De la España vaciada al vaciado de las grandes políticas necesarias para la lucha contra la despoblación

Seis años después de la gran manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid, en la que se pidió un reequilibrio territorial del país, se ha pasado de la España vaciada al vaciado de las grandes políticas necesarias para la lucha contra la despoblación. El Gobierno central pretende hacer ahora un diagnóstico territorializado del problema, después de haber considerado un éxito la primera estrategia nacional que se puso en marcha con fondos europeos, pero sigue ignorando cuestiones como la financiación y el desarrollo de las infraestructuras, consideradas por los expertos como claves para combatir la situación y vitales en el caso de la provincia de Teruel.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabaja ya en una nueva estrategia que ha denominado la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, para la que ha hecho una consulta pública y cuyo horizonte se fija para finales de esta década.

Una de las novedades que se pretenden impulsar es la creación del Observatorio de Equidad y Reto Demográfico para hacer diagnósticos territorializados y adecuar las medidas a cada zona. De esta forma el Ministerio reconoce de forma implícita que hasta ahora ha habido pan para todos, con lo cual se han visto perjudicados los territorios con mayor problema ya que el criterio de aplicación generalizado han sido los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La primera estrategia se ha basado además en programas financiados en su mayoría con fondos europeos. Son los 13.000 millones de euros a los que constantemente se refiere el Ministerio, entre los que destaca el de cobertura digital. En este caso, gracias al Internet por satélite a través de Hispasat se ha logrado llegar al 100% de las zonas rurales.

Frente al despliegue generalizado de estas políticas que abarcan desde la eficiencia energética, el saneamiento y abastecimiento y la depuración de aguas, lo que no han prosperado han sido las actuaciones de mayor calado en materia de infraestructuras, financiación de servicios públicos, y ayudas a los sectores empresariales para hacer que estos territorios puedan ser más competitivos, equipararse a los del resto del país, y generar así riqueza para que la población crezca.

En el caso de la provincia de Teruel, los compromisos se fijaron por escrito a principios de 2020 en el acuerdo de investidura que el PSOE y Teruel Existe suscribieron cuando este movimiento ciudadano accedió por primera vez a las Cortes Generales al presentarse como agrupación de electores, y cuyo voto fue decisivo para que fuese elegido Pedro Sánchez presidente del Gobierno aquel año.

En ese acuerdo estaban las infraestructuras de comunicación, estaba la financiación autonómica y también algún tipo de fiscalidad o de ayuda especial para impulsar el desarrollo de la actividad empresarial en la provincia. Eso acabó concretándose en las ayudas al funcionamiento que habían peleado los gobiernos autonómicos de Aragón y las dos Castillas, además de las organizaciones empresariales de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Esas han sido las políticas que han acabado quedando vaciadas dentro de las políticas de lucha contra la despoblación, frente a las de menor impacto auspiciadas por la movilización de miles de millones de euros de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de la covid.

Infraestructuras

En el caso de las infraestructuras de comunicación, en Teruel se está intentando justificar desde la Administración central que en verdad hay un compromiso con la provincia por las obras de modernización del ferrocarril, un proyecto que el PP puso en marcha en 2017, que arrastra un considerable retraso, y que cuando gobernaban los populares se impulsó tras haber dejado caducar el Estudio Informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, el auténtico, no el apaño de la vía que se está haciendo por un trazado del siglo XIX que se está electrificando, sino una doble vía electrificada de alta capacidad para tráfico mixto de mercancías y viajeros.

En cuanto a las autovías, incluso la A-68, cuyas obras deberían estar ya en marcha, siguen atascadas y sin visos de que algún día sean una realidad. A pesar de ello, los dos partidos mayoritarios de gobierno, el PSOE y el PP, no dejan de tirarse los trastos a la cabeza reprochándose los unos a los otros que cuando gobiernan no hacen nada y solo las reclaman cuando están en la oposición.

Tener en consideración el factor de la despoblación para la financiación autonómica, las ayudas al funcionamiento y las infraestructuras de comunicación pendientes de desarrollar desde principios de siglo, son cuestiones fundamentales para dar un impulso a la provincia y equiparar su capacidad de competitividad con otros territorios. Al no haber sido asumidas por el Gobierno central para combatir la despoblación, pese a pregonarlas, esas desigualdades siguen siendo un lastre para la provincia.

Lo mismo ha pasado con el mecanismo rural de garantía. A pesar de que es una norma recogida ya en la legislación española, se ignora de forma insistente mientras en el discurso político se dice todo lo contrario.

El último ejemplo de esto se produjo la semana pasada, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley, a petición del PP y que pudo salir adelante con la abstención del PSOE y de Sumar, para retirar la propuesta del nuevo mapa concesional del transporte de viajeros de las líneas estatales.

A la par que los socialistas permitían que la PNL de los populares se aprobara, abriéndose así una posibilidad de entendimiento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacaba a información pública el anteproyecto del Corredor 12 que elimina las paradas en los pueblos, y que afecta a las conexiones en bus de Teruel con Madrid y Valencia.

Zarpazo a la movilidad

Este mapa concesional lo que hace, ignorando el mecanismo rural de garantía, es fijarse exclusivamente en el interés de las grandes ciudades y elimina prácticamente todas las paradas de los pueblos en el caso de las líneas estatales entre varias comunidades autónomas.

El Ministerio se ha enrocado en afirmar que se mejora el servicio al reducirse los tiempos de viaje -no así de quienes viven en los pueblos-, y pasa el problema a las Comunidades Autónomas. La cuestión es que al dificultar la movilidad en las zonas rurales se está desincentivando a la población para que viva en ellas, y se favorece la despoblación. El Plan de 130 medidas frente al reto demográfico dice todo lo contrario.

Con la financiación autonómica, de la que dependen los servicios públicos, ha pasado lo mismo como se ha visto en los primeros meses de este año tras la propuesta de eliminar la variable de despoblación en el criterio de reparto. Los estudios académicos, y el propio Plan de 130 medidas, consideran que la financiación es fundamental para garantizar la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones tanto en el campo como en la ciudad.

Algo similar está ocurriendo con las ayudas al funcionamiento, que siguen aplicándose en su mínima intensidad sin que el Gobierno central dé un paso adelante para que puedan aplicarse en el máxima porcentaje del 20% autorizado por la Comisión Europea.

Estas ayudas se vendieron cuando las aprobó la Comisión Europea como la gran panacea. Las pelearon los gobiernos autonómicos de las provincias beneficiarias y el Gobierno central las avaló, pero en cambio después tardó en aplicarlas y cuando lo hizo se dieron en su mínima intensidad de apenas un 1% en la mayoría de los casos.

El bloqueo presupuestario y el clima político de permanente confrontación tampoco han ayudado, aunque se reclama que se modifiquen las bonificaciones permitidas actualmente a través de un Real Decreto para llegar a ese 20%.

Desde el Gobierno central hacen oídos sordos, como ocurrió el pasado 20 de marzo cuando compareció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la Comisión de Despoblación del Senado. La senadora del PP por Teruel, Emma Buj, le preguntó sobre estas ayudas y la ministra no le contestó; la ignoró por completo.

Quien sí había contestado unas semanas antes sobre esa cuestión fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara alta, también en respuesta a una pregunta del PP. La ministra dijo que las ayudas al funcionamiento estaban dando buenos resultados, pese a que los empresarios de las tres provincias le han transmitido todo lo contrario. Durante su contestación defendió cómo se están aplicando en la actualidad y dio a entender que no se planteaba una revisión.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha dado por bueno cómo se están aplicando y hace unos días supeditó cualquier mejora a que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El año pasado Alegría causó un gran malestar al comparar estas ayudas para Teruel, Cuenca y Soria con una fiscalidad diferenciada y con los privilegios de financiación otorgados a Cataluña.

Desde el año 2005 cuando se aprobó el Plan de Actuación Específico para Teruel, las infraestructuras de comunicación se configuraron como las grandes aliadas para sacar del aislamiento a la provincia.

Dos décadas después no ha cambiado casi nada porque no se han hecho, y con las ayudas al funcionamiento está pasando algo parecido. Se aprueban las grandes políticas de lucha contra la despoblación, pero a la hora de la verdad no se ejecutan, mientras se vende los resultados de otras políticas al menudeo que llegan por igual a todas las provincias sin distinguir las que verdaderamente se encuentran en peor situación, que son aquellas que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuando Sara Aagesen compareció en el Senado a finales de marzo para hablar sobre las políticas de despoblación, defendió la gestión gubernamental en esta materia y afirmó que los resultados estaban siendo ya “positivos” y eran cuantificables.

Habló de inversiones millonarias en lucha contra la despoblación, entre ellas los 1.200 millones para avanzar en energías más asequibles con fondos europeos; así como los 176 millones de euros del Fondo de Cohesión estatal, repartido entre todas las Comunidades Autónomas, y entre los que destacó el dinero destinado a Aragón para el desarrollo del proyecto EREA para el impulso de ecosistemas de emprendimiento y economía social en el medio rural aragonés, que de momento ha dado lugar a una red e emprendedores con 200 proyectos en las dos primeras ediciones.

Ayudas al funcionamiento

Pero al preguntarle Emma Buj por las ayudas al funcionamiento, la vicepresidenta tercera hizo como si la senadora turolense no existiera y no respondió, conculcando así la labor de control de las Cortes Generales sobre el poder Ejecutivo.

Incidió en la cogobernanza y derivó responsabilidades hacia las Comunidades Autónomas, sobre todo para hacer frente a una de las próximas políticas que el Estado va a poner en marcha, el Plan de acción para un país a 30 minutos, que requerirá la implicación de las autonomías para que ningún municipio esté a más de media hora de la prestación de los servicios básicos.

Sin una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios, sin una mejora de las infraestructuras de comunicación, y si un mecanismo como el de las ayudas al funcionamiento autorizado por la CE para dotar de competitividad a las empresas, que son las políticas de lucha contra la despoblación de gran calado, difícilmente un plan como el de 30 minutos así será realizable por mucha teoría y buenas palabras que se empleen.

El Miteco defiende el éxito de sus políticas con la evolución demográfica del territorio

En distintas comparecencias tanto de la actual titular de la cartera que incluye las políticas del Reto Demográfico, Sara Aagesen, como de su predecesora, Teresa Ribera, ambas han incidido en que el éxito de la primera estrategia estatal puesta en marcha es medible por el incremento de la población rural en los últimos años, aunque esa evolución no la comparan con la del conjunto del país.

El argumento que esgrimen es que el medio rural, gracias a las políticas de los gobiernos socialistas desde el año 2018, ha dejado de expulsar población y ha empezado a atraerla. Se apoyan en que en el año 2023, cuando concluyó la primera Estrategia estatal frente al reto demográfico, las zonas rurales incrementaron su población en 55.000 nuevos habitantes. La cifra se eleva a 350.000 personas más viviendo en las zonas rurales si se tiene en cuenta el periodo que va de 2018 a 2023.

Además, el Miteco pone énfasis en el asentamiento de los colectivos que más necesita el medio rural, puesto que desde el año 2018, el saldo positivo hacia las zonas rurales fue de más de 160.000 mujeres atraídas por la posibilidad de desarrollar proyectos profesionales.

Más estudios para poder conocer cómo está la situación en cada zona rural

La elaboración de estudios va a seguir estando presente en la política del reto demográfico, según los planes del Ejecutivo central, que tras la primera estrategia estatal de lucha contra la despoblación, va a continuar trabajando en una nueva estrategia a la vez que en el Plan de un país a 30 minutos para que cualquier ciudadano no esté a una distancia mayor de media hora de cualquier servicio público básico.

La pretensión es crear el Observatorio de Equidad y Reto Demográfico, de manera que el conocimiento científico de los expertos permita explorar mejor qué tipo de actuaciones se necesitan para hacer frente al problema, teniendo en cuenta además la peculiaridad de cada territorio para poder hacer actuaciones a medida.

Cuando Aagesen compareció en el Senado a finales de marzo, habló de un “pacto por la ciencia”, si bien durante la pasada legislatura ya existió y la comunidad científica, con expertos universitarios, elaboró un amplio informe que parece haber quedado en papel mojado.

La ministra dijo que la ciencia tenía que formar parte de las “decisiones”, y argumentó que para emprender nuevas actuaciones es preciso “tener un buen diagnóstico” y contar con la mejor información disponible.

Es por ello que el Miteco tiene intención de crear el Observatorio de Equidad y Reto Demográfico, que según Aagesen parte de las experiencia que ha habido con la primera estrategia estatal frente al reto demográfico, pero que debe seguir creciendo “con un sistema de información de datos municipales que nos permitan diagnósticos territorializados”.

La ministra reconoció en el Senado que la situación no es igual en todas partes; algo que no se ha tenido en cuenta con la primera estrategia al haberse aplicado por igual a municipios de menos de 5.000 habitantes, que nada tiene que ver con la mayoría de los pueblos pequeños de sitios como la provincia de Teruel.

Aagesen admitió durante su comparecencia que “no todos los territorios son iguales y queremos poder consolidar toda la información que venga de todos y cada uno de los territorios para hacer el mejor de los diagnósticos y aplicar las mejores medidas”.

La intención con ese Observatorio es poder generar indicadores territoriales ajustados “que nos permitan determinar dónde están las vulnerabilidades, las distintas escalas y una mejor información para la toma de decisiones”, dijo.

Para atender a esos territorios más vulnerables es por lo que se aprobaron las ayudas al funcionamiento y se comprometieron las infraestructuras de comunicación que siguen sin llegar.