Las Cortes piden definir con claridad la despoblación y mejorar los recursos

Las Cortes de Aragón pidieron este lunes definir con claridad el problema de la despoblación y mejorar la asignación de recursos así como el seguimiento de las partidas destinadas a este fin. Son dos de las recomendaciones recogidas en el informe elaborado por la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, tras el informe presentado a principios de diciembre pasado por el órgano fiscalizador sobre la Directriz de política demográfica y contra la despoblación del Ejecutivo aragonés.

Los diferentes grupos parlamentarios presentaron una treintena de recomendaciones y la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas lo que hizo en su reunión de este lunes fue elaborar su informe de ponencia a partir de las aportaciones hechas por los partidos.

La Cámara de Cuentas planteó en el informe que hizo de la directriz la necesidad de hacer una revisión de esta herramienta. El documento, que contó también con la participación de la Universidad de Zaragoza, propuso simplificar la directriz, concretar sus medidas y flexibilizarlas, y diseñar una adecuada arquitectura institucional para su gestión, así como que haya una figura de coordinación.

El PP con ocho y el PSOE con otras tantas sugerencias, fueron los grupos que más propuestas de resolución presentaron a ese informe, seguidos de Aragón Teruel Existe con siete, Podemos con seis y Vox con una. A partir de estas recomendaciones, la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas de Aragón aprobó este lunes un informe de ponencia que no salió adelante por unanimidad en todos sus puntos, ya que se pidió la votación por separado.

De todas las recomendaciones presentadas, el informe elaborado por los parlamentarios ha recogido veinticuatro propuestas que fueron aprobadas por unanimidad, dieciséis de ellas en materia de lucha contra la despoblación y seis sobre la revisión de la Directriz de política demográfica, además de otras dos sobre requerimientos de información y la implantación de un sistema de evaluación de esta herramienta para revisar su correcto diseño.

Otras cuatro fueron aprobadas igualmente pero sin que hubiese unanimidad, sino con el voto en contra o la abstención de alguno o varios de los grupos.

El informe de los parlamentarios de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario se abre con dieciséis propuestas en materia de lucha contra la despoblación, la primera de las cuales, a propuesta de Teruel Existe, es que se defina “claramente el problema de la despoblación”, y la segunda, a iniciativa del PP, que se mejore la trazabilidad presupuestaria y la asignación de recursos. Se plantea así porque del informe de la Cámara de Cuentas se deduce que muchas de las medidas recogidas en la directriz “carecen de una partida presupuestaria clara” y hay que dotarla de “suficientes” recursos.

Propone por otra parte crear un sistema de “seguimiento y evaluación”, porque la herramienta carece de indicadores eficaces para medir el impacto de las políticas, así como la necesidad de que se cree un nuevo foro en el que estén el resto de las administraciones locales, así como el Gobierno de España, para mejorar la coordinación de estas políticas.

Mejorar la cogobernanza

Otra de las recomendaciones que se hace es que haya una coordinación de estas políticas entre todos los niveles de gobierno y que se mejore la cogobernanza y coherencia de las medidas, favoreciendo así una colaboración entre los distintos departamentos del Ejecutivo aragonés y el resto de las instituciones.

En esta línea, se sugiere una coordinación transversal de todos los departamentos en materia de lucha contra la despoblación, el desarrollo reglamentario de la Ley/2023 de Dinamización del medio rural, y la reactivación del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional asumiendo una función de supervisión, análisis de impacto y ajuste de políticas.

Otras cuestiones que de forma general han sido recogidas en el informe de los parlamentarios es el impulso de la conectividad digital universal, continuar promoviendo actividades económicas sostenibles ligadas al territorio, así como de atracción y retención de población joven, y diseñar medidas evaluables con actuaciones extraordinarias y singulares.

También apuesta por la vivienda rural, el desarrollo de una legislación específica para los pueblos pequeños, implementar un calendario con las distintas ayudas que se convoquen, y estudiar fórmulas para que no se pierdan fondos de los presupuestados.

En cuanto a la revisión de la directriz, se propone una adecuada arquitectura institucional con claridad sobre los responsables de ejecución de cada medida; mejorar la transparencia y comunicación de las políticas llevadas a cabo; crear una unidad interdepartamental que coordine; establecer la obligatoriedad de las medidas; poner en marcha y planificar el desarrollo de las 130 medidas; y desarrollar una web que permita analizar las medidas. Además, se insta a que el Ejecutivo conteste a los requerimientos de la Cámara de Cuentas y a implantar un sistema de evaluación de políticas.

Las cuatro recomendaciones que fueron aprobadas pero sin unanimidad se refieren a que se definan prioridades claras en la directriz; se complete el índice sintético de desarrollo territorial con otras variables científicas; la revisión en el plazo máximo de un año de la directriz; y la simplificación de esta herramienta para que sea más efectiva.