La moción de Vox para el desalojo de pisos de menores tutelados, rechazada

La propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Vox, referente a la situación de “inseguridad y molestias soportadas por los vecinos del entorno de la plaza de la Judería y a los riesgos y perjuicios para los ciudadanos derivados de las políticas de favorecimiento de la entrada masiva y redistribución de inmigrantes ilegales” fue rechazada por el resto de grupos municipales cuyos portavoces se mostraron muy críticos con esta moción. Igualmente, el Partido Popular tampoco lo apoyó.

La portavoz de Vox, Elena Fernández, inició su exposición asegurando que los inmigrantes ilegales en los últimos años se han convertido en España “en una auténtica invasión”. En el caso de lo que está ocurriendo en Teruel, donde se inició una recogida de firmas, pidió a la alcaldesa que convoque la Junta Local de Seguridad y al Gobierno de Aragón que “proceda al inmediato traslado y la reubicación de los menores conflictivos en centros adecuados para el tratamiento de este tipo de conductas y adopte todas las medidas necesarias para que sean devueltos cuanto antes a sus países de origen”. Fernández puso en duda la actuación de la Policía Local y aseguró que en la zona “se ha roto la convivencia”.

El portavoz socialista, Jose Guillén, lamentó que Vox criminalice cualquier movimiento migratorio. En el caso de Teruel, apuntó que no se había producido ninguna infracción por comisión de delito. El concejal recordó que las personas no son “ilegales” y acusó a Vox de utilizar este término de manera arbitraria y de mostrar una actitud “irresponsable y dañina”.

La concejal de Teruel Existe, Beatriz Redón, acusó a Vox de querer “sembrar odio” y en relación a la situación de Teruel recordó que en el edificio que Vox quiere que se desaloje viven 14 menores “que no están en malas condiciones como hace referencia” y le recomendó la lectura de la ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la ley orgánica 8/21 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Redón concluyó recordándole, como hizo Guillén, que “las personas no son ilegales, cometen ilegalidades y eso es lo que hay que corregir”.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, defendió los pasos que se están dando desde el consistorio con este asunto. Recordó que ha mantenido reuniones constantes tanto con el departamento de Bienestar social, del que depende este inmueble como con la entidad que lo gestiona. Aseguró que en este asunto “tenemos que ser muy cautelosos”.

La alcaldesa, Emma Buj, cerró el debate, lamentando que la propuesta “parece que deja en entredicho que el Ayuntamiento no haya actuado con la Policía Local, cuando no es así porque se ha aplicado el servicio de mediación policial cuando ha habido algún tipo de conflicto” y rechazó convocar la Junta Local de Seguridad por este asunto.

“Como alcaldesa soy plenamente consciente de las quejas de los vecinos en cuanto a ruidos y molestias pero también ocurren en otros puntos de la ciudad y no necesariamente están vinculados a ningún tipo de colectivos”, afirmó la responsable municipal.

Mejora de caminos

La segunda de las propuestas presentada por Vox, relativa a la necesidad de realizar actuaciones de mejora de caminos y orillas del coto de pesca del embalse del Arquillo, sí que salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos. Aunque gran parte de la competencia en este tema es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es una cuestión en la que ya está trabajando el equipo de gobierno.