Los propietarios del edificio de San Francisco 19 piden al Ayuntamiento de Teruel que se acuda al préstamo

Los propietarios del edificio de la calle San Francisco 19 pidieron este martes a la alcaldesa, Emma Buj, que para actuar en este inmueble, declarado parcialmente en ruina, se acuda al préstamo de 1,6 millones de euros que va a firmar el Ayuntamiento para hacerse cargo de los gastos derivados del derrumbe del edificio del número 21 ocurrido el pasado 13 de junio y que supuso el desalojo de cerca de cuarenta unidades familiares de los números 19, 21 y 23-25, que se encuentran viviendo en pisos facilitados por el Ayuntamiento.

En la reunión le transmitieron que no están de acuerdo con la orden de demolición parcial y así lo han transmitido por escrito al Ayuntamiento mediante un recurso a la orden.

La presidenta de la comunidad de propietarios del número 19 de la calle San Francisco, Patricia Aldazabal, explicó  que han presentado alegaciones tanto jurídicas como técnicas, con el apoyo de los informes de un abogado y un arquitecto.

Aldazabal indicó que la orden de demolición les origina muchas dudas porque no saben cómo podría afectar a la estructura del resto del edificio. Además, agregó que sigue entrando agua a los pisos inferiores, que no saben de dónde viene. “No sabemos cómo está el edificio por debajo”, señaló y agregó que ayer la alcaldesa escuchó sus dudas y le transmitió que estará pendiente de la resolución a las alegaciones y que estudiará las propuestas plateadas por los ocho propietarios de este inmueble de nueve viviendas, algunas de ellas alquiladas.

Trabajos

También le pidieron que el Ayuntamiento lleve a cabo los trabajos para garantizar la seguridad del edificio y lo financie con el préstamo de 1,6 millones de euros que va a firmar con una entidad financiera para hacerse cargo de los gastos sobrevenidos por el colapso del edificio de la calle San Francisco 21.

Aldazabal que, además de la presidenta de la comunidad es la propietaria de uno de las viviendas que habría que demoler, explicó que no se pueden hacer cargo de los gastos de las acciones que recoge la orden como apuntalar el edificio para garantizar su seguridad, instalar una cubierta provisional y llevar a cabo la demolición parcial que afecta a las tres viviendas superiores, con la incertidumbre además de cómo afectará  estas acciones al resto de la finca.

“Estamos en un limbo, con nuestra vivienda en ruina declarada, pero pagando el IBI, porque todavía se mantiene en pie”, dijo y agregó que le gustaría “poder volver a nuestra casa en condiciones de seguridad”.   

Aldazabal está viviendo con su familia en un piso alquilado por el Ayuntamiento como la mayoría de sus vecinos, de los veinte del número 21 y de once del portal 23-25.

El número 19 es un edificio de principios del siglo XX rehabilitado en los años 90, cuando se construyó la parte superior que está legalizada.

Esta comunidad va a formar parte del grupo de trabajo que se ha formado para recopilar todas las incidencias producidas por el agua en la calle San Francisco y su entorno.