Concud se moviliza para que se clausuren las balsas que provocan malos olores y vertidos en la localidad

Vecinos de Concud se concentraron este jueves ante el ayuntamiento para denunciar los problemas de vertidos de unas balsas que desde hace dos años están sufriendo en la pedanía y que se traduce, según denunciaron, en malos olores, caminos rurales encharcados y que tiene afecciones a los chopos que se están secando. Están preocupados además por las afecciones que pueda tener sobre la salud. Los vecinos ya no pueden más y convocaron esta concentración para exigir al Ayuntamiento que haga cumplir el decreto de cierre que desde hace más de un año hay sobre la actividad. Cerca de un centenar de personas acudieron con pancartas alusivas y mascarillas a la concentración.

La alcaldesa, Emma Buj, acudió a la puerta del ayuntamiento, acompañada del concejal Carlos Méndez, y les invitó a una representación de los vecinos que viven en la localidad a subir al salón de plenos para hablar “más tranquilamente”. Aunque al principio, los vecinos se mostraron dispuestos a entrar finalmente no se hizo esa reunión, al hablar con todos en la calle, y se emplazaron para una reunión la próxima semana. Previamente la alcaldesa tiene agendada una reunión con la empresa.

“Entiendo perfectamente vuestro enfado”, les dijo ante la puerta consistorial. Aseguró que había ido ella misma en diferentes ocasiones a comprobar la situación y reconoció que hay días que no hay molestias pero hay otras que hay “muchos olores”.

Buj les trasladó que el Ayuntamiento “está haciendo lo que puede”. Reconoció que pueden pensar que no es suficiente, pero recordó que hay abiertos expedientes disciplinarios en estas balsas y dictadas orden de cierre hace un año. Les explicó que las órdenes de cierre de una actividad “hay veces que son fáciles de ejecutar” pero aquí “hay una parte que es legal y el Ayuntamiento no puede entrar con máquinas a vaciar las balsas”.

Los vecinos dijeron que se siguen echando vertidos y le gritaron que haga cumplir el decreto de cierre porque, en contra de lo que decía la alcaldesa, consideraron que hay una parte que sí que se puede precintar.

“Es evidente que la burocracia muchas veces nos lleva a situaciones que deja en la indefensión a los ciudadanos, tenemos expedientes abiertos algunos complejos y dependientes de otras administraciones”, reconoció la responsable municipal en relación a un informe del Inaga que solicitó la Comisión Provincial de Urbanismo cuando la empresa amplió la actividad.

“Así no podemos vivir”, lamentaron los vecinos y recordaron que a parte de los malos olores los vertidos están ocasionando daños en el medio ambiente. “Todos los chopos hasta el río se han secado”, advirtió el portavoz de los vecinos, Fernando Belenchón, que leyó un comunicado al finalizar la conversación con la alcaldesa que les aseguró que “costará más o menos pero lo conseguiremos”.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa aclaró que la primera balsa tiene todos los permisos, que informó favorablemente el Consejo Provincial de Urbanismo y cuando se construyó no hacía falta el informe del Inaga. Cuando se hizo la segunda balsa, se hizo sin permiso de obra y sin licencia de actividad, y entonces se comenzó a tramitar, a requerimiento del Ayuntamiento, ambos expedientes. Fue entonces cuando el Consejo Provincial de Urbanismo dijo que, al ser una instalación que ha crecido, era necesario informe del Inaga, que se solicitó el año pasado, y es el que está pendiente de recibirse. “En mayo de 2023 el Ayuntamiento dicta orden de cierre y cese de la actividad de las balsas que son ilegales, no de la que es legal”, aclaró y apuntó que la empresa sí que lo ha hecho.

“Es difícil precintar esas balsas porque hay una parte que sí que es legal. En cualquier caso, lo que no pueden hacer el Ayuntamiento es entrar y vaciarlas porque la ley solo nos permite dictar la orden de cierre”, apuntó y recordó que. hace más de un año que dictó la orden de cese de ese negocio. “Evidentemente no ha cesado y por eso están molestos los vecinos”, reconoció anunciando que se tomarán medidas “si al final no conseguimos una solución por las buenas, que es lo que a mí me gustaría con la empresa”.

En cuanto a las filtraciones de la balsa que sí que es legal, recordó que el Ayuntamiento lo trasladó a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que abrió expediente en 2022 y que sancionó en febrero. “Esas obras para impermeabilizar la balsa legal se llevan a cabo, pero no han sido suficientes y aunque en menor grado parece que siga habiendo filtraciones”, apuntó.

Con todos estos trámites, el portavoz de los afectados consideró que lo que está haciendo el Ayuntamiento en estos dos años es “marear la perdiz”. Señaló que el Consejo Provincial de Urbanismo ya devolvió el expediente porque querían aprobar las balsas por un interés general. “Interés general es el de los vecinos del barrio que no pueden vivir en sus casas”, dijo e insistió en lo que hay que hacer es precintar las balsas que “siguen contaminando nuestro río y nuestros huertos, es un tema de salud”, insistió . Recordó que lo que se vierte “no es agua y sal”, como dice la empresa sino también grasas y sangre. “El sol les evapora el agua y la materia se pudre, eso huele a muerto”, indicó.

Recordó que en el decreto se daba un plazo de dos meses para vaciar las balsas y que si no se hacía se daría traslado a la Fiscalía pero tampoco se ha hecho. Desde mayo de 2023, “hemos solicitado en tres ocasiones que se cumpliese el decreto y no se ha hecho”. Belenchón recordó que habían solicitado una analítica de agua que dio como resultado que había 2.700 miligramos de materia orgánica en el agua por litro cuando el nivel tiene que estar de 0 a 20, lo que demuestra que “no es agua y sal, es porquería”.
 

Apoyos

Representantes municipales de la oposición quisieron acompañar también a los afectados. Varios concejales del grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel, acompañados por la diputada autonómica de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj, participaron en la concentración vecinal de Concud ante las puertas del consistorio turolense para exigir una solución inmediata al problema de vertidos generado por una empresa de jamones.

El portavoz del grupo municipal, Enrique Marín, exigió al equipo de gobierno que aborde cuanto antes la problemática de suciedad y malos olores que están ocasionado las balsas de vaciado de agua de esta empresa.

Marín sumó su voz a las quejas de los vecinos de Concud y precisó que no tienen nada en contra de la empresa, pero sí contra los vertidos que se están produciendo y que están afectando al olor y al ecosistema de la zona. Por este motivo, el portavoz de Teruel Existe se dirigió al equipo de gobierno: “Queremos saber en qué situación se encuentran las balsas; si cumplen con la normativa, si tienen licencia de actividad, y por qué se ha permitido a la empresa seguir con los vertidos de agua contaminada, pese a la orden de cese de actividad”.

“Sabemos que la alcaldesa y el equipo de gobierno están a la espera del informe del Inaga, pero, mientras llega, le pedimos que escuche a los vecinos y que precinte la zona de las balsas. Si se da un paseo por la zona se dará cuenta de que es un olor insoportable”,añadió. “Se trata de un tema de salud, no son sólo las molestias, por lo que urge actuar tras un año y tres meses sin ejecutarse el decreto”, concluyó.

A la concentración convocada por la asociación vecinal de Concud, también acudió el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Guillén, que prefirió no hacer declaraciones por considerar que en este momento son los vecinos los que tienen que tirar del carro. Se reunieron con ellos recientemente, como también lo hicieron con otros grupos políticos, y les apoyarán en lo que necesiten pero Guillén consideró que no hay que politizar esta situación, como hizo Teruel Existe lanzando su nota de prensa.

Representantes de Chunta Aragonesista también acudieron a la concentración para mostrar su apoyo a los vecinos de Concud. “Estamos abiertos a recoger las inquietudes que tienen de manera que les podamos ayudar a gestionar la situación que tienen”, comentó Javier Carbó, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses. Igualmente, estuvo representada la Federación de Asociaciones Vecinales y el sindicato CNT mostró este miércoles en un comunicado su apoyo a la reivindicación.

La empresa

La empresa que emplea las balsas próximas a Concud, Jamones Albarracín, defendió este jueves su gestión. La directora general de Jamones Albarracín, Isabel Dobón, aseguró a este diario que la empresa está a la espera del informe del Inaga para actuar en las balsas tal y como marque la entidad competente. Recordó que para solucionar los problemas de filtraciones detectados se realizaron trabajos de impermeabilización en la primera balsa y consideró que así se habían solucionado apuntando que el agua de los caminos es porque el barranco “mana agua” y “siempre hay”.

Dobón explicó que la empresa acometió los trabajos para corregir las filtraciones que ellos mismos habían detectado porque se vaciaba la balsa. Ahora es una piscina impermeabilizada cuando antes era una lona. Insistió, a diferencia de lo que dicen los vecinos, que los vertidos son solo “agua con sal” procedentes de su actividad de secado de piezas frescas de jamón. Y sobre los malos olores, opinó que pueden venir de otras instalaciones como granjas de purines que hay en la zona.

Dobón señaló que está a la espera de reunirse con la alcaldesa y con el concejal de Medio Ambiente. “Estamos preocupados por el tema y queremos hacer alguna mejora”, aseguró añadiendo que no están echando nada en las nuevas balsas esperando el informe del Inaga desde el mes de febrero.

Dobón lamentó que con que este asunto se estén vertiendo opiniones y mensajes populistas. Recordó que Jamones Albarracín es una empresa que da trabajo a 140 personas. “Creamos empleo y riqueza”, destacó, “lo estamos intentando hacer lo mejor posible pero nos encontramos con trabas burocráticas, estamos dispuestos a hacer las reformas que haga falta, no vemos un problema pero queremos que nos den la solución”, zanjó.

Jamones Albarracín inició su actividad como secadero en Teruel en el año 2001 y desde entonces ha ido ampliando sus instalaciones situadas en el parque Empresarial La Paz y en Platea. Este año ha construido una nueva planta que le permitirá ampliar su capacidad productiva hasta las 3,6 millones de piezas al año.