La ministra Elma Saiz asegura que las ayudas al funcionamiento dan buenos resultados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió este martes en el Senado que las ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel, Cuenca y Soria autorizadas por la Comisión Europea se están aplicando correctamente y están dando buenos resultados, sin plantearse una posible revisión ni pronunciarse sobre la entrevista que tiene pendiente con las organizaciones empresariales de las tres provincias.

Saiz se pronunció así en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador del PP por Soria, José Hernando, que le preguntó sobre las previsiones que tiene el Gobierno en torno a las ayudas al funcionamiento para estas tres provincias por ser las más despobladas de España y con mayores problemas demográficos, ante la situación de incertidumbre que existe al no haber Presupuestos Generales del Estado, y el riesgo que entraña la revisión que próximamente hará la Comisión Europea de esta medida especial.

En su contestación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dijo que las ayudas en la cuantía que se están dando se están aplicando bien y que están teniendo ya sus efectos positivos en las tres provincias con el incremento de afiliaciones. Lejos de replantearse cualquier revisión, como le pidieron los populares y llevan demandando también desde hace tiempo las organizaciones empresariales de las tres provincias, la ministra cerró su intervención afirmando que “por parte del Gobierno de España seguiremos con las políticas llevadas a cabo que están dando buenos resultados”.

El senador del PP José Hernando abrió su intervención lamentando que por enésima vez la ministra responsable del Reto Demográfico volviese a eludir contestar a la pregunta sobre las ayudas al funcionamiento, que recordó que fueron autorizadas por la Comisión Europeas para que en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria se apliquen bonificaciones de hasta un 20% en los costes laborales, cuando apenas se está aplicando un uno por ciento.

Hernando recordó que esa autorización desde Europa se hizo para que esas tres provincias puedan tener una compensación frente a la “desventaja competitiva” que tienen por la despoblación. Criticó que el Gobierno las esté aplicando en mínimos, a razón de 23 euros por trabajador, lo que supone “prácticamente nada” en comparación con lo que podría haber sido para estimular la implantación de empresas o las que ya existen amplíen su actividad.

Además, advirtió que esta medida es para el periodo 2022-2027, que el Gobierno comenzó a aplicarla con un año de retraso y mal, sin haber dado respuesta a la demanda de los empresarios de que se revisen al alza. Alertó que cuando Europa revise el efecto que están teniendo se dará cuenta de que “tal como las aplica el Gobierno”, podrá eliminarlas “por pura inanición” y se habrá perdido una “oportunidad histórica”.

Empresarios

Frente a este escenario que comparten los afectados, que son los empresarios, y que a su vez se quejan de que la ministra no haya cumplido con su compromiso de reunirse con ellos, Elma Saiz hizo una defensa cerrada de cómo se están aplicando las ayudas y aseguró que están teniendo unos efectos beneficiosos para las tres provincias y que están recuperando población debido a ello.

“Los ciudadanos de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel saben que cuentan con el Gobierno de España para hacer frente al reto demográfico y, además, lo saben porque contamos con la evidencia de los datos”, afirmó la ministra.

Indicó al respecto que está aumentando gracias a esas ayudas la afiliación y “aumentando la iniciativa privada con proyectos que ponen en valor los importantes recursos económicos, patrimoniales y culturales que tienen esas provincias”.

Por contra, criticó la “nula capacidad” y la “nula iniciativa” del Gobierno de Castilla y León, al pertenecer Soria a esa comunidad autónoma, de “complementar el esfuerzo que hacemos desde el Gobierno de España”.

En su segundo turno de intervención, la ministra echó mano de datos para justificar que las ayudas están siendo un éxito y están ayudando a combatir la despoblación en estos territorios, según ella.

Puso como ejemplo que cuando gobernó el PP en España entre 2012 y 2018, la población de las tres provincias se redujo en 36.000 habitantes, mientras que desde que lo hace Pedro Sánchez “viven 13.000 personas más en esas provincias”.

Reprochó también al senador popular que cuando gobernó el PP “no se les ocurrió ninguna medida para frenar la despoblación”, cuando en la actualidad la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social ha permitido a las empresas de esas tres provincias “ahorrar 67 millones de euros para contratar trabajadores, para que los autónomos se den de alta”. La ministra ignoró en este caso que eso solo se aplicó en 2023 a los autónomos y dejó de hacerse al no haber presupuestos y prorrogarse los de ese ejercicio.

Saiz consideró un éxito de la medida aplicada por el Gobierno central el hecho de que se esté reduciendo la cotización “a más de 56.000 contratos indefinidos y a 36.000 nuevos contratos que afectan a los municipios de al menos 1.000 habitantes”.

Beneficios

También destacó que se haya facilitado el alta a “más de 1.500 nuevos trabajadores autónomos” -esta medida no se aplica desde enero de 2024 al hacerse solo en 2023-, y que estas tres provincias estén “en niveles de afiliación históricos”. Unos incrementos que cifró en el 9,3% en Cuenca respecto a los últimos cinco años, mientras que en Soria lo ha hecho en un 8,4% y en Teruel en un 7%.

“Estamos avanzando sustancialmente respecto a la situación que su partido, que gobernó nuestro país, nos dejó”, dijo la ministra, que comparó lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con la inacción de Ejecutivos autonómicos del PP como el de Castilla y León, del que dijo que no ha hecho nada ni se le espera.

La titular de la cartera de Seguridad Social admitió “que se puede hacer más, pero lo que es exigente y es exigible es el compromiso de todas las Administraciones”, en referencia a los gobiernos autonómicos.