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La desconcentración de nuevas sedes estatales de entidades públicas se hará mediante concurrencia competitiva La desconcentración de nuevas sedes estatales de entidades públicas se hará mediante concurrencia competitiva
Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial

La desconcentración de nuevas sedes estatales de entidades públicas se hará mediante concurrencia competitiva

Maru Díaz insiste a la ministra de Ciencia para que Teruel acoja la Agencia Espacial Española
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La desconcentración de nuevas sedes de entidades del sector público estatal que va a acometer el Gobierno central se hará mediante concurrencia competitiva a partir de las propuestas que hagan las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, según acordó ayer el Consejo de Ministros, que próximamente aprobará un real decreto que regulará estos procedimientos. La provincia de Teruel aspira a albergar entre otros organismos la futura Agencia Espacial Española, que ya ha solicitado formalmente el Gobierno de Aragón y sobre lo que la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, volvió a insistir la semana pasada en una carta enviada a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

La desconcentración administrativa del Estado es una de las medidas que vienen recogidas en el Plan de 130 medidas del Reto Demográfico aprobado en marzo del año pasado por el Gobierno central, y que responde además a un compromiso personal adquirido por el presidente, Pedro Sánchez, para revitalizar los territorios con problemas de despoblación.

La reivindicación de esa descentralización la lanzó el presidente de Aragón, Javier Lambán, en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2019. Además, y figura entre los acuerdos de investidura entre el PSOE y Teruel Existe de 2020, que señalan que “para afrontar el reto demográfico, se impulsará la desconcentración territorial del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades, mediante el diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos concernidos”.

Desde el inicio de la legislatura ya se han descentralizado algunos organismos de nueva creación, como ha sido el caso del Centro de Competencias Digitales de Renfe, que funciona en Teruel capital desde mediados del año pasado. La provincia aspira, no obstante, a que dentro de ese proceso de desconcentración se puedan instalar otras dependencias estatales en Teruel.

Demandas

Entre las demandas está la Agencia Espacial Española, que ha reivindicado para Teruel el Gobierno de Aragón a través de su consejera de Ciencia, Maru Díaz, desde que en la primavera del año pasado el Ejecutivo central lanzase la idea de crear dicho organismo. Se pidió al entonces titular de la cartera de Ciencia, Pedro Duque, y después a su sucesora, Diana Morant.

La consejera Díaz volvió a insistir la semana pasada en esta reivindicación en otra carta enviada a la ministra Morant, después de que el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobase la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que prevé la creación de la Agencia Espacial Española.
 

La consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz


Esa descentralización de organismos estatales, que solo afectará a los de nueva creación, estará regulada por un real decreto que irá próximamente al Consejo de Ministros. En su reunión de ayer el Ejecutivo central lo que hizo fue aprobar el acuerdo que regulará el proceso de desconcentración de estas nuevas sedes de entidades estatales, que se hará con criterios objetivos y transparentes.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que este proceso de desconcentración se enmarca en “la estrategia del reto demográfico” para “impulsar la igualdad en todo el territorio español” y “cimentar la cohesión social”.

Fijar población

Se trata de una iniciativa que está dirigida a “fijar población” y “crear empleo estable”, desde el convencimiento, dijo la ministra, de que la Administración General del Estado es un “agente protagonista de la vertebración del territorio” para conseguir así “revitalizar las áreas despobladas o en declive demográfico.

Rodríguez aseguró que la elección de los lugares donde se ubicarán las nuevas dependencias de organismos estatales se hará de una forma racionalizada “atendiendo a cuestiones del reto demográfico” y “transparencia”. Por ello anunció que serán procesos de concurrencia competitiva, de manera que podrán participar todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que quienes estén “mejor posicionadas” por cuestiones de espacios y necesidades en materia de empleo podrán concurrir.

La ministra incidió en que regular este procedimiento de forma reglamentaria pretende dar “rigor” y “consolidar” la decisión política de vertebrar el territorio para avanzar en una cohesión que perdure en el tiempo y que “ayude a frenar la despoblación” aprovechando las oportunidades que esa desconcentración supone.

El acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros establece que se constituirá una comisión consultiva que presidirá la ministra de Política Territorial, como órgano interministerial de la Administración General del Estado, que asistirá al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes donde se ubicarán las nuevas entidades del sector público institucional estatal.

Procedimiento

El procedimiento se desarrollará en un real decreto que según Rodríguez irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas. El mismo recogerá el tipo de entidades que podrán descentralizarse, siempre las de nueva creación, y abarcarán tanto organismos públicos y autónomos, como entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes  de personalidad jurídica.

Será el Consejo de Ministros el que iniciará y finalizará el proceso, y la comisión consultiva informará la decisión elaborando un dictamen con las distintas alternativas. Cuanlquier comunidad o ayuntamiento podrá postularse ofreciendo la cesión de bienes inmuebles y la asunción parcial o total del coste financiero compartiéndolos con el Estado.

El acuerdo de ayer establece que se valorará el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de la actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región. Además, se tendrá en cuenta el papel de los trabajadores públicos ofreciendo condiciones ventajosas de traslados.

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