Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular y diputada en el Congreso: “El mundo rural no se arregla con tres fondos europeos para hacer mermeladas ecológicas”

La vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, participó el jueves pasado en una reunión de trabajo con esta formación en Teruel, en la que se abordaron cuestiones como la política de vivienda y de juventud, pero también se refirió a las ayudas al funcionamiento. Fúnez es partidaria de la aplicación al máximo de estas ayudas hasta el 20%, como recuerda que ya se comprometió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y cuestiona que los problemas del medio rural se vayan a solucionar con las políticas que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre cuya estrategia frente al reto demográfico sostiene que es imposible saber si ha funcionado si no se ha hecho una evaluación.

-Decía el PP que la legislatura duraría poco, pero estamos ya casi en su ecuador y sigue adelante. ¿Continúan creyendo que no se terminará?

-Es que yo creo que el primero que no sabe si la va a finalizar o no es el propio Sánchez. Lo que nosotros tenemos muy claro es que en esta legislatura debemos hacer una oposición muy firme, dure lo que dure, y tenemos que trabajar en la alternativa, porque sabemos que en cualquier momento este gobierno constituido por perdedores cae y los españoles necesitan un gobierno alternativo y de cambio que ahora mismo solo se puede encontrar en el Partido Popular.

-Critican que no se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

-No solo no es normal, sino que es plenamente inconstitucional, porque no se cumple la Constitución cuando dice que es obligación del Gobierno de España presentar los Presupuestos Generales del Estado. Y además, no es una prórroga, sino una prórroga de la prórroga. A fin de cuentas, quien está prorrogándose a sí mismo es Pedro Sánchez. La Ley de presupuestos tiene que marcar la política económica del Gobierno y en este momento no existe ni política económica, ni voluntad de presentarlos. Hay algo muy grave cuando la ministra Pilar Alegría considera que debatir una ley en el Congreso es una pérdida de tiempo cuando se trata de los Presupuestos Generales del Estado.

-¿Deberían presentarse aunque se sepa que no saldrán?

-Es que su obligación es presentarla, y luego trabajarla, sentar a todos los grupos políticos y que se debata sobre sus propuestas. El problema que tiene Pedro Sánchez es que es incapaz de presentar cuál es el modelo que tiene de país. Cuando tú mientes y te comprometes con unos nacionalismos independentistas, puedes estar incumpliendo con los otros. Y en la Ley de Presupuestos pones negro sobre blanco, y eso le generaría muchos problemas. Si Sánchez quiere mantener sus socios independentistas de investidura, pues lógicamente tiene que mentir a los socios europeos de España.

-¿Qué coste tiene todo esto?

-Nos está costando muchísimas inversiones, crecimiento, oportunidad, y luego algo muy grave, que es el precio que se ha pagado para que Sánchez siga en Moncloa. La debilidad parlamentaria que supone tener a un presidente del Gobierno que perdió las elecciones en el Palacio de la Moncloa, ha supuesto que el precio que estamos pagando todos los españoles es altísimo. Nunca se pensó en una amnistía para aquellos condenados por el independentismo catalán, por el referéndum de Cataluña, lo mismo con los indultos, y ahora estamos con la quita de deuda. Y lo más grave es la desigualdad que se está generando entre españoles ante la ley y a través del cupo independentista en el acceso a los servicios públicos.

-En las Cortes Generales hay dos realidades muy distintas. En el Senado, que en teoría es la Cámara de representación territorial, mandan ustedes con mayoría absoluta, pero luego quien manda es el Congreso.

-Debería respetarse el Senado. Con Sánchez en la Moncloa se está haciendo mucho daño a las instituciones, y una de ellas es el Senado, donde se han aprobado 17 proyectos de ley que no solo han sido votados por el PP. El Senado forma parte de las Cortes Generales de nuestro país y se han aprobado 17 leyes que han sido votadas no sólo por el Partido Popular, y que al llegar al Congreso de los Diputados se han parado. Las leyes que estamos impulsando no vienen a hablar de pagos a independentistas por votos, sino que son leyes para expulsar a los okupas en 24 horas, bajar el IVA de los alimentos básicos, o permitir agilizar la tramitación de la dependencia y la discapacidad. Son leyes que vienen a dar solución a problemas y que por la falta de respeto institucional de Sánchez y de su Gobierno, pues están paradas en la Mesa del Congreso, que por desgracia es un tentáculo más del sanchismo.

-¿Les genera eso frustración?

No, no, en absoluto. Al contrario, lo que hacemos es asumir un mayor compromiso y seguir peleando y exigiendo que se mantenga ese respeto institucional que es esencial en una democracia como la nuestra.

-¿Se mantendrán esos proyectos de ley en el futuro si gobiernan ustedes?

-Absolutamente. Pero primero vamos a exigirle a la Mesa del Congreso, y por eso lo estamos denunciando, que se tramiten cuanto antes, porque son esenciales para la vida de multitud de españoles. Esas políticas, esas leyes, forman parte del proyecto político alternativo de Feijóo.

-Dentro de esas políticas están incidiendo en la vivienda, ¿por qué?

-Porque es uno de los problemas que tienen los españoles. Al final, lo que no podemos hacer los políticos, y en este país hay un problema con eso, y es que hay cada vez más españoles que se alejan de la política, y la manera que tenemos de atraer a los jóvenes y a los ciudadanos es hablando de los problemas que les preocupan, y no de los problemas que tiene Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Y la vivienda es una de las principales preocupaciones, especialmente con los jóvenes.

-¿Qué proponen para facilitar su emancipación?

-Queremos contar con los jóvenes y que sean un elemento esencial del proyecto de Feijóo, porque si no se les atiende este país no tiene futuro. Tenemos que intentar aprovechar todo el talento y las capacidades que tienen. Queremos que en los primeros años tengan mayor capacidad y poder adquisitivo mejorando sus condiciones laborales, que no sean los que firman habitualmente los contratos fijos discontinuos. Y también que durante los primeros cuatro años de vida laboral no paguen impuestos. El primero no pagarían nada y los posteriores sería de manera gradual. También estamos trabajando en otra línea para mejorar su acceso a la vivienda con desgravaciones fiscales o con una hucha hogar.

-Usted es de Castilla-La Mancha, donde está Cuenca, una de las tres provincias en las que junto con Teruel y Soria la Comisión Europea autorizó aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas. ¿Está dispuesto el PP a aplicarlas en su máxima intensidad?

-Sí y aplicarlas en ese 20% de bonificación en los costes laborales. El compromiso del PP es aplicar ese máximo en la bonificación de las ayudas al funcionamiento, y lo hacemos porque nos lo permite la Unión Europea y porque entendemos que es una medida útil para que vengan empresas y fijen población. Aquí hay algo muy claro, cuando hablamos de políticas en el medio rural hay mucha gente que hablamos de oídas, y hay otros que lo hacemos sabiendo perfectamente el terreno. Nosotros no podemos pedirles a los españoles que vivan en el mundo rural sin los servicios públicos esenciales de los que disfrutan en las ciudades. Si no, al final lo que haremos es condenarles a vivir en el mundo rural, y esto no se arregla con tres fondos europeos para que monten un negocio de mermeladas ecológicas, sino que esto va de garantizar los servicios públicos. Es cuestión de garantizar la educación, la sanidad, la asistencia a domicilio a las personas mayores, pero al mismo tiempo de facilitar empresas que tengan una serie de beneficios por venir a nuestro territorio en provincias como Teruel, con una población muy dispersa, y por tanto tenemos que ser atractivos. Si la Unión Europea nos permite ser atractivos con ese tipo de bonificación, pues tenemos que aprovecharlo. Y lo que hay que aclarar es que estas bonificaciones, que vienen a mejorar las condiciones de vida de los turolenses en este caso, o de los conquenses en el caso de mi tierra, no tiene nada que ver con pagar un precio de la quita de deuda y del cupo independentista en Cataluña, porque eso solo está dirigido a mantener a Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

-¿Cómo debería ser la financiación autonómica para no dejar de lado al medio rural?

-Lo primero que hay que hacer es abordar la financiación autonómica, porque ahora mismo se está intoxicando este debate en la medida que Sánchez lo que ha hecho al poner el cupo independentista encima de la mesa es romper esa multilateralidad que debe existir cuando hablamos de esto. No tiene pinta de que vaya a ser un debate que Sánchez tenga la fortaleza política para poder afrontar y, además, creo que ni le interesa porque lo único que le importa es tener contento a Puigdemont y a los independentistas catalanes que es de los que depende.

-¿Qué opina de la primera Estrategia nacional frente al reto demográfico que ha desarrollado el Gobierno central, ahora que se está preparando una segunda estrategia?

-En la política española actual es muy importante hacer evaluación de políticas públicas, y creo que antes de plantear otra estrategia para luchar contra el reto demográfico sería tremendamente útil evaluar cuál ha sido el resultado de la que se ha aplicado, o no, en su totalidad. Si no hay una evaluación, es muy difícil saber qué ha funcionado de la anterior estrategia y en qué se puede mejorar. El compromiso del PP es garantizar esa garantía rural en la que todas las leyes que se aprueben en el Congreso y en el Senado tengan un apartado especial destinado al ámbito rural. Cuando hablamos de movilidad no lo es mismo en una ciudad que en un pueblo, y lo mismo ocurre para atender la discapacidad. Esa garantía rural se tiene que poner en marcha; aparecía en la estrategia, no se ha hecho, y nosotros vamos a defenderla en el Senado.

-¿Cuál es el modelo de gobierno alternativo que propone el PP?

-Lo primero que hay que hacer es que gobierne la fuerza que ha ganado las elecciones y que se respete lo que dijeron las urnas. A ˆpartir de ahí nuestra hoja de ruta habla en primer lugar de un gobierno fuerte que no ceda a ningún tipo de chantajes, que tenga a los españoles en el centro de su acción política, que ahora mismo no se tiene, porque el centro es Pedro Sánchez y la defensa de él y de su familia. Nosotros queremos hablar de la defensa de los españoles, y en tercer lugar mejorar las condiciones de vida. Podemos y debemos mejorar las condiciones de vida y dar respuesta no solo a esos problemas de ahora sino también a las expectativas de futuro.

-¿Cómo se debe hacer frente a los extremismos en política?

-Pues manteniéndonos firmes en la defensa de algo que ha dado mucha paz y crecimiento a nuestro país, que es esa España de la concordia que nació de la Constitución del 78. No es construir un muro ni es dividir, no es juzgar sino es sumar y construir convivencia, y eso solo se hace escuchando y desde el respeto.

-¿Se mantendrán así de firmes con Vox, al que al final tuvieron que recurrir para gobernar en algunas comunidades?

-Nosotros lo tenemos muy claro y cuando nos sentamos por primera vez con Vox y entraron en los gobiernos, y luego se fueron de los gobiernos, nosotros lo dijimos muy claro que eran sus dirigentes quienes tenían que dar explicaciones. Nosotros nos hemos mantenido siempre en la misma línea, tenemos unos principios ideológicos de los que nace nuestra acción política con cuestiones que son básicas como la defensa de la libertad, del cumplimiento de la ley, y del humanismo de la persona; y a partir de ahí damos respuesta a las nuevas realidades que hay. No vamos a renunciar a ninguno de esos principios.