaya en detrimento de la representación institucional que tiene Teruel en las Cortes de Aragón, ya que blindará el número de diputados con los que cuenta ahora y evitará que siga perdiendo representación territorial a nivel político en la Cámara aragonesa.

El proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, una vez que sea aprobado el texto en el Consejo de Gobierno extraordinario a celebrar en Calatayud, pasará a las Cortes de Aragón para su debate y que los grupos puedan hacer aportaciones antes de su aprobación definitiva.

Apoyo a las mujeres

Cuando Allué avanzó en las Cortes los grandes rasgos que contemplará esta ley, aseguró que la normativa pretende contribuir a ser un instrumento que favorezca el desarrollo económico y social en el medio rural, por lo que se reconocería especialmente la contribución  de las mujeres que viven en estos territorios, y sobre las que todos los estudios que se han hecho consideran que son vitales en la lucha contra la despoblación.

Otro de los principios que guiará el articulado de la ley será el apoyo al trabajo del emprendimiento en el medio rural. Además, incorporará un mecanismo de garantía del medio rural, que definió como la “esencia” del texto legislativo, ya que obligará a que la Administración impulse y revise las políticas sectoriales de todos sus departamentos a través de las perspectivas del cambio demográfico.

El texto, según el avance que hizo entonces el comisionado, llevará una memoria económica junto con el reconocimiento de beneficios fiscales a aquellas personas que presten servicios en aquellos sitios que se encuentran  en situación de “extrema despoblación”, una cuestión sobre la que también está incidiendo ante la Administración central.