El clan de los dominicanos afronta peticiones de pena que superan los cien años de prisión

El clan de los dominicanos dedicado al tráfico de cocaína en la Comunidad Autónoma de Aragón, que desde ayer juzga la Audiencia Provincial de Teruel, afronta peticiones de pena que superan los cien años de prisión. En total se juzga a once personas, nueve de ellas en prisión provisional, por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La operación policial que permitió llevar a cabo la detención del grupo arrancó en Teruel, se extendió a Zaragoza y varias localidades de Cataluña, y supuso la mayor incautación de cocaína de los últimos años en Aragón al encontrar la Policía Nacional once kilos de esta sustancia estupefaciente escondidos  en una furgoneta interceptada en la capital aragonesa en octubre del año pasado.

La Operación Chacal en la que se desarticuló a este grupo criminal en otoño de 2021 se saldó con trece detenidos, de los que están siendo juzgados once por la Audiencia Provincial en una vista que comenzó ayer con la declaración de los acusados. El juicio continuará hoy con las testificales de los agentes que intervinieron en la operación, y concluirá el próximo lunes con la práctica de las pruebas periciales y los informes finales de las partes.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón considera este clan, formado en su mayoría por personas de origen dominicano aunque también hay una ecuatoriana, como una organización de tráfico de cocaína a gran escala que operaba en Zaragoza, Teruel y varias localidades catalanas.

Primeras investigaciones

Las primeras investigaciones del caso llevadas a cabo por la brigada provincial de la Policía Judicial de Teruel, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital turolense, detectaron en enero del año pasado la existencia de una actividad de tráfico de drogas en Teruel que estaba relacionada con una red a media escala a nivel nacional.

A la par, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Zaragoza investigaba a una organización criminal en la capital aragonesa, que resultó ser la que suministraba la cocaína a quienes estaban siendo investigados en Teruel. Fruto del cruce de ambas investigaciones se identificó a otra parte del grupo que estaba afincado en Cataluña y se consiguió detectar el momento en que iban a viajar a Madrid para hacerse con un importante alijo de droga.

Para desarticular la banda, la Policía Nacional hizo seguimientos y escuchas telefónicas a los implicados hasta que procedió a las detenciones y los registros de viviendas para encontrar las evidencias con motivo de ese viaje a Madrid para proveerse de mercancía, puesto que el grupo, según reconoció en su día el jefe superior de Policía de Aragón, se caracterizaba por su alto grado de especialización y su capacidad extraordinaria para ocultar la droga.

Siete hombres y cuatro mujeres son los que se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Teruel acusados de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, y en la mayoría de ellos también por pertenencia a una organización criminal. La instrucción se inició en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Teruel y tras intentar inhibirse a favor de la Audiencia Nacional por haber involucradas varias provincias, el Supremo resolvió que la competencia era de Teruel al haberse iniciado aquí la investigación.

La ramificación turolense

Al menos seis de los acusados llegaron a alcanzar acuerdos de conformidad con la Fiscalía antes del comienzo de la vista al reconocer parcialmente los hechos, entre ellos tres de los detenidos residentes en Teruel, aunque en los interrogatorios que se practicaron en el juicio evitaron en todo momento involucrar al resto.

Los presuntos cabecillas, Carlos Alfredo G.R. y Carlos Andrés M.P., se enfrenta cada uno de ellos a la petición de 17 años de prisión por parte del ministerio público, 9 por un delito contra la salud pública y los otros 8 por un delito de dirección de una organización criminal.

Ambos estaban supuestamente al frente de la organización dedicada a la distribución y venta de droga junto con un tercer individuo llamado Williams, que es quien iba en la furgoneta en la que se transportaron desde Madrid a Zaragoza los 11 kilos de cocaína ocultos en una caleta, que es como se conocen en la jerga policial los compartimentos que emplean los delincuentes para esconder la droga y evitar que pueda encontrarse en caso de una intervención policial.

Eso es lo que pasó cuando esta persona, Williams, y otra que viajaba con él, fueron interceptadas por la Policía Nacional en Zaragoza, de regreso de Madrid, con motivo del operativo de vigilancia desplegado ante la sospecha de que el viaje a la capital española era para adquirir droga.

Furgoneta

Los agentes en un principio no encontraron nada en la furgoneta, y el juzgado de guardia de Zaragoza los puso en libertad, según explicaron ayer varios abogados que representan a los acusados. Posteriormente, tras una inspección minuciosa del vehículo, se consiguió encontrar la caleta en las que estaban escondidos los once kilos de cocaína en placas, pero los dos detenidos se habían dado ya a la fuga. Desde entonces se encuentran en busca y captura sin que se haya podido dar con ellos.

En los registros domiciliarios a las otras personas implicadas que se hicieron en Teruel, Zaragoza, Tordera (Barcelona), y Blanes y Lloret de Mar en la provincia de Gerona, se incautaron 150 gramos de cocaína, 8.000 euros en metálico, nueve vehículos, numerosas balanzas de precisión, envasadoras para el empaquetado de la droga y sustancias para mezclarla, así como armas de fuego simuladas.

Para burlar a la policía y evitar ser descubiertos contaban con una amplia red de pisos de seguridad, vehículos para moverse y garajes, como se puso ayer de manifiesto en los interrogatorios, aunque los acusados recurrieron a coartadas de todo tipo argumentando que tenían alquiladas habitaciones o que las grandes cantidades de dinero que se les intervinieron al ser detenidos las llevaban encima para evitar que se las robasen.

Tres detenidos

De los tres detenidos en Teruel, dos se encuentran en libertad provisional, un hombre y una mujer, mientras que el otro hombre está en prisión preventiva. A los tres se les acusa solo de tráfico de drogas, no de organización criminal, y ayer reconocieron haber vendido droga pero se desvincularon del resto de miembros de la banda, e incluso uno de ellos apuntó que se abastecía en Valencia y no en Zaragoza.

Entre los implicados hay varias parejas y vínculos familiares entre ellos, si bien algunos manifestaron no conocerse o solo a algunos. Por los delitos de drogas la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales hasta 9 años para unos y 5 para otros, mientras que por pertenencia a organización criminal solicita por lo general 5 años, salvo para los dos cabecillas, a los que pide 8 años.