El Gobierno aragonés impulsará políticas para desarrollar la economía verde sostenible en el territorio

Dentro de la variedad de asuntos que aborda el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, que el próximo jueves será sometido al debate a la totalidad en las Cortes de Aragón, el articulado se fija de manera especial en la economía verde sostenible y el aprovechamiento de los recursos forestales para la generación de empleo, dos cuestiones que pueden tener mucha incidencia en la provincia de Teruel. La sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural será uno de los criterios que deberán tenerse en cuenta en las políticas públicas que impulse el Ejecutivo aragonés en esta materia.

El proyecto de ley recoge estas dos cuestiones en el título V de su articulado relativo a la orientación de las diferentes políticas públicas que deberá impulsar la DGA para el desarrollo de las activades económicas en el territorio. Una de ellas es la economía verde, que no se refiere solo a las energías renovables, y cuyo desarrollo está condicionado a la conservación de los espacios naturales.

Así lo recoge el artículo 43, que indica que la Administración de la Comunidad Autónoma “impulsará las medidas de fomento y despliegue de las energías renovables procurando el equilibrio territorial del medio rural y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y de conservación del patrimonio natural”. Lo hace en el sentido de los planteamientos que viene haciendo el Ejecutivo aragonés tendentes a conseguir un modelo energético propio que repercuta favorablemente en el propio territorio, en lugar de convertir a este en exportador de energía.

Renovables

En este sentido, la ley establece que se potenciará el uso de las renovables como elemento generador de empleo y riqueza en el medio rural, para lo cual entre las medidas planteadas estará la priorización de programas o líneas de ayudas e incentivos económicos destinados al “fomento de proyectos de energías renovables, autoconsumo, almacenamiento de energía a gran escala, eficiencia energética y movilidad sostenible”.

Además, se pretende dar un impulso al fomento de la producción energética “mediante el aprovechamiento de recursos generados en el sector agrícola y ganadero, así como la biomasa forestal”. En ese modelo de adaptación al cambio climático, se pretenden promover políticas públicas que permitan desarrollar proyectos de producción y almacenamiento de energía eléctrica “a partir de fuentes de energía renovables y comunidades energéticas locales que contribuyan con sus infraestructuras eléctricas a la expansión del tejido industrial y empresarial en el medio rural”.

Las comunidades energéticas es algo en lo que incide mucho la ley, es decir, que los propios habitantes del territorio generen su propia energía gracias a recursos como el solar, como ocurre ya con algunos proyectos, y puedan verter sus excedentes a la red.

A este respecto, el proyecto de ley establece que se favorecerá la puesta en marcha de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para la promoción y dinamización de las comunidades energéticas locales. En esa misma línea, en las zonas rurales donde se establezcan instalaciones de generación renovable deberán implementarse “políticas de discriminación que favorezcan el abaratamiento de los precios de la energía tanto para los usos domésticos como para las actividades económicas”.

Formación profesional

La ley obligará igualmente a impulsar la formación profesional en las zonas rurales para las operaciones de mantenimiento y almacenamiento de las energías renovables, y se promoverán “planes de recuperación de especies de fauna y avifauna cuyos ejemplares aislados estén afectados negativamente por las instalaciones de generación eléctrica”, que deberán financiarse con ingresos finalistas procedentes de las actividades económicas de las renovables.

Por otra parte, la ley plantea impulsar la Estrategia Aragón Circular y en colaboración con el sector privado impulsará el desarrollo de modelos de negocio relacionados con la bioeconomía circular para generar empleo y riqueza en estos territorios.

En esta línea se plantean acciones dirigidas a que el tratamiento de residuos ganaderos y agroalimentarios se puedan destinar a la fabricación de biofertilizantes que “ayuden a secuestrar el carbono en forma de materia orgánica en el suelo”, según precisa la ley, de igual forma que a impulsar la formación para explotar las posibilidades de la bioeconomía para generar riqueza. Y unido a ello plantea potenciar la colaboración con el sector investigador para hacerlo posible.

Sumidero de carbono

En cuanto al sector forestal, el artículo 45 de la ley establece que la Comunidad Autónoma deberá adaptar sus políticas para que sus montes cumplan sus funciones para la conservación de la biodiversidad “como sumidero de carbono y como agente protector del suelo y los acuíferos que subyacen en él”.

En ese sentido, la norma que se encuentra en tramitación parlamentaria establece que se fomentará el desarrollo sostenible y la creación de empleo a través del aprovechamiento de los recursos forestales  y de su uso como espacio de ocio de conformidad con la normativa vigente, para lo que establece nueve actuaciones concretas, la primera de ellas el fomento de las inversiones en actividades de silvicultura, gestión forestal sostenible, restauración de daños causados a las masas forestales, así como recuperación de vías pecuarias y el fomento del pastoreo en sistemas extensivos.

Por otra parte, establece medidas para potenciar los trabajos de prevención y extinción de incendios, y la regulación del uso público recreativo, así como la promoción de las actividades de ocio, salud y turísticas desarrolladas en el medio natural.

La norma establece igualmente en este apartado la regulación de las actividades cinegéticas y de pesca para generar desarrollo económico, la valorización de los productos forestales endógenos, el fomento de la investigación ecológica-forestal en esa misma línea y la planificación y certificación forestal para hacer un mejor uso del monte público. En términos generales este apartado de la ley aspira a favorecer un modelo de gobernanza en la política forestal y rural que potencie el desarrollo sostenible y respetuoso de los recursos del medio rural.