Piden un total de veinte años de cárcel para cinco ocupantes de un ‘narcopiso’

La Fiscalía pidió este martes penas de prisión por un total de veinte años para cinco jóvenes veinteañeros acusados de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y usurpación al haber ocupado una vivienda que utilizaban como narcopiso. Cuatro de ellos reconocieron los hechos y alcanzaron una conformidad con el ministerio público, mientras que el quinto negó su participación, aunque una testigo le señaló al decir que se dedicaba a la venta de drogas.

La Audiencia Provincial de Teruel dejó visto para sentencia un juicio que estuvo muy concurrido de público, la mayoría jóvenes veinteañeros como los acusados, que fueron detenidos en marzo del año pasado por la Policía Nacional en un narcopiso de la calle Tomás Nougués dentro de la operación Karim. Eran okupas de esa vivienda, cuyo propietario, tras adquirirla en una subasta judicial, presentó denuncia en la Comisaría en noviembre de 2023 y pudo recuperarla en mayo de 2024, después de que los acusados hubiesen sido detenidos en marzo de ese mismo año.

Las detenciones se produjeron tras la alarma social provocada entre los vecinos, por los ruidos y el trasiego de personas que entraban y salían de la vivienda para comprar droga, al tratarse del primer narcopiso detectado en la ciudad de Teruel, según informó entonces la Comisaría.

Los cinco jóvenes, cuatro de ellos hombres y una mujer con edades entre 20 y 24 años, fueron enviados a prisión provisional durante unos días aunque después salieron en libertad a la espera de la celebración del juicio, que tuvo lugar este martes en la Audiencia Provincial.

A los cinco se les acusa de lo mismo por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, usurpación al haber ocupado una vivienda, y pertenencia a grupo criminal. Tres de los hombres y la mujer reconocieron la comisión de estos delitos y llegaron a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, por lo que este modificó su escrito de acusación y redujo la petición de penas a la mitad.

Para cada una de estas cuatro personas pidió una pena de prisión de tres años por el delito contra la salud pública y de seis meses por el de pertenencia a grupo criminal. También solicitó el pago de dos multas, de 3.000 euros por el tráfico de drogas y de 540 euros por el delito de usurpación.

Al reconocer los hechos y haberlo manifestado así a preguntas del tribunal, la sentencia cuando se dicte les condenará a esas penas. Sus abogados anunciaron además que solicitarán la suspensión de las penas privativas de libertad al no tener antecedentes y ser consumidores habituales, aunque eso deberá tramitarse en la fase de ejecución de la sentencia y está condicionado a cuestiones como someterse a un tratamiento de deshabituación y no volver a delinquir. Si cuando se presente esta petición lo resolviera a su favor el tribunal, no tendrían que ir a la cárcel.

Distinta es la situación del quinto implicado, que no aceptó la conformidad que los otros acusados buscaron con la Fiscalía al reconocer el narcotráfico. No obstante, una testigo que declaró por videoconferencia le señaló y dijo que sabía que había vendido drogas, si bien aclaró que a ese piso había ido pocas veces.

Para esta persona, que tiene antecedentes penales por hechos similares ocurridos en 2021 en Huesca, el fiscal pide cuatro años de prisión por el delito de tráfico de drogas, más una multa de 6.000 euros, y dos años por pertenencia a grupo criminal. Por el delito de usurpación solicita una multa de 1.200 euros.

El abogado defensor de esta persona alegó que había motivos para la defensa, como que en el cuarto que ocupaba solo le encontraron 0,62 gramos de cannabis, una cantidad “ínfima e irrisoria” que era para autoconsumo, cuando el resto de sustancias estupefacientes se intervinieron en los cuartos del resto de ocupantes. Aportó testigos que dijeron que no le habían comprado drogas, y en el caso de la que dijo que sí se dedicaba a la venta, el letrado argumentó que se refería a que traficaba anteriormente.

En su declaración, que pidió hacerla al final de la vista, este acusado dijo que era de Utrillas y se había desplazado a Teruel en busca de trabajo. Aseguró que no traficaba y que residía en ese piso porque había alquilado un cuarto por el que pagaba 150 euros al mes.

El fiscal, durante sus conclusiones finales, argumentó en cambio que esta persona ya había sido condenada por hechos similares en Huesca, por ocupación de un inmueble dedicado a narcopiso.

Durante la desarticulación de este grupo en marzo del año pasado, la Policía Nacional se incautó de 18,46 gramos de marihuana, 213,44 de hachís y tres pastillas de MDMA (éxtasis), cuyo precio en el mercado ilícito habría alcanzado los 2.979 euros.