El Gobierno de Aragón dice que no puede negar la autorización a Popeye Torero

El Gobierno de Aragón ha enviado este viernes una carta de respuesta al Defensor del Pueblo, que la pasada semana remitió al Departamento de Presidencia, Interior y Cultura un escrito que incluía una sugerencia y una recomendación para que el Ejecutivo Autonómico denegara la autorización para la celebración del espectáculo de toreo cómico Popeye Torero y sus enanitos Marineros, programado en las Fiestas del Ángel. El Ejecutivo autonómico entiende que no procede incoar expediente sancionador, al no haberse constatado indicios de infracción.

El Gobierno de Aragón recuerda que, “de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, por lo que “únicamente podrá negarse la autorización de un espectáculo si este contraviene de algún modo la normativa vigente”. El escrito firmado por la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, explica que la modalidad de toreo cómico como espectáculo taurino está expresamente prevista en el ordenamiento jurídico aragonés. Los toreros cómicos además están inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos, por lo que hay que permitir la actuación profesional, porque “lo contrario constituiría una flagrante ilegalidad que podría calificarse de gravemente discriminatoria”.

 Este régimen normativo se completa en Aragón con el Decreto 223/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de Espectáculos taurinos, cuyo artículo 2, al abordar la clasificación de los espectáculos taurinos, incluye la modalidad de Toreo Cómico.

En una comunicado el Gobierno de Aragón añadió además que se llevaron a cabo medidas de control con la presencia de la Policía Nacional Adscrita que realizó un informe favorable y que el festejo transcurrió con normalidad.

La Fundación animalista Weber, que llevó al Defensor del Pueblo este caso, pidió este viernes el cese del delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, por ser corresponsable en la realización de un acto con personas con acondroplasia y avalar una convocatoria vetada por una Ley estatal.

El delegado territorial defendió su gestión y recordó, en línea con lo manifestado por el Departamento, que se actuó de acuerdo con los informes técnicos  y la normativa autonómica.

Ros consideró que el espectáculo había transcurrido con “total respeto” sin producirse “ni mofa ni vejación” de los profesionales que, por otra parte, han manifestado en diferentes ocasiones su deseo de realizar este espectáculo, como lo llevan haciendo desde hace años.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también se refirió ayer a este asunto a preguntas de la prensa, durante la presentación del Punto Violeta. Buj se pronunció en la misma línea que el delegado territorial y sobre la denuncia a Fiscalía del Ministerio de Derechos Sociales recordó que el Ayuntamiento ni autoriza ni organiza este festejo.

“Le pediría a un ministro del Gobierno de España que se informara porque el Ayuntamiento no ha organizado el espectáculo ni somos los que lo autorizamos, por tanto, este es el nivel de un Gobierno de España”, lamentó y defendió su posición como alcaldesa: “Todo el mundo puede ejercer con libertad su trabajo”.