Los pueblos que recurrieron la devolución de ayudas del Fite 2017 ganan el juicio

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado a favor de los pueblos que presentaron recurso ante la suspensión de la totalidad o parte de la subvención del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) correspondiente al año 2017 para la realización de obras municipales.

Varios de los que presentaron recurso fue porque les retiraron la ayuda al no presentar la comunicación de la instalación de baja tensión. A juicio del tribunal el término “autorización, licencia y permiso”, que son los que se recogen en las bases de las subvenciones, no son “mínimamente análogos con el término de comunicación, que es lo que se ha incumplido”.

Además, en la resolución se indica que el Ayuntamiento, como titular de la instalación, está obligado a realizar las comunicaciones de baja, pero no las modificaciones de importancia, que corresponde a las empresas instaladoras, “por lo tanto no puede incumplir lo que no está legitimado para efectuar”, reza la sentencia.

Aunque la sección número 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón a los demandantes, no les exime del pago de las costas del juicio.

El fallo de la demanda de Tronchón se conoció el 17 de marzo y, aunque no es sentencia firme, el Gobierno de Aragón no va a recurrirla, según indicó el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez. El abogado que ha representado a la localidad, el zaragozano Miguel Ángel Pinedo, destacó que el juez considera que “la dilación en la presentación de un boletín no supone un incumplimiento de las bases y por tanto no se puede detraer la subvención”.

El recurso lo han presentado varios ayuntamientos aunque, según explicó Ibáñez, el Gobierno de Aragón solo tenía constancia del fallo sobre las demandas presentadas por Tronchón e Híjar.

Una quincena de recursos

Según indica la sala en su resolución, siguen “distintos recursos por la misma causa” presentados por los municipios de “Calamocha, Crivillén, Albalate del Arzobispo, Valderrobres, Escucha, Bueña, Torrelacárcel, Alcorisa, Villarroya de los Pinares, Palomar de Arroyos, Guadalaviar, Torres los Negros, Cortes de Aragón, Ariño y Ferreruela de Huerva”.

En el caso de Tronchón la cuantía de la subvención que tuvo que devolver asciende a 53.000 euros, la mitad de lo recibido para la ejecución de la obra de la Oficina de Turismo, cuyo proyecto se elevó a 150.000 euros con la adquisición del edificio, que era propiedad del Obispado de Teruel y se compró por unos 40.000 euros. El Gobierno de Aragón obligó a restituir la subvención por no comunicar la instalación energética. También se incumplió que fuera el contratista de la obra quien contrató al arquitecto encargado de su supervisión, y en este caso el juez falla en contra de Tronchón, que deberá devolver 3.203 euros.

El alcalde de Tronchón, Roberto Rabaza, se mostró muy contento con la resolución porque “fue muy mal trago” tener que devolver el dinero: “Somos pueblos que no tenemos ni un duro, haces algo por apostar por el turismo y con un hachazo así se te quitan las ganas”, comentó el edil del Partido Aragonés, que a su vez es el presidente de la Comarca del Maestrazgo.

En Híjar  tuvieron que devolver la mitad de los 200.000 euros de subvención del Fite también por un tema eléctrico, cuando a la infraestructura energética solo iban destinados 6.000 euros del montante total, según indicó el alcalde, Luis Carlos Marquesán (PP). “Nos dijeron que tendríamos que haber mandado la comunicación a industria de la instalación eléctrica, pero lo importante de la obra no era la instalación eléctrica, sin esa inversión hubiéramos perdido los 6.000 euros, pero no el resto”, comentó. Decidieron recurrir porque les parecía “un abuso la retirada de la mitad de la subvención por un papel que simplemente era una comunicación”.

El alumbrado de Villarroya

En Villarroya de los Pinares la ayuda era específicamente para la renovación del alumbrado público, que cambiaron y pagaron con el dinero del Fite. El Gobierno de Aragón les exigió la devolución íntegra por incumplir la comunicación pero el consistorio todavía no lo ha reintegrado. “No devolvimos el dinero y ahora han fallado a nuestro favor”, relató el alcalde, Diego Villarroya (PAR). En su caso la partida era de 114.000 euros, un dinero que tenían de remanentes pero que no han querido invertir por si el juez fallaba en su contra y debían devolver. “Llevamos mucho tiempo y no poder gastar esa cuantía nos lastraba, pero había que guardarlo por si acaso”, dijo.

En Valderrobres sí han devuelto 35.000 euros de los 200.000 que obtuvieron de subvención porque, según especificó el alcalde, el popular Carlos Boné, “se presentó el boletín de eléctricas con posterioridad a la obra”. En el caso de esta localidad, como en muchas otras, no se llevó a cabo un cambio de potencia ni se dio de alta una nueva instalación, “simplemente se informaba de la modificación”, comentó el edil. La actuación en Valderrobres consistió en adecuar una zona ajardinada detrás del castillo y una parte de la obra era la iluminación, ya que se colocaron unas farolas led.

El alcalde de Guadalaviar, Rufo Soriano, del Partido Socialista, señaló que solo tuvieron que devolver una parte de la subvención puesto que la obra no se realizó a tiempo, pero “finalmente se solucionó”.

En el caso de Ariño la restitución es de prácticamente la totalidad de la ayuda, que se elevaba a 200.000 euros. En su caso además de por el boletín energético era por una cuestión de contratación de personal. El alcalde, Joaquín Noé (PSOE) comentó que de momento no han devuelto el dinero y precisó que en su caso no presentaron el recurso por la vía judicial, sino ante el Gobierno de Aragón. Ahora, al conocer que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha fallado a favor de los municipios Noé se ha interesado por su caso en el Gobierno de Aragón: “Nos han dicho que lo estaban estudiando y espero que a los demás pueblos se nos tenga en cuenta”, expresó.

El Gobierno de Aragón no recurrirá

El Gobierno de Aragón no va a recurrir la sentencia que exime a varios municipios turolenses de la devolución de las subvenciones del Fondo de Inversiones para Teruel (Fite) de 2017 porque “coincide con los criterios políticos que desde la Dirección General se han tenido” con respecto a estas ayudas, según explicó el responsable de Administración Local, José Ramón Ibáñez. El responsable señaló que van a estudiar si “técnicamente es posible, en base a estas sentencias”, aplicar el mismo criterio al resto de los expedientes.

Ibáñez indicó que el Gobierno de Aragón tenía constancia hasta el momento de dos resoluciones judiciales, la de Tronchón y la de Híjar, y en ambos casos se refería a la ausencia de la comunicación en la instalación eléctrica de baja tensión. Señaló que junto a estos pueblos también denunciaron otros como Ferreruela de Huerva, Torrelacárcel, Villarroya de los Pinares o Fuentes Claras.

El responsable de Administración Local mostró la intención del Gobierno de Aragón de utilizar las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo para aplicar al resto de los expedientes, aunque alertó de que esta medida se tomará en aquellas localidades donde la casuística que obligaba a la devolución de las ayudas sea similar y siempre que cuenten “con informes favorables de los técnicos”.

Casuística variada

Expresó que no les parece justo que aquellos ayuntamientos que en su momento decidieron no recurrir salgan perjudicados. Señaló que, no obstante, “la casuística es muy variada” y que las sentencias que conocen hasta el momento únicamente se refieren a pueblos que no presentaron el boletín energético.

José Ramón Ibáñez indicó que la resolución judicial “coincide” con los criterios que desde la Dirección General se han adoptado con respecto a las ayudas del Fite. “A principio de esta legislatura, cuando llegó el momento de hacer el requerimiento para que devolvieran la subvención, por parte de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y mía intentamos por todos los medios que nos dieran alguna alternativa para que no tuvieran que reintegrar”, especificó, para añadir que no fue posible porque los técnicos “se mantuvieron en su criterio” inicial.

Ahora la Justicia “ha entendido que era excesiva la documentación que debían aportar”. Los Ayuntamientos habían realizado la inversión, que ya se les había adelantado pero que tenían que devolver “porque faltaba algún documento administrativo”.

Ibáñez comentó que la complicación en la justificación en las subvenciones de los primeros años motivó que se cambiara el reparto.

Desde el Gobierno de Aragón se buscaron fórmulas para que los Ayuntamientos pudieran devolver el dinero en diferentes plazos, ya que para algunos la subvención que debían restablecer suponía una cuantía mayor a su propio presupuesto anual.

El director general de Administración Local comentó que algunos ayuntamientos solicitaron en la Dirección General de Tributos hacer el reintegro de forma aplazada para evitar desembolsar la totalidad, aunque aclaró que ese acuerdo fue pactado de forma individual por parte de los municipios.