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Valero anuncia vallados y siembra en fincas de cebo para paliar los daños de los ciervos en la Sierra de Albarracín Valero anuncia vallados y siembra en fincas de cebo para paliar los daños de los ciervos en la Sierra de Albarracín
El director de Caza y Pesca, Jorge Valero, ayer durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura

Valero anuncia vallados y siembra en fincas de cebo para paliar los daños de los ciervos en la Sierra de Albarracín

PSOE, PAR y Aragón Existe le reprochan que cazar en época de veda no ha gustado a nadie
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Cruz Aguilar

El director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Jorge Valero (Vox), anunció este lunes diversas medidas destinadas a paliar los problemas derivados de la sobrepoblación de ciervos, como el saqueo de los cultivos o los accidentes de tráfico. Entre los proyectos que tienen previsto implementar a corto plazo está el vallado de carreteras y fincas de cultivo y también la plantación de cereal en campos que se usarán como cebaderos. Valero compareció en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, donde tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés y Aragón Teruel Existe le reprocharon que la norma extraordinaria adoptada para frenar la población de ciervos, y que ha permitido su caza entre el 1 de mayo y el 1 de junio, ha sido totalmente equivocada y no ha gustado a ninguno de los colectivos que conforman el tejido de la Sierra de Albarracín.

Las vallas se van a colocar en espacios estratégicos, como la recta entre Orihuela del Tremedal y Bronchales, para evitar accidentes de tráfico, y también en aquellas zonas donde se ha realizado una concentración parcelaria para evitar que los animales esquilmen las cosechas. Por otro lado, el director de Caza argumentó que se van a aplicar nuevas tecnologías en la realización de los censos y concretó que se harán conteos de animales mediante imágenes termográficas, aplicando la Inteligencia Artificial al proceso, aunque sobre este asunto reconoció tras la comparecencia que el proyecto está iniciándose aún.

Jorge Valero desgranó las principales cifras de la norma extraordinaria que permitía cazar en periodo de veda, algo a lo que se inscribieron 140 cazadores locales, lo que supone el 44% de los que hay en la Sierra de Albarracín. En algunos lugares como Calomarde, Bronchales o Noguera, todos los aficionados a la caza se apuntaron.

Entre los 140 han sacrificado 627 animales, una cifra inferior al cupo de 1.000 fijado, y se han interpuesto cuatro denuncias por abatir machos, que esta prohibido ya que la norma permitía la caza únicamente de hembras y crías menores de un año, tanto de ciervo como de corzo, jabalí o gamo.

Por otro lado, detalló que en el año 2023 se recibieron 17 reclamaciones por daños; 11 en el 22; 7 en el 21 y 12 en 2022. Valero comentó que se trata de los datos de reclamaciones, que accidentes “y sustos” hay muchos más y matizó que “no podemos jugar a la ruleta rusa con la abundancia de ciervos”.

El director general reconoció que la medida adoptada no le gustaba, “pero era la única que en ese momento se podía tomar” y entre las justificaciones citó también motivos sanitarios puesto que una sobrepoblación extiende las plagas más rápidamente. Por último, habló de lo que definió como “chabolismo de huerto”, a partir de palés, somieres y otros enseres reutilizados, que se está generando en el entorno de muchos pueblos para evitar el saqueo de las huertas por parte de los ciervos.

Duras palabras del PAR

En el turno de intervenciones el primero fue el representante del Grupo Mixto-PAR, Alberto Izquierdo, quien reconoció la buena intención de la medida adoptada, pero la calificó de poco acertada: “No se podía hacer peor, está enfadado todo el mundo en la Sierra”, aseguró.

“Creo que usted ha escuchado a una parte, a los agricultores, ha tratado de tomar una solución y se ha equivocado, por lo que le pido que pare la solución adoptada y la testee”, dijo el portavoz aragonesista. Según Izquierdo, los cazadores deben ir acompañados, para garantizar que se abatan a los animales que corresponde, por una persona responsable, “y si no tienen personal, pidan ayuda a los ayuntamientos”. Les recordó que aunque la mayoría de los cazadores han cumplido la norma, otros no, y la prueba está es las denuncias que hay por este motivo y que Valero aseguró que serán abonadas por los infractores.

Buj habla de improvisación

La portavoz de Aragón Existe, Pilar Buj, calificó la medida extraordinaria de “populista” porque, dijo, “son soluciones de última hora, improvisadas, a un problema difícil que se arrastra en el tiempo”. Tildó la matanza de “indiscriminada y a destiempo” y detalló que están matando a ciervas preñadas y otras con crías que, sin su madre, también acabarán muriendo. “Los propios cazadores creen que la solución está en hacer más batidas en temporada de caza, además así la venta de carne iría para los propios ayuntamientos”, dijo Buj, quien animó a Valero a “contar con la gente que vive en la reserva” antes de adoptar una medida así que, concretó, “ha enfrentado a diferentes colectivos”.

El portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, compartió la necesidad de controlar las poblaciones cinegéticas, pero planteó que “las cosas se podrían haber hecho mejor” porque, como aseguró, se trata de “un problema estructural y la toma de medidas se puede adoptar al aprobar el Plan General de Caza”, dijo.

Desde Vox, Santiago Morón, portavoz de Agricultura en las Cortes, defendió la medida porque la situación era “tan complicada que exigía una solución extraordinaria”. Aprovechó su intervención para culpar la gestión de los últimos años en la reserva y matizó que esa “falta de soluciones en el pasado” es lo que ha conducido al momento actual.

Peralta exige disculpas

El portavoz de Agricultura del Partido Socialista, Ángel Peralta, incidió por su parte en la necesidad de que Valero pida disculpas por haberse equivocado al adoptar esta medida. “Hemos hablado con gente de diferentes profesiones y no hemos encontrado a nadie que le haya gustado, lo califican de barbaridad, por decirlo suavemente”, sentenció.

Peralta le acusó además de actuar de espaldas a la Federación de Caza, que es un interlocutor válido para estas cuestiones. A su juicio, una forma de controlar la población que sí defienden los propios lugareños es “ampliar el cupo de animales” durante la época de caza, “pero no en la de cría”, que es lo que ha hecho la dirección general actual causando un gran malestar entre diferentes colectivos de la sierra.

También le reprochó que la subasta de la carne suponía para los municipios unos ingresos anuales de entre 150.000 y 200.000 euros: “¿Dónde está es dinero y qué control sanitario para esa carne ha habido?”, le espetó durante su intervención. Valero le respondió que los ingresos por venta de carne no los han perdido los ayuntamientos porque “este ha sido un descaste extraordinario” y le animó a denunciar si tenía constancia de que esa carne no se había comercializado por los canales adecuados.

Sin embargo, en campañas anteriores, cuando el Gobierno de Aragón consideraba que había que hacer descaste, eran los guardas los que abatían a los animales -también hembras y crías– hasta llegar al cupo y la carne se vendía y repercutía en los Ayuntamientos.

No demonizar al cazador

El portavoz de Agricultura del Partido Popular, José María Giménez, reconoció que la medida podría mejorarse y “actuar de otra manera”, pero planteó que “tomar decisiones no es fácil” y abogó por “no demonizar a los cazadores”.

El director general aseguró que “la caza controlada que se ha hecho en los últimos ocho años no ha servido para nada” porque la cifra de animales ha seguido creciendo. Detalló que el prestigio de la reserva estaba debilitado porque la acción de caza es muy sencilla, por eso planteó que no debe ser “un tiro al blanco, que quien salga con la escopeta no tenga asegurada la presa”.

En el debate también salieron a relucir las ayudas que perciben los agricultores, que son de 175 euros por hectárea cuando calculan que las pérdidas reales rondan los 250 euros. En este sentido Valero se mostró muy crítico y, tras recordar que el precio por los daños ocasionados por las grullas en el Jiloca es de 90 euros por hectárea, aseguró que “no entra” en la visión que en el departamento tiene de la agricultura “un agricultor que no aspire a cosechar”, a la vez que añadió que, de otra forma, sería “ponerlos en nómina para que se dediquen a sembrar cuatro granos para los ciervos”. Señaló que “sí que hay que pagar las pérdidas reales, pero no tolerar que la agricultura se convierta en jardinería en una comarca”.

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