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El TSJA insiste un año más en la necesidad de un juez de adscripción territorial para Teruel
Pide reforzar el personal de tramitación en Alcañiz y mantener el del Registro Civil en la capitalUn año más el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) vuelve a insistir en su memoria anual en la necesidad de que se asigne un juez de adscripción territorial a la provincia de Teruel, al igual que lo tienen las de Zaragoza y Huesca. La demanda figura en la relación de necesidades de los órganos judiciales aragoneses recogida en su último informe anual. A ello se suma en la provincia de Teruel la necesidad de reforzar el personal de tramitación procesal en los juzgados de instrucción de Alcañiz, así como en mantener el refuerzo en el Registro Civil de la capital.
El presidente del TSJA, el turolense Manuel Bellido, que cumple una década al frente del alto tribunal, hace balance de este periodo y destaca del mismo la completa digitalización que ha sufrido la Administración de Justicia en Aragón.
Además, valora la creación de nuevas plazas y órganos judiciales, si bien Bellido considera que es “insuficiente para abordar adecuadamente la litigiosidad existente, sobre todo en la jurisdicción civil, que en estos momentos se encuentra muy sobrecargada”.
En la provincia de Teruel se vuelve a referir a la necesidad de que se dote a sus órganos judiciales de un juez de adscripción territorial, una demanda ya histórica que se incluye en la memoria año tras año. Una figura “largamente demandada”, indica el documento, tras recordar que en la actualidad hay tres en Aragón, dos de ellos asignados en Zaragoza y el tercero en Huesca.
Esta figura se creó en 2009 y permite disponer de jueces adscritos que asisten a los magistrados en los distintos órganos judiciales cuando es necesario un refuerzo por exceso de asuntos o bajas. En las conclusiones de la memoria se indica que sería “conveniente” la creación de dos plazas de jueces de adscripción territorial, una más en la provincia de Zaragoza y la nueva de la de Teruel, que es el único territorio aragonés que no cuenta con esta figura.
En cuanto al personal funcionario, la memoria anual del TSJA señala que en la provincia de Teruel “es necesario incidir en la necesidad de que tanto en los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcañiz se cree otra plaza de tramitador procesal por el volumen de trabajo que tienen, o que se mantenga de forma permanente el refuerzo del Juzgado Mixto 1”.
También manifiesta que “es necesario mantener el refuerzo en el Registro Civil de Teruel, que se ha prorrogado, por la situación especial que tiene al estar cubierta una de las plazas por interino y el volumen de trabajo”.
Vuelve a incidir este año el TSJA en su memoria, como ya viene advirtiendo desde tiempo atrás, sobre el problema común a toda la comunidad autónoma que presenta un buen número de los funcionarios que se incorporan a la Administración de Justicia con una “absoluta falta de preparación jurídica”. Recuerda que esto ha provocado que “el trabajo de los juzgados se resienta de manera notable, habiendo aumentado de forma significativa la pendencia y los tiempos de respuesta, con el consiguiente perjuicio para el justiciable”. Una situación que se da sobre todo en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados mixtos; en el primer caso con una “huida masiva” de funcionarios en los concursos de traslados por la carga de trabajo que conllevan.
Con la llegada de nuevos funcionarios sin experiencia ni conocimientos, obliga a sus compañeros a dedicarles un tutelaje “con el consiguiente retraso en el despacho de asuntos”.
En sus conclusiones, el TSJA manifiesta que sería deseable avanzar en la mediación judicial, puesto que a pesar de las experiencias y planes piloto desarrollados en los distintos partidos judiciales para la mediación intrajudicial, “no se ha conseguido avanzar en la implantación de este sistema de solución de conflictos”.
Argumenta que el actual sistema “no ha resultado eficaz” y es “imprescindible” establecer una unidad judicial “integrada” en el decanato de las tres capitales de provincia, “ya que los servicios comunes de la oficina judicial no están implantados todavía”. Esta es una necesidad que también se recuerda de forma reiterada en los últimos años en las memorias del TSJA.
Equipos psicosociales
Por otra parte, plantea la necesidad de reforzar los equipos psicosociales, en particular en los juzgados de los partidos que no son capital de provincia como es el caso de Calamocha y Alcañiz en la provincia turolense, “por el excesivo retraso que se aprecia en la emisión de sus informes, lo que repercute negativamente en la duración de los procesos de familia y violencia sobre la mujer”.
Argumenta el TSJA que también debe mejorarse el servicio de traducción que se presta a los órganos judiciales “para conseguir una mayor celeridad”.
Personas vulnerables
Otra cuestión que recoge la última memoria es la necesidad de crear o adaptar las salas para declaraciones de personas vulnerables. De esta forma se facilitaría la declaración de quienes están integrados en este colectivo, como es el caso de menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia sexual o sobre la mujer.
De esta forma se reduciría la “victimización secundaria”, por lo que resulta “muy conveniente” que en los órganos judiciales de toda la comunidad autónoma se cuente con “salas especiales para practicar las declaraciones o adaptar las ya existentes, de manera que se cuente con espacios físicos más adecuados” para este tipo de testificales que las tradicionales salas de vistas.
En sus conclusiones, la memoria del TSJA dedica también un apartado a valorar la integración de las nuevas tecnologías en el normal devenir de la Administración de Justicia. Argumenta en este sentido que implantando con “éxito” el expediente electrónico en todos los partidos judiciales aragoneses, “se debe continuar el desarrollo y mejora de las herramientas del sistema Avantius, para garantizar la interoperatibilidad con los sistemas de gestión procesal existentes en las diferentes comunidades autónomas y con los sistemas informáticos del resto de administraciones”.
El alto tribunal aragonés considera que es preciso igualmente “desarrollar y regular un sistema de teletrabajo complementario del presencial”, de forma que sea posible atender correctamente las exigencias del servicio y “prevenir los riesgos de crisis” como la que provocó la pasada pandemia de la covid.
También inciden los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en que “resulta imprescindible contar con una atención técnica eficaz y una rápida reposición de las herramientas informáticas averiadas para evitar dilaciones”.
Actividad judicial
La memoria anual del TSJA constata que durante el año pasado lo que más aumentó en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Teruel capital fueron los asuntos penales, en sintonía con lo que se ha venido registrando en los últimos ejercicios.
A este respecto, se indica que mientras los asuntos civiles ingresados en los tres juzgados mixtos de la capital se mantuvo en cifras algo menores que las del ejercicio precedente, fue en penal “donde se registraron datos de mayor crecimiento”. De esa forma, aumentó el número de asuntos en 569 respecto de la cifra de 2022, que fue de 3.219, mientras que en el año 2021 fue de 3.038. En cuanto a la resolución de asuntos, se resolvieron más asuntos tanto en la jurisdicción civil como en la penal.
El Juzgado de lo Penal de Teruel incrementó un 5,49% el número de asuntos de nuevo ingreso. El Juzgado de Menores ingresó 41 asuntos y el de lo Contencioso-Administrativo un 16,85% menos, mientras que el Juzgado de lo Social se mantuvo prácticamente igual. En Alcañiz ingresaron 1.624 asuntos civiles y 2.753 penales, mientras que en Calamocha fueron 488 y 735.
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