El Gobierno de Aragón descentralizará también sus departamentos y organismos

El Gobierno de Aragón también contempla descentralizar sus departamentos y organismos públicos de la Administración autonómico para lograr un mayor equilibrio territorial y luchar contra la despoblación, en la línea de lo que está haciendo ya el Ejecutivo central. Así lo recoge el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, que prevé medidas dirigidas a que el sector público esté más repartido en el territorio.

Entre las mismas contempla también dar incentivos a aquellos trabajadores de la administración que desarrollen su labor en las zonas rurales y que además residan en ellas, como una manera de atraer profesionales hacia estos lugares.

Estas iniciativas están recogidas en el capítulo II del proyecto de ley, pendiente de tramitación parlamentaria, en el que se fijan los principios rectores que deberán regir esta norma, como es el mecanismo de garantía rural, que establece que todas las políticas y leyes deberán tener en cuenta su impacto en el territorio.

El artículo 15 del texto legal se refiere a las medidas que deberán adoptarse en materia de empleo público y descentralización, pensando en cómo pueden favorecer al desarrollo de las zonas rurales. Es ahí donde plantea la descentralización de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma.

En su punto cuarto señala que “la Comunidad Autónoma de Aragón tendrá en cuenta la descentralización administrativa como instrumento de dinamización del medio rural y lucha contra la despoblación”.

Para ello señala que estudiará “las posibilidades de descentralización de sus departamentos, organismos autónomos, entidades de derecho público u otras instituciones de ámbito autonómico previo análisis con criterios de eficacia y eficiencia de las necesidades y disponibilidad de medios técnicos, económicos y humanos y previa negociación colectiva”.

Esa política descentralizadora la ha iniciado ya el Gobierno central dentro de su Plan de 130 medidas para hacer frente al reto demográfico, y fue precisamente Aragón una de las comunidades que lo reclamó al Estado a finales de la legislatura pasada en pleno proceso electoral.

Fue el presidente aragonés, Javier Lambán, quien lo planteó a Pedro Sánchez a principios de 2019, de manera que el Estado comenzase un proceso de descentralización de los servicios concentrados en Madrid.

Uno de los primeros organismos descentralizados en crearse en esta legislatura por parte de la Administración central ha sido el Centro de competencias digitales de Renfe, que opera desde el año pasado en Teruel, y actualmente las instituciones turolenses y aragonesas han presentado su candidatura para que la ciudad y provincia puedan albergar la futura Agencia Espacial Española.

A raíz de las reclamaciones hechas por Lambán a Madrid para que descentralizase organismos al resto del país, la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel inició una campaña para pedir al Gobierno de Aragón que hiciese lo mismo con la Administración autonómica, en la misma línea de su reivindicación para que se descentralicen las oposiciones y viajen los papeles en lugar de hacerlo las personas. El movimiento vecinal volvió a hacer esta petición a finales del año pasado cuando se enviaron escritos en ese sentido tanto al Ejecutivo aragonés como a los distintos partidos políticos que conforman el arco parlamentario.

En concreto, la Federación Vecinal ha planteado de momento que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se instale en Teruel, y el de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, que es competente en materia de minas y turismo, vaya a Alcañiz o Andorra. Además, han planteado que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se ubique en Huesca; y que una institución como el Justicia de Aragón pudiera trasladar su ubicación a Calatayud.

Próxima legislatura

La Ley de Dinamización del Medio Rural abre esa posibilidad, si bien antes deberá ser aprobada por las Cortes de Aragón, y posteriormente ser desarrollada en todo su articulado, algo que no podrá empezar a hacerse hasta la próxima legislatura.

En cualquier caso, el texto, tal como viene recogido en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Aragón, abre esa posibilidad previo estudio de cómo se llevaría a cabo ese proceso de descentralización. En el caso de la Administración central se ha establecido que se hará con los organismos de nueva creación, si bien el proyecto de ley aragonés va más lejos puesto que incluye la descentralización de sus departamentos, aunque precisa que previamente deberá ser sometido a un estudio de posibilidades.

No es la única medida cuya posibilidad abre esta ley para que el empleo público se convierta también en un factor de equilibrio territorial y de lucha contra la despoblación en las zonas rurales.

En este sentido, la ley plantea que se “adoptarán medidas específicas de discriminación positiva y/o incentivos administrativos, profesionales y económicos para el personal empleado público que realice su actividad y resida en zonas rurales o cubra puestos de difícil cobertura en las zonas rurales que se determinen”.

A este respecto, el artículo 15 del proyecto de ley precisa que el Gobierno de Aragón, y de acuerdo con la legislación aplicable en materia de empleo público y dentro del marco de la legislación estatal básica, “podrá adoptar previa negociación colectiva medidas específicas al objeto de propiciar en las zonas rurales la estabilidad del empleo público, preferentemente  en el ámbito agroambiental, educativo, sanitario y de servicios sociales”.

Empleo e iniciativa pública

El proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural pretende vincular también la Administración pública a la generación de empleo en aquellas zonas escasamente pobladas en donde lleve a cabo trabajos en materia de conservación de carreteras y similares.

En concreto, señala que “se procurará que la realización de los trabajos de mantenimiento de las carreteras, acceso a núcleos, limpieza invernal de calzadas, servicios públicos, limpieza y señalización de caminos y tratamientos forestales, generen empleo en el medio rural y en especial en los municipios y asentamientos dependientes”, todo ello conforme a la clasificación de los asentamientos de carácter rural, puesto que la norma pretende primar a aquellos núcleos de población que se encuentren en una situación demográfica de alto riesgo o riesgo extremo.

Por otra parte, la ley señala también que “se plantearán medidas enfocadas a la recualificación profesional y formación continua del personal técnico que opera en el medio rural para la mejora de sus competencias en torno al empleo, la empleabilidad y orientación de los usuarios en los nuevos nichos de empleo”.

Uno de los ejes del proyecto de ley es sentar las bases para generar actividad económica en las zonas rurales como uno de los retos fundamentales para asentar población.