Azcón anuncia nuevas deducciones fiscales para el medio rural como política frente al reto demográfico

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció este miércoles nuevas deducciones fiscales para quienes viven en el medio rural dentro de las políticas que va a impulsar el Ejecutivo autonómico para luchar contra la despoblación. Lo afirmó durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en las Cortes de Aragón, en el que se refirió al impulso de una ley que “beneficie” a quienes residen en el territorio, y destacó la lucha contra la despoblación como uno de los ejes principales de su acción de gobierno.

Azcón dijo durante su intervención, que se prolongó durante dos horas y media, que situaciones demográficas como la de la provincia de Teruel “obligan a adoptar políticas extraordinarias para no dejar a nadie atrás”, no sólo en este territorio sino también en otras partes de Aragón que padecen situaciones similares.

Incidió, no obstante, en Teruel, al referirse también a la reivindicación que el Ejecutivo aragonés está haciendo de forma insistente para que se apliquen en su máxima intensidad las ayudas al funcionamiento empresarial, que son competencia de la Administración General del Estado, o el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel, que recordó que fue el único fruto inmediato conseguido la semana pasada durante su reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Tras la intervención de Azcón este miércoles, en el que es su primer Debate sobre estado de la Comunidad, a partir de hoy jueves todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón tendrán su turno, a los que replicará el presidente y podrá precisar más sobre los anuncios hechos.

Azcón hizo un balance exitoso de su primer año de gobierno, que el PP inició en coalición con Vox y que ahora afronta en solitario pero manteniendo los mismos compromisos asumidos al inicio de la legislatura, dijo. Y dentro de ellos se refirió a la lucha contra la despoblación como una de las acciones principales del Ejecutivo.

El cuarto bloque, de los cinco en los que dividió su intervención, se centró en este asunto para recalcar que son “un Gobierno de Aragón que lucha contra la despoblación”, y que va a implementar las medidas existentes. Insistió, como viene repitiendo desde que es presidente, que todos los aragoneses tienen “los mismos derechos, vivamos donde vivamos”.

Entre los compromisos que adquirió en política fiscal se refirió específicamente a una fiscalidad especial para quienes viven en las zonas rurales más afectadas por la despoblación. Esbozó varias medidas en el marco de una ley de impulso social y empresarial a la fiscalidad autonómica, dirigida a la mejora fiscal de las familias, la adquisición de vivienda, la gestión y continuidad de las empresas familiares y de las pymes, y que “beneficie a los aragoneses que quieran seguir viviendo en el medio rural”.

Entre las deducciones y bonificaciones concretas que tiene intención de aplicar el Ejecutivo, dijo que en el ámbito de la vivienda habitual harán “que esta sea menos gravosa para su adquisición o rehabilitación en los pequeños municipios y, al mismo tiempo, elevaremos los límites de renta para que más aragoneses tengan la oportunidad de acogerse a estas ayudas”.

Y en concreto habló de las deducciones por el hecho de residir en los pueblos pequeños con el fin de asentar la población como un aliciente entre los residentes. Esto es algo que ya contempla la Ley de Dinamización del medio rural aprobada a finales de la pasada legislatura, sobre cuyas deducciones el PP criticó que fuesen escasas y abogó por un incremento, algo que Azcón se comprometió a aumentar durante su intervención.

En concreto dijo que crearán “nuevas deducciones para quienes viven en el medio rural”, y apuntó que quieren “acentuar la fiscalidad diferenciada que tímidamente se inició por el anterior Ejecutivo y que nos parece una idea que merece la pena desarrollar”. Aclaró que estas y otras rebajas fiscales previstas serán “razonables” y basadas en la “prudencia financiera” para hacer de Aragón un territorio “más atractivo fiscalmente”.

Visión positiva

El presidente ofreció una “visión positiva de la realidad de la comunidad” con datos macroeconómicos que así lo corroboran, además de los 32.000 millones de euros de nuevas inversiones en Aragón que se han comprometido en catorce meses para proyectos de tecnologías avanzadas, logística y agroindustria, además de otros que se presentarán próximamente.

Manifestó por ello que Aragón vive un “momento dulce” y que 2024 será recordado como “el año de la prosperidad”, pero puso énfasis en el problema de la despoblación y cómo la pérdida de habitantes está perjudicando a Aragón por el recorte de la financiación autonómica. Incidió en que es una situación “tremendamente injusta” porque Aragón y Extremadura son las únicas que van a perder ingresos (un 1,7%, en torno a 87 millones menos que transferirá el Estado a Aragón), cuando en el resto de autonomías crecerá el 2,5%.

Reclamó por ello a la Administración central un “fondo de compensación” que corrija el “castigo financiero” que sufre Aragón, porque como territorio extenso y con una población dispersa se tienen que “atender los mismos servicios”.

Reivindicó una financiación autonómica que tenga en cuenta el envejecimiento, la despoblación y la dispersión para mejorar la cohesión y el equilibrio territorial, y puso como ejemplo las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico como los acuerdos alcanzados con las Diputaciones Provinciales para luchar contra la despoblación, o la ronda de encuentros que está llevando a cabo con los consejos comarcales, sobre los que dijo que no se habían llevado a cabo con anterioridad. Avanzó en este caso un incremento de la financiación para las comarcas en los próximos presupuestos.

A lo largo de su intervención reivindicó que el Ejecutivo que preside está trabajando en la mejora de los servicios públicos con resultados ya palpables en todos los ámbitos, o en vías de conseguirlos, tanto en sanidad como en educación y servicios sociales. Negó que hubiese recortes, lo que calificó de “absolutamente falso”, y puso como ejemplo de la buena acción del Gobierno que en los cien primeros días se recuperase “el servicio de transporte sanitario urgente las 24 horas en el medio rural”.

Insistió en que el verdadero reto al que se enfrenta Aragón en materia de salud es “paliar el grave déficit de profesionales sanitarios, especialmente en el medio rural”, cuestión que recalcó que debe abordarse “desde una perspectiva de Estado” ante lo que calificó de “inacción” por parte del Gobierno de España.

Reivindicó en cambio las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo aragonés como los incentivos de hasta 30.000 euros en tres años para las zonas rurales de difícil cobertura y con contratos de hasta tres años de duración, frente a los que se ofrecían antes de incluso “un día de duración”, o la formación continuada. También se refirió al trabajo que se está haciendo para la implantación del Grado de Medicina en Teruel y avanzó que antes de fin de año se presentará un plan integral de infraestructuras sanitarias, además de reiterar los proyectos en marcha y confirmar que los hospitales de Teruel y Alcañiz entrarán en funcionamiento el próximo año.

En política educativa también reivindicó la apuesta hecha por el Ejecutivo del PP con un incremento en el presupuesto del 10%, frente a las críticas por recortes que hace la oposición, en cuya “falsedad” insistió. Recalcó que creen “en la escuela en el medio rural” y que han hecho una “importante apuesta” como mantener abiertas 41 escuelas con seis o menos alumnos, de ellas la mayor parte en Teruel con 21 centros. También aludió al incremento de los convenios con las diputaciones provinciales para la reforma y mejora de centros, que en el caso de Teruel se ha duplicado. La apuesta por las casas de infancia para facilitar la conciliación familiar, o el anuncio de inversiones como el millón y medio de euros que se van a destinar a ampliar el aulario de Formación Profesional del centro Bajo Aragón de Alcañiz, fueron otras acciones de su gobierno que destacó, al igual que la inversión de 1,5 millones para un hangar en el Aeropuerto de Teruel destinado a la formación en mantenimiento aeromecánico de aviones.

Incidió en el desarrollo económico con el impulso dado al Inaga, el apoyo a la atracción de nuevas inversiones en sectores de ámbito tecnológico y la adaptación de la oferta formativa a las nuevas necesidades laborales, así como al sector de la logística y el impulso del sector energético con la implantación de renovables.

Azcón indicó que de forma inmediata se iniciará la tramitación de un proyecto de ley de energía que recupere el contenido sustancial del Decreto Ley del anterior Ejecutivo, anulado por el Constitucional, “con algunos ajustes y mejoras” para dotar de más competitividad y seguridad jurídica al sector, además de potenciar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Reiteró por otra parte que se tramitará el Plan Energético 2024-2030 que incorpore una “ordenación territorial en el sector de las energías renovables” y establezca “zonas de especial protección” que tenga en cuenta criterios “ambientales, paisajísticos, agrícolas, culturales y urbanos”. Un plan que se someterá a información pública “en los próximos meses”.

Vivienda y carreteras

La política de vivienda con el ambicioso plan puesto en marcha -que incluye acciones específicas para los pequeños municipios rurales-, o para la mejora de carreteras con el Plan Extraordinario, fueron otros asuntos a los que se refirió y sobre los que dijo también que eran fundamentales para luchar contra la despoblación. El turismo, con los planes de sostenibilidad turística, y el impulso a la industria, en el caso de Teruel con acciones como la puesta en marcha del Fondo de Transición Justa, que estaba aparcado y que está dotado con 88 millones de euros, fueron otros asuntos a los que aludió el presidente aragonés, que también se refirió a la política nacional para denunciar la “involución constitucionalista como no se había visto nunca” que sufre España.

Sobre esta cuestión, con la que cerró su intervención, condenó la “debilidad extrema” del Gobierno central como rehén de unos socios que pretenden la “destrucción del Estado”. Situación, dijo, ante la que el Ejecutivo aragonés adoptará “cuantas medidas sociales, legales y judiciales” estén en su mano para “defender ese bien común supremo de convivencia, libertad e igualdad” recogido en la Constitución.