Bronca en las Cortes de Aragón por el plan de concordia alternativo a la ley de memoria democrática

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha presentado este jueves en el pleno de las Cortes el plan de concordia, recuerdo y reconocimiento de las víctimas por razonas políticas, ideológicas o de creencia religiosa alternativo a la ley de memoria democrática que se va a derogar y que ha concitado el rechazo de toda la oposición al considerarlo una "vergüenza".

Se trata de un plan, según ha explicado la consejera, que persigue unir a los aragoneses en torno a la Constitución de 1978, que supuso la consagración definitiva, por primera vez en España, de un régimen democrático de pleno derecho y de consenso, que está a punto de llegar a los 45 años de vigencia "pese a los ataques y menosprecios" que está sufriendo y el objetivo es llegar a la celebración de sus 50 años con el convencimiento de que sigue contribuyendo a la concordia.

"Nuestro pasado es el que es y de ahí venimos", ha subrayado la consejera, quien ha defendido proteger la dignidad de todas las víctimas, a las previas a la Constitución y también a las del periodo constitucional, en concreto a las víctimas de grupos terroristas, como ETA o el terrorismo islámico.

Porque para la consejera, la ley de memoria democrática de Aragón que PP y Vox quieren derogar es "una norma incompleta, sectaria", con una exposición de motivos "demoledora" al "intentar imponer un relato ideológico sobre hechos históricos".

El propósito del Gobierno con este plan es "evitar la instrumentalización de lo que fue un trágico episodio de la historia" para objetivos que "nada tienen que ver con la reparación a las víctimas y el derecho de todos a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos de uno u otro bando".

"No deseamos sembrar división y la confrontación entre los aragoneses", ha remarcado la consejera, quien ha apuntado que el plan consta de tres ejes, el primero centrando en la promoción de los derechos humanos y valores democráticos, en especial la igualdad, la libertad y la diversidad ideológica, con objetivos como garantizar la libertad ideológica, impulsar medidas de convivencia entre personas y colectivos de ideologías y culturas diferentes o neutralizar los potenciales efectos de discursos discriminatorios o de odio contra personas o colectivos de ideología diferente.

El segundo eje estaría dedicado a la dignidad de las víctimas de violencia desde un planteamiento integral de todas ellas "sin exclusiones partidistas".

Entre los objetivos ha destacado participar en la búsqueda, exhumación y documentación de todas las víctimas de violencia que se encuentren en fosas, independientemente de su ideología o circunstancias personales; colaborar en su identificación y entrega a personas legitimadas; impulsar medidas para la localización y registro de fosas en Aragón; proponer zonas de prevención y protección para los enterramientos no excavados y fijar elementos de recuerdo y respeto para todas las víctimas para dignificar su memoria individual.

La consejera ha apuntado que el último eje se refiere a la comprensión del pasado y a la búsqueda y difusión de la verdad, así como a la prevención del recuerdo para la mejora del respeto y la convivencia.

Entre los objetivos, fomentar la investigación histórica y sociológica en torno a la violencia causada por motivos ideológicos o sensibilizar acerca de la importancia del conocimiento objetivo de la historia "alejado de ideologías" o impulsar actividades de difusión de los valores democráticos basados en la concordia como jornadas, congresos, seminarios o talleres con expertos nacionales o internacionales, y un programa de actuaciones para la conservación y fomento del patrimonio cultural material inmaterial, promoviendo actuaciones de preservación y difusión.

En el turno de los grupos, toda la oposición ha cargado contra la derogación de la ley de memoria democrática y los de la izquierda, PSOE, CHA, Podemos e IU, que se presentara el 20N como "exaltación del franquismo", y han tachado de "vergüenza" o de "milongas" este plan.

Así, Daniel Alastuey, del PSOE, ha lamentado el "papelón" de la consejera la presentar un plan con el PP comete su "mayor desfachatez, plegándose a los intereses de Vox" y la "ignorancia" sobre la ley de memoria democrática cuya derogación, para celebrar los 100 días de gobierno, se presentó en una rueda de prensa el 20N como "exaltación del franquismo", cuando las leyes de memoria son precisamente una "vacuna" contra las amenazas a la democracia, fundamentalmente de los populismos de extrema derecha.

Y ha recriminado al PP que quiera "acabar con la memoria" y que hable de concordia "sembrando discordia".

Tomás Guitarte, de Aragón Teruel Existe, ha afirmado que no hay motivos para la derogación de esa ley "salvo que se pretenda negar hechos históricos o plantear una batalla cultural", ha lamentado que cuestiones tan importantes sigan generando confrontación y ha subrayado que las familias solo quieren recuperar los restos de las víctimas enterradas "sin la más mínima dignidad" en casi 600 enterramientos. La reparación y el reconocimiento de las víctimas", ha agregado, "son cuestiones morales, no políticas".

Por CHA, José Luis Soro ha defendido la ley de memoria democrática y la provocación que supone que se presente su derogación "el día más franquista del año", algo que no es casual, sino "a modo de homenaje", para "regodearse en la injusticia" porque "sólo les preocupa un bando", el que ganó la Guerra Civil, y quieren "borrar" que en los años de la dictadura sólo hubo víctimas del otro bando. "Concordia no es olvidar" y este plan, ha remachado, es "una maniobra cosmética improvisada" sin un euro de presupuesto.

Andoni Corrales, de Podemos, ha tachado de "vergüenza" que se llame régimen de estado a 40 años de dictadura y que se argumente que un plan para dignificar a todas las víctimas cuando ya lo recoge la ley de memoria democrática en su artículo 5, desde el golpe de Estado a la dictadura.

Álvaro Sanz, de IU, ha censurado las "milongas" de Hernández y los argumentos "poco creíbles" para justificar la derogación de la ley de memoria democrática presentada el 20N, "homenajeando a Franco" el primer año de Gobierno de PP y Vox, que hablan de concordia cuando "llevan semanas agitando el avispero para tumbar la posibilidad de un gobierno legítimo", el de Pedro Sánchez, "acusándolo de ilegal, hablando de golpe de estado e incitando a la confrontación entre españoles", señalando "con nombres y apellidos, poniendo en la diana a aquellos que no piensa como ustedes".

Por los grupos que sustentan al Gobierno, Ana Marín, del PP, ha asegurado que la derogación de la ley memoria democrática no radica solo en el pacto con Vox, sino en que no trata a todas las víctimas por igual, y Santiago Morón, de la formación de extrema derecha, la ha tachado de "liberticida" y "más propia de un estado totalitario", con una visión "partidista de la Historia" al considerar solo a las víctimas de un bando.

Alberto Izquierdo, del PAR, ha defendido no juzgar el pasado, no "hacer vencedores y vencidos", y la concordia, el entendimiento y que todos se sientan representados.