Aragón aplicará una deducción en la cuota de IRPF de 600 euros para los residentes de los asentamientos en riesgo extremo de despoblación

Vivir en las zonas rurales despobladas tendrá ventajas fiscales en Aragón a partir de ahora, entre ellas una deducción anual de 600 euros de la cuota íntegra autonómica del IRPF si se reside en un asentamiento en riesgo extremo demográfico, de los que hay 167 en la provincia de Teruel. Además, a quienes residan en estos núcleos de población y en los que se encuentran en alto riesgo, se les incrementarán las deducciones ya existentes por nacimiento de hijos, cuidados, gastos escolares y de guardería, o adquisición y rehabilitación de viviendas, entre otros.

Estas ventajas fiscales figuran en el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural aprobado este sábado en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Calatayud con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, que tuvo lugar en dicho municipio por haber sido allí donde hace 44 años se constituyó la Diputación General de Aragón.

El cuatripartito quiso conmemorar esa efeméride con la aprobación de un proyecto ley para la revitalización del medio rural que como aseguró la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, “aspira a convertirse en uno de los emblemas de la décima legislatura”.

Pérez destacó el carácter simbólico que la aprobación de este proyecto legislativo tiene en una fecha como la de este sábado, por la importancia que la Autonomía ha tenido para el desarrollo del territorio y el compromiso con las zonas rurales, que ahora se refuerza con una norma que pretende revertir la sangría demográfica que sufren la gran mayoría de los municipios aragoneses.

Con esta ley, la consejera de Presidencia dijo que se aspira a cumplir con lo que establece el artículo 20 del Estatuto de Aragón, que incide en la igualdad y la correción de los desequilibrios económicos de los diferentes territorios que componen la Comunidad Autónoma.

La jornada conmemorativa en la que se aprobó el proyecto de ley se inició en el antiguo Ayuntamiento de Calatayud, desde donde los miembros del cuatripartito se dirigieron a la iglesia de San Pedro de los Francos, en donde se celebró el Consejo de Gobierno y el presidente aragonés, Javier Lambán, hizo una declaración institucional en la que incidió que en el momento actual los aragoneses pueden “aspirar a revivir la edad dorada de nuestra historia con las herramientas del autogobierno”.

Entre esas herramientas está la capacidad legislativa, que ha permitido la elaboración del proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, que tras su aprobación por el Consejo de Gobierno será remitido a las Cortes de Aragón para su debate y aprobación definitiva con las aportaciones que puedan introducirse durante su tramitación parlamentaria.

El texto legislativo, compuesto de 97 artículos divididos en ocho títulos y varias disposiciones, es un documento “pionero” y pretende convertirse en una herramienta básica para hacer frente a uno de los mayores retos a los que se enfrenta el territorio aragonés por el problema de la despoblación, según destacó la consejera de Presidencia en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

La normativa reconoce la fiscalidad diferenciada como una herramienta que puede ser fundamental para asentar a la población en los asentamientos en riesgo demográfico, pero establece también otros instrumentos para hacer frente a ese fenómeno y avanzar en el reequilibrio territorial, como el establecimiento de un mecanismo rural de garantía, la descentralización administrativa y el apoyo al emprendimiento, además de dar un tratamiento especial a aspectos relacionados con la mujer y los jóvenes, como elementos fundamentales para revertir la tendencia de la despoblación rural.

Lo más novedoso es el reconocimiento que hace de una fiscalidad diferenciada en los asentamientos que se encuentran en riesgo alto y extremo de despoblación, para los que prevé beneficios fiscales a quienes residan en ellos. Además, apuesta de manera especial por aquellos núcleos de población en los que la situación es más grave al encontrarse en riesgo extremo, en donde sus habitantes podrán tener una deducción anual de 600 euros de la cuota íntegra autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta última medida afectará  exclusivamente a los asentamientos en riesgo extremo de despoblación, que son 703 en Aragón con un número total de habitantes de 20.233. En la provincia de Teruel hay 167 asentamientos de estas características con 5.868 habitantes, mientras que en Huesca son 420 con 8.894 personas las que podrán beneficiarse, y en Zaragoza son 116 con una población total en ellas de 5.471.

Se trata de las zonas en situación de mayor riesgo por la pérdida de población, y esa deducción en el IRPF podrán tenerla siempre y cuando ese asentamiento sea su residencia habitual durante el año natural en el que se devengue la obligación tributaria, pero además deberá serlo también en los cuatro siguientes.

Condiciones

El proyecto de ley especifica además otras condiciones que deberá cumplir el beneficiario de esta fiscalidad diferenciada, como que la suma de la base liquidable general y del ahorro sea inferior a 35.000 euros en declaraciones individuales, y a 50.000 en declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 4.000 euros, sea cual sea la modalidad de la declaración.

La ley toma como referencia el concepto de asentamiento para definir los núcleos de población, y no los municipios, tal como establece la Estrategia de Ordenación del Territorio, y tiene a su vez en cuenta el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, que tiene en cuenta no solo la renta per cápita de sus habitantes sino otros indicadores.

Así, la fiscalidad diferenciada afectará a los asentamientos rurales con un Índice Sintético inferior a 100 con alto riesgo de despoblación y con riesgo extremo. Los primeros pertenecen a los rangos VIII y IX de la estructura del sistema de asentamientos de Aragón, y los segundos, que son los que presentan una situación más crítica, al rango X.





Esa deducción de 600 euros del IRPF beneficiará solo a los asentamientos del rango X (riesgo extremo), mientras que el resto de medidas fiscales diferenciadas lo harán tanto a este grupo como a los rangos VIII y IX (alto riesgo).

En estos tres casos los beneficios fiscales podrán aplicarse tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En total podrán beneficiarse en Aragón de esta fiscalidad diferenciada (salvo de los 600 euros de deducción del IRPF que es exclusivo para los asentamiento en riesgo extremo), 1.026 núcleos de población en los que viven un total de 70.756 personas. Se da la circunstancia de municipios que no entran dentro de los beneficios fiscales pero sí algunas de sus pedanías al tener rango VIII, IX o X y un Índice Sintético de Desarrollo Territorial inferior a 10, como puede verse en los dos mapas adjuntos a esta información.

En la provincia de Teruel hay 278 asentamientos, el 81% del total, en situación de alto riesgo o riesgo extremo de despoblación, en los que viven 26.429 personas. En Huesca esa clase de núcleos de población asciende a 542, el 70% del total, aunque las personas que viven en ellos es inferior, 19.452. Por último, en Zaragoza hay 206 asentamientos con esos rangos, un 27% del total, con 24.875 habitantes.

Para aplicar la fiscalidad diferenciada, lo que hace la nueva ley -de momento proyecto- es dar una nueva redacción al Capítulo VI del Título I del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos en 2005.

En todos los casos las deducciones del IRPF se refieren al tramo autonómico del impuesto. Así, en el caso de la deducción por nacimiento o adopción de tercer hijo o sucesivos se incrementa en un 20% para los asentamientos en alto riesgo o riesgo extremo de despoblación. El mismo incremento del 20% se aplicará por la atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos, para las adopciones internacionales, por la adquisición de libros y material escolar, y por los gastos de guardería de hijos menores de 3 años.

Además, por el cuidado de personas dependientes la deducción será de 300 euros con la fiscalidad diferenciada por despoblación, y por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitutal en estos núcleos será del 7,5%.

En lo que al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se refiere, el proyecto de ley contempla una bonificación en la cuota aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas del 60%, y del 70% en la cuota tributaria del concepto actos jurídicos documentados. Además, el tipo reducido aplicable a la adquisición de inmuebles para iniciar una actividad económica será del 0,75%.

Estos núcleos de población tendrán igualmente beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: reducción del 70% por la adquisición mortis causa sobre empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades causahabientes distintos del cónyuge o descendientes, y reducción del 70% por las adquisiciones que se destinen a la creación de empresas y empleo. En el caso de la reducción en la base imponible del impuesto a favor de los hijos del donante para la adquisición de vivienda habitual, el importe máximo será de 300.000 euros.

A las preguntas de la prensa sobre la merma de ingresos que podían suponer estos beneficios fiscales para las zonas despobladas, la consejera de Presidencia manifestó que no había que verlo así, porque “combatir cualquier tipo de desigualdad es una inversión a futuro”, que calificó de “absolutamente necesario” porque supondrá una mejora “cualitativa” para estos núcleos de población.

Mayte Pérez incidió en que la ley pretende “garantizar la igualdad de oportunidades”, así como “promover la cultura emprendedora” para atraer y retener población en el medio rural, además de impulsar la plena conectividad y fomentar el equilibrio de los territorios.

Medidas

La norma prevé igualmente  la creación, a través del Instituto Aragonés de Fomento, de una plataforma digital que preste asesoramiento para incentivar la actividad empresarial de los emprendedores y las pymes, y un programa que se denominará Territorio Emprendedor de Aragón.

Por otra parte, prevé la creación de bonos de impacto rural y un programa de relevo generacional, así como un Plan de Digitalización en el Medio Rural que permita promover la comercialización online de productos y servicios en estas zonas.

También contempla la puesta en marcha de la denominada Academia Rural Digital para la formación ocupacional y empresarial, al igual que los Laboratorios de Innovación Rural. Dentro de su extensísimo articulado, el proyecto normativo aprobado ayer no deja un solo aspecto del medio rural en ser tenido en cuenta, desde la movilidad y la asistencia a través de los servicios, la inmigración y el papel de los jóvenes y la importancia de la igualdad de género con medidas de apoyo a la conciliación. También presta atención a la descentralización administrativa para el asentamiento de profesionales de la administración pública en el territorio.

Será la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de las políticas de dinamización del medio rural que contempla, teniendo en cuenta, según destacó la consejera de Presidencia, que el mecanismo rural de garantía que incorpora el texto deberá servir para promover de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico que impulse el Ejecutivo desde la perspectiva demográfica.

El proyecto de ley establece asimismo que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán incluir en un anexo específico, detallado a nivel comarcal, el dinero que se destinará a los diferentes capítulos del presupuesto de gastos para llevar a cabo las medidas recogidas en su articulado.