Teruel Existe lleva a la Fiscalía los proyectos eólicos de Escucha y Cuevas de Almudén

El movimiento ciudadano Teruel Existe presentó una denuncia en los Juzgados por un posible delito ambiental en relación con los proyectos de los parques eólicos Las Cuencas y Las Cerradas de la sierra de San Just, en la comarca de Cuencas Mineras. Pide que se investigue la responsabilidad que pueda corresponder al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), al Servicio Provincial de Industria de Teruel, y a las empresas promotoras. La denuncia recoge la emisión de determinadas resoluciones, la posible tramitación indebida de proyectos y un supuesto falseamiento de la información contenida en los estudios de impacto ambiental, que serían susceptibles de producir daños ambientales graves, así como en sus infraestructuras de evacuación. Consideran que estas acciones podrían ser causa de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, como se recoge en los artículos 325 y 326 del Código Penal.

A la puerta del Palacio de Justicia, Jesús Villamón, coordinador del grupo sectorial de Energía y Medio Ambiente del movimiento ciudadano Teruel Existe, junto a una representación de varias comarcas turolenses: Jiloca, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Matarraña y Comunidad de Teruel, recordó que desde hace varios meses Teruel Existe está “detrás de todos los procedimientos administrativos de autorización de implantación de las energías macrorrenovables” y que está advirtiendo “algunas irregularidades” que creen que pudieran ser constitutivas de delito ambiental. “Cuando ya se ha declarado un estudio de impacto ambiental favorable hemos visto que era el momento de presentar una denuncia ante la Fiscalía para que sean ellos los que evalúen estos hechos que estamos detectando y que decidan si pueden ser motivo de avanzar en el trámite del delito ambiental”, subrayó.

Se trata de infraestructuras que se están planificando en Escucha y Cuevas de Almudén. Villamón señaló que uno de los motivos por los que se presenta esta denuncia es que son tres proyectos distintos pero que deberían haberse presentado como uno solo. Asimismo, el representante de Teruel Existe afirmó que el propio procedimiento de los estudios de impacto ambiental tiene algunas irregularidades y que algunos de los estudios presentados “carecen de rigor” y ha habido una exposición pública con plazos reducidos que no se ajustan al procedimiento de ley.

Villamón también criticó que se presentara un proyecto y durante toda la tramitación administrativa haya habido “cambios sustanciales y significativos del proyecto”. En este sentido detalló que en un primer momento había 22 molinos y, después de haber obtenido el informe de estudio de impacto ambiental favorable, se cambió a nueve pero con el doble de envergadura, molinos de 200 metros y el doble de longitud de aspas. “Vemos un impacto ambiental muy elevado pero tendrá que ser la propia Fiscalía quien considere el alcance de esta denuncia”, argumentó.

Jesús Villamón aseguró que Teruel Existe está “para defender el territorio” y que va a estar muy muy pendiente de la tramitación de los parques eólicos. “Entendemos que la Administración tiene que ser muy rigurosa en la tramitación de todos estos expedientes”, argumentó y no descartó nuevas denuncias.

Mariano Tomás, de Teruel Existe, comentó que el movimiento ciudadano ha presentado 160 alegaciones, a 160 parques eólicos o plantas fotovoltaicas y que si no habían acudido a la Justicia antes había sido porque no existían resoluciones firmadas por autoridades que hagan una declaración de impacto ambiental favorable. “Esta es la primera denuncia, detrás van otras 159. No hemos ido a por más porque no hemos podido”, aseguró.

Jesús Villamón advirtió de que este proyecto no tiene repercusión solo en Escucha y Cuevas de Almudén sino en todo Teruel. “La implantación afecta prácticamente a toda la provincia. Estamos ante la mayor transformación que va a sufrir el territorio de Teruel de toda la historia. Es una transformación sin precedentes que nos va a cambiar todo el paisaje. Nos va a hipotecar el territorio. Va a condicionar muchas de las actividades que ya están en uso como la agricultura o el turismo rural de calidad y que no nos va a dejar puestos de trabajo”, concluyó.