Un informe geológico cifra en más de 18.000 litros diarios las filtraciones de las balsas de Concud

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Teruel cifra en más de 18.000 litros diarios la cantidad de agua que se pierde con las filtraciones de las balsas de Concud que emplea la empresa Jamones Albarracín para depositar vertidos procedentes del secadero situado en Platea. Los vecinos de la pedanía turolense muestran su preocupación, mientras que el Ayuntamiento ha emitido un decreto instando a la reparación de las balsas que originan las filtraciones y la empresa ha alegado porque considera que el informe “llega a unas conclusiones erróneas”.

El pasado 28 de enero la alcaldesa, Emma Buj, firmó un decreto por el cual pedía la suspensión de la actividad de las balsas que están generando esos daños e instaba a su reparación. Los vecinos del barrio pedáneo, que llevan tres años denunciando los problemas de vertidos y malos olores producidos por estas balsas, mostraron este miércoles su preocupación por estos datos e instaron a otras administraciones a actuar como ha hecho el Ayuntamiento.

Lo hicieron tras una reunión mantenida con la alcaldesa, Emma Buj, y el primer teniente de Alcalde, Juan Carlos Cruzado, donde analizaron los datos del informe que el consistorio turolense encargó en el mes de octubre al Gabinete Geológico de la Diputación de Teruel y el decreto emitido tras conocer esos resultados.

Los vecinos consideraron que el informe del Gabinete Geológico es “muy exhaustivo y concluyente”, afirmó su portavoz Fernando Belenchón. En él se analizan las características del terreno, los acuíferos que hay desde Cella hasta el río Alfambra y la pluviometría que ha habido durante el último año. Se acompaña de varios análisis de agua, en las balsas, en las filtraciones, aguas arriba del río y aguas abajo de las balsas.

Las conclusiones son que aguas arriba el agua está limpia, y aguas abajo, una vez que ha pasado por el barranco, está altamente contaminada. Además, hace una estimación de entre 18 y 19 metros cúbicos diarios de filtraciones, “lo que quiere decir que se están vertiendo al barranco 7 millones de litros al año de agua altamente contaminada que luego va al río, baja al Alfambra y va a nuestros huertos. Las conclusiones hablan por sí solas”, argumentó Belenchón, que agradeció la rapidez que se ha dado el Ayuntamiento en emitir un decreto tras conocer los resultados del informe técnico y en el que se ordena el cese de la actividad de las balsas. “Hemos solicitado garantías de que se va a cumplir el decreto”, afirmó.

Belenchón aseguró que se trata de un tema muy serio por las cantidades que se están barajando e instó a la empresa a que tome medidas. “La semana pasada la CEO de Jamones Albarracín daba conocimiento de los resultados del año pasado y decía que a su empresa le habían dado un premio a las mejores empresas de España. No entendemos como una empresa de estas características para gestionar sus residuos los deposita en el monte y ahí se acaba todo. Hay sistemas en el mercado para solucionar este problema”, manifestó.

La empresa emitió en la tarde de este miércoles un comunicado en el que reiteraba su correcta actuación en todas las cuestiones referentes a la gestión de las balsas de Concud. La compañía se reafirmó en las conclusiones del informe que encargó a la empresa especializada Fugatec, el cual revelaba que no existía ninguna fuga.

Según la empresa, la instalación quedó plenamente sellada e impermeabilizada tras la inversión de cerca de un millón de euros que realizó la compañía turolense para subsanar un problema puntual de fugas.

“Desde un primer momento, la empresa ha actuado en favor del interés general, puesto que las nuevas balsas se construyeron para poder reparar la que sí presentaba una fuga hace unos años”, aseguran en la nota.

Desde Jamones Albarracín consideran además que, las conclusiones a las que llega el estudio recibido desde el gabinete geológico de la Diputación Provincial de Teruel “son erróneas” y así lo ha argumentado la compañía en las alegaciones presentadas rebatiendo los datos del informe con otros propios.

Por ello, Jamones Albarracín ha solicitado al Ayuntamiento de Teruel que se paralicen los plazos requeridos en el decreto para la toma de medidas por parte de la empresa y que se desestimen las medidas comunicadas y todo el procedimiento sancionador fundamentado en las filtraciones, “en tanto en cuanto estas no sean demostrables y cuantificables técnicamente”. En su documento de alegaciones realiza diferentes cálculos a partir de las seis balsas y un pequeño depósito que suman 15.562 m2 de superficie útil para demostrar que las mediciones del informe geológico no son debidas a filtraciones de las balsas.

Tras la reunión con los vecinos, el primer teniente de Alcalde explicó que se había dado un plazo de diez días para que la empresa presentara las alegaciones oportunas pero adelantó que la idea era desestimarlas “porque no aportaban datos muy concretos de lo que sucede ahí”.

La hipótesis que plantea la empresa sobre el origen del afloramiento de agua en el barranco de la Chopeda es que se ha producido un deslizamiento del acuífero como consecuencia de las fugas que se produjeron entre 2021 y 2022 y que llevó a la empresa a tomar la decisión de hacer nuevas balsas.

Nuevo sistema de filtrado

Jamones Albarracín informó además que, tras estudiar todas las posibilidades para llevar a cabo el tratamiento de agua en sus instalaciones, se encuentra realizando los trámites para instalar un nuevo sistema de filtrado de agua en su planta, que vienen aparejados a una importante inversión económica en Teruel, que se suma a los 15 millones invertidos en las ampliaciones de los últimos años y a los más de 50 millones de euros desde su fundación en 2001.

“Este sistema reduciría la cantidad de agua a verter en las balsas y permitiría su reutilización en la planta, por lo que supondría terminar con gran parte de los vertidos que van a las balsas”, explicó en el comunicado.

Jamones Albarracín lamenta que el Ayuntamiento adopte medidas “tan perjudiciales contra quien siempre ha actuado de manera correcta”, asegura en la nota. Recuerda además que genera más de 150 empleos en la capital, una ciudad “que está falta de las grandes inversiones que aporta una compañía como esta”.

La firma asegura, en la misma nota, que la actuación del Ayuntamiento “sitúa a la empresa al borde de la paralización de su actividad” y, por tanto,”revisará sus planes de futuro inmediato”, que contemplaban el aumento de las inversiones y los puestos de trabajo en Teruel. Asimismo, la compañía anunciará próximamente las acciones legales a tomar, “tanto para defender su reputación ante las calumnias, como sus inversiones económicas ya realizadas estos años en total cumplimiento de la legislación vigente y que ahora se ven afectadas por este decreto”.

Los vecinos de Concud denuncian la “inacción” de algunas administraciones

Los vecinos de Concud quisieron este miércoles hacer una denuncia pública sobre las administraciones que deberían investigar las filtraciones y vertidos que han denunciado y que se están produciendo desde hace tiempo. Pusieron sus miras en el Instituto Aragones de Gestión Ambiental (Inaga) y en el Departamento de Medio Ambiente así como en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). “Desde hace tres años llevamos haciendo denuncias al Inaga que emitió un informe, desde nuestro punto de vista nefasto, en el que se troceaba la empresa para lavarse las manos y echarle la culpa al Ayuntamiento”, denunció el portavoz de los vecinos, Fernando Belenchón.

Recordó que también se habían dirigido a la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Teruel para que hiciera un informe y que abriera una investigación de por qué se habían secado los chopos y por qué se había secado todo el barranco. El informe se inició “pero todavía no nos ha contestado”.

Sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar explicó que los afectados llevan tres años haciendo denuncias, pero solamente en la primera se impuso una sanción leve a la empresa. Por todos ello, los representantes vecinales quisieron poner de manifiesto “la inacción” de las administraciones públicas.

No obstante, Belenchón sí que destacó y agradeció que el Ayuntamiento es el único que ha hecho sus dos decretos en lo que es directamente su competencia, “pero el resto de administraciones absolutamente nada”.

Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales, los representantes vecinales consideraron que son las diversas administraciones las que si consideran que hay un delito medio ambiental tienen que actuar. “El que conoce un delito lo tiene que denunciar, nosotros ya lo hemos hecho muchas veces. Ahora, el resto de administraciones tienen que empezar a actuar”, afirmó y aclaró que lo que siempre han querido es que el problema se solucione por las buenas. “Si tenemos que llegar a los juzgados será lo último que hagamos porque nosotros somos 150 vecinos y es un gasto muy costoso, porque lo tendríamos que pagar de nuestros bolsillos”, zanjó.