La racionalización y planificación a través de territorios inteligentes, claves para afrontar la despoblación

Las entidades supramunicipales deben ser las garantes de la prestación de servicios básicos en las zonas despobladas, como ya viene sucediendo en Teruel a través de la Diputación Provincial y la organización del territorio mediante comarcas con sus respectivas cabeceras. Y para ello los expertos consideran que debe haber una racionalización y planificación que garantice la prestación tanto de los servicios públicos como de los privados, mediante estrategias basadas en territorios inteligentes (smart territory), además de una mayor financiación a los mismos.

Es una de las conclusiones a la que llegan los especialistas que han elaborado el Libro Blanco de la Despoblación en España, que argumentan que debe reforzarse tanto la financiación como las competencias de estas administraciones. La cooperación interadministrativa y la puesta en marcha de territorios inteligentes que elaboren estrategias comunes para tener acceso a esos servicios públicos y privados, es lo que sugieren los expertos en Derecho Administrativo que se han centrado en esta parte del informe.

Hubo un tiempo en el que se cuestionó el papel de las Diputaciones Provinciales así como de las comarcas, pero es en esas administraciones más cercanas al territorio donde deberían concentrarse los esfuerzos para combatir la despoblación en algo tan básico para su subsistencia como es la prestación de servicios.

Rigor académico

Lo dice el mundo académico de la Universidad, puesto que no disponer de servicios desincentiva tanto a los que viven en los pueblos, pero tienen posibilidad de emigrar a otros lugares en busca de una mayor cercanía a los mismos, como a quienes pudiendo estar interesados en establecerse en el territorio no lo hacen por la carencia de ellos.

Es algo sobre lo que reflexiona el Libro Blanco contra la Despoblación que ha elaborado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, con lo cual se entiende que al emanar de la Administración central se trata de las líneas maestras que el Estado reconoce que deberían impulsarse para hacer frente al reto demográfico en el territorio.

El título oficial de este trabajo es Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, en el que han participado una veintena de expertos, en su mayoría catedráticos universitarios, que desde el ámbito del mundo académico analizan el problema de la cohesión territorial y la despoblación, y lanzan sugerencias y propuestas para su desarrollo.

Iniciativa parlamentaria

La iniciativa de elaborar este documento surgió a raíz de una comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del CIS, José Luis Tezanos, cuando el entonces parlamentario de la agrupación de electores de Teruel Existe, Tomás Guitarte, propuso la elaboración de un libro blanco sobre esta materia.

El trabajo fue encomendado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, desde donde se impulsaron varias reuniones de trabajo hasta el primer trimestre del año pasado. Fue a finales de 2023 cuando se publicó el informe definitivo con las aportaciones de todos, aunque a través de diferentes capítulos en función de las especialidades de cada participante.

La coordinadora de este trabajo, la catedrática de Derecho Constitucional, Yolanda Gómez Sánchez, explica que uno de los objetivos del grupo de trabajo era “mostrar las dificultades para la prestación de los servicios públicos en algunas zonas afectadas por la despoblación”.

Ese asunto es abordado por Diana Santiago Iglesias y Alice De Nuccio, ambas expertas en Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, que tratan el asunto en el capítulo titulado La prestación de los servicios públicos locales en zonas despobladas o en riesgo de despoblación: retos y oportunidades.
 

Yolanda Gómez destaca que las especialistas defienden, entre otras medidas, “la racionalización y planificación” a través de territorios inteligentes para afrontar el reto de la despoblación, y el “establecimiento de un régimen especial para los pequeños municipios”.

Santiago y De Nuccio ponen el foco en que el problema no es solo de España sino de toda Europa, puesto que en los últimos cincuenta años, la población europea en las áreas rurales ha disminuido un 14%.

El factor que ha provocado ese éxodo ha sido la tendencia de los Estados a “localizar los servicios esenciales de carácter público o semipúblico -principalmente el transporte, la educación y la salud- en las zonas urbanas, por tratarse de territorios con una mayor concentración de población”.

Las expertas señalan que estos territorios han sufrido “históricamente”, además de la disminución “progresiva” de oportunidades económicas comparables a las de las ciudades, una “importante diferencia” en lo referente a la calidad y el acceso a servicios tanto públicos como privados, “que han tenido un efecto directamente proporcional a la tasa de abandono de dichas zonas”. Eso se ha traducido en una “sangría poblacional” que no cesa, y que es preciso corregir “sin perjuicio de otras medidas” como garantizar el acceso a las infraestructuras de calidad.

Es precisamente una de las líneas recogidas en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfica que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2019, poco antes de que la gran Revuelta de la España vaciada que tuvo lugar en Madrid el día 31 de ese mes con una manifestación multitudinaria. Acudieron en torno a 100.000 personas para recorrer las calles de la capital española y puso el problema de la despoblación y los desequilibrios territoriales en el punto de mira de los medios de comunicación y en la agenda política.

Entre los objetivos que se fijaban esas directrices generales estaba la “prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio”.

Esa política se piensa implementar en esta legislatura, si finalmente no se ve interrumpida antes, con el plan España 30 minutos, anunciado por el actual Gobierno y cuya finalidad es establecer un marco normativo que garantice que los servicios básicos de todos los ciudadanos no se encuentren a más de media hora de su lugar de residencia.

Definir la cartera de servicios

En una reciente comparecencia en las Cortes Generales de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como ministra para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, dijo que ahora había que definir cuál era esa cartera de servicios mínimos, tanto públicos como privados, y establecer los mecanismos para acercarlos a los ciudadanos que los tienen lejos de donde viven. Un plan que requerirá de medidas que están por concretar, pero que en las zonas despobladas va a ser más difícil de cumplir en casos como la provincia de Teruel por la dispersión del territorio, el envejecimiento y la carencia histórica de infraestructuras de comunicación rápida.

De hecho el debate se ha abierto ya en la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Parlamento aragonés se aprobó este mes una PNL instando al Ejecutivo a que elabore un estudio sobre el coste que supondrá cumplir con esa medida, ya que buena parte de los servicios que se prestan son competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. En cualquier caso todavía no se ha concretado ese plan España a 30 minutos.

Lo que plantean las expertas en el Libro Blanco es mejorar el acceso y la calidad de los servicios locales mediante una planificación inteligente a través de los smart territory. Su objetivo debería ser “diseñar e implementar acciones para garantizar unos adecuados servicios administrativos y de gestión -no sólo públicos, sino también privados que presenten interés general-, así como unos servicios básicos de calidad”.

Reconocen que la transformación de un territorio en inteligente, lo que conlleva la cooperación y colaboración de varios núcleos de población para la prestación de servicios comunes, es un proceso “largo y complejo” cuando el objetivo a alcanzar es conseguir el máximo nivel de desarrollo.

De cara a la configuración de estos territorios inteligentes, cuya finalidad última será conseguir un desarrollo económico más sostenible y una mejor calidad de vida a partir de una gestión más eficiente de los recursos existentes, según indican las autoras del informe, pasa en una primera fase por el diseño de estrategias y programas de territorios inteligentes.

A nivel local, apuntan que la estrategia podría abordarse “desde un nivel supramunicipal”, debiendo reservar, eso sí, un papel importante a la provincia. “Será necesario garantizar la compatibilidad y la complementariedad entre las estrategias elaboradas a nivel estatal, autonómico y local, entre sí, y con aquellas diseñadas con otras finalidades, en particular, con las elaboradas para la lucha contra la despoblación”, indican las expertas.

Y en esa línea deberán establecerse mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las distintas administraciones públicas implicadas. Para ello consideran necesario la elaboración de estudios previos que permitan establecer prioridades.

En una segunda fase plantean la aprobación de esos proyectos a nivel supramunicipal, ya sea provincial, comarcal o de otro ámbito, para acercar así los servicios  a la ciudadanía. Apuntan que estos instrumentos de planificación deben hacerse de forma pactada entre las distintas administraciones, tanto la central, la autonómica y la local, para garantizar la “participación real y efectiva” de todos los niveles de gobierno.

Financiación adecuada

El otro aspecto fundamental en el que inciden las dos académicas autoras de esta parte del informe sobre cohesión territorial, es la necesidad de diseñar un régimen especial para los pequeños municipios reformando la Ley de Bases de Régimen Local. Este régimen tendría que pivotar sobre tres ejes: el ámbito de su aplicación, la reformulación del nivel supramunicipal, y la prestación de servicios públicos por los entes locales.

Las expertas argumentan que debería apostarse por “el reforzamiento del papel de la provincia y, en su caso, de entidades equivalentes, como la comarca”. Y junto a ello dar un paso más y aprovechar la ocasión para “clarificar” el régimen competencial de la provincia, “ampliando, en su caso, el elenco de materias sobre las que se les atribuye de forma expresa competencias materiales” en la Ley de Bases de Régimen Local.

También entienden que sería conveniente “revisar los mecanismos de financiación de los pequeños municipios con el fin de garantizar su suficiencia financiera para hacer frente a sus obligaciones de prestación de servicios en condiciones adecuadas de calidad”.

Plantean la posibilidad, que consideran “interesante”, de introducir sistemas de “nivelación intermunicipal” mediante la creación de “uno o varios fondos, cuya distribución se basa en fórmulas en las que se tienen en cuenta diferentes indicadores de posible desigualdad o debilidad financiera”.