La comunidad del número 19 de la calle San Francisco se constituirá en asociación para poder optar a ayudas

La comunidad de vecinos del número 19 de la calle San Francisco está en trámites para constituirse en una asociación vecinal para poder optar a ayudas y donaciones. El objetivo es poder tenerla constituida antes del 2 de diciembre cuando en Torrijo del Campo se organiza una marcha solidaria y sus organizadores quieren destinar la recaudación a ayudar a esta comunidad en la que vivía Pascual Torrijo, natural de este pueblo y propietario de una de las viviendas, y a sus vecinos de su edificio. Desde el pasado 13 de junio están viviendo fuera de su edificio como consecuencia del derrumbe del número 21 y no están recibiendo más ayudas que la que al principio les dio el Ayuntamiento y los alquileres que también les paga el consistorio.

“Si no nos constituimos como asociación no podemos recibir ese dinero que nos quieren donar a nosotros pero está siendo complicado porque lo solicitamos a la DGA el 13 de septiembre y dos meses después todavía no la han constituido”, cuenta la presidenta de la comunidad de vecinos, Patricia Aldazabal, que confía que les puedan dar un CIF para poder abrir una cuenta en Ibercaja y recibir este y otros ingresos. “Hay un retraso en la constitución de las asociaciones que nos está afectando directamente”, lamentó.  

Pascual Torrijo es muy querido en su pueblo, donde colabora con la marcha solidaria que cada año destina la recaudación de la rifa a un fin benéfico diferente. Margarita Romero, presidenta Asociación Cultural de Torrijo del Campo, explicó que Pascual es del pueblo, colabora con las actividades que allí se desarrollan y ahora quieren ayudarle a él y a sus vecinos. “Yo les dije que no hacía falta, pero ellos me dijeron que querían ayudarnos y estoy súper agradecido”, recordó Pascual por lo que dio las gracias al Ayuntamiento de Torrijo del Campo y a la asociación cultural por haber contado con ellos.

Tanto Aldazabal como Torrijo agradecen igualmente a sus amigos y familias que se han volcado con ellos en estos cinco meses “ayudándonos en todo lo que han podido”.

“Hemos tenido muchos gastos, en mi caso he podido entrar a recoger cosas, pero pagando a un arquitecto que nos acompañe, nos hemos tenido que comprar colchones, cortinas, aires acondicionados, sábanas… porque tampoco nos llegaron las ayudas de Zara Home”, contó Torrijo.

Patricia Aldazabal explicó que todavía no han recibido respuesta a las alegaciones sobre la orden de derribo parcial de la finca que recibieron este verano y que afectaba a los dos últimos pisos del edificio. Las alegaciones explicaban que no tenía sentido tirar esas plantas. “En el recurso lo que decíamos era lo que nos dijo nuestro arquitecto, que no tenía sentido tirar parte del edificio sin saber si estaba todo el edificio afectado, es un coste económico muy elevado que tendríamos que asumir los propietarios y por eso le hemos pedido a la alcaldesa que dentro de ese crédito extraordinario firmado con Caja Rural de 1,6 millones se adelantara la parte correspondiente al derribo parcial o total del edificio”, explicó la presidenta de la Comunidad que también le pidió que se acuerde de ellos cuando hagan el presupuesto para el próximo año.

“Si se adelanta la cuantía económica del desescombro del número 21 también se tendría que hacer con nosotros porque culpa de que le ha ocurrido a mi casa no tengo”, lamentó Aldazabal, que además de la presidenta de la comunidad es la propietaria del ático que según el Ayuntamiento hay que derribar.

“Para pagar el derribo tendríamos que sacar un crédito”, apuntó, un gasto que se suma a los otros que están teniendo. En su caso, aunque el Ayuntamiento le está pagando el alquiler, el dinero que le aportan es el de la primera vivienda a la que se marchó. Ahora se ha trasladado a otro piso, pero no se le está abonando el incremento de la cuota mensual. Confía en que haya una revisión a final de año ya que el Ayuntamiento se ha comprometido a hacerse cargo de los alquileres otros seis meses más.

Además, la Caja Rural le condonó las cuotas de las hipotecas durante seis meses, como a otros propietarios, pero “se reactivará en febrero”. “Solo me falta tener que pagar un crédito para que me tengan que tirar la casa”, señaló.
Esta situación se puso encima de la mesa en una reunión mantenida con la alcaldesa que les trasladó que estaban estudiando el “encaje jurídico”, para hacer frente a estos gastos, y evitar el “efecto llamada” de otros edificios de la zona en ruina, aunque “la causa no es la misma”, justificó Aldazabal. “Estamos a cinco meses del derrumbe y no hay novedad en este aspecto”, denunció y además “tengo que pagar porque me tiren mi casa”.

La comunidad está asumiendo los gastos de la contratación de un abogado y un arquitecto a los que han dado poderes para poder gestionar con el Ayuntamiento los pasos que hay que dar en los próximos meses. Aldazabal agradeció que en el notario  no les han cobrado los trámites que han realizado.

Para hacer frente a los gastos, siguen pagando la cuota de comunidad, que se suma al Impuesto de Bienes Inmuebles o al seguro. “Mi póliza de hogar se renovó en  agosto y podría tener que utilizar porque debido a los vientos de estos días atrás una de las venecianas de madera de la terraza del ático se ha caído al piso inferior y la otra está descolgada, además se están moviendo las cajas que había encima de los armarios. Si causa cualquier daño lo tendrá que asumir mi seguro”, reconoció mirando hacia la que hasta hace cinco meses era su casa. “Voy a seguir pagando por mi piso como si estuviera viviendo en él”, lamentó. Además, le han pedido un inventario de lo que tenía, una tarea a la que no es fácil enfrentarse.