Una bajoaragonesa exige igualdad para los enfermos de cáncer del medio rural

A Esperanza Camuñas, vecina de Valdealgorfa y de 69 años, le diagnosticaron un cáncer de mama el año pasado. A su operación, que se completó en diciembre, le siguieron cinco sesiones consecutivas de radioterapia en Zaragoza que se realizaron los días 21, 22, 23 26 y 27 de febrero. Cinco viajes que realizó en taxi, ida y vuelta, y que sufragó la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Sin embargo, los viajes previos para estudiar la enfermedad los tuvo que pagar de su propio bolsillo, algo por lo que ha reclamado y todavía no ha recibido respuesta.

Los cinco viajes que Esperanza realizó durante el tratamiento de radioterapia no son los únicos que ha tenido que hacer durante la enfermedad: “Antes de la operación hay que pasar por un montón de pruebas que están destinadas a detectar el lugar en donde se encuentra el cáncer, en las que los médicos analizan cómo llegarán a él durante la intervención, en las que observan si el cáncer se ha extendido o no...”.

Para que le realizaran todos esos estudios ha pasado por distintos centros hospitalarios de la capital aragonesa: “el Miguel Servet, el Clínico, la Clínica Vivo, Nuestra Señora de Gracia, el Gabinete nuclear de Pablo Navarro Beltrán”, enumera. Todos estos viajes desde Valdealgorfa a Zaragoza anteriores al tratamiento los ha pagado de su propio bolsillo. Un coste que asciende a algo más de 1.000 euros y que ahora la dirección general de Sanidad se niega a sufragar porque alega que no llega al mínimo de kilometraje establecido.

La negativa de la Administración a costear los viajes a la capital aragonesa ha sorprendido a esta bajoaragonesa, que apunta que “a Zaragoza no fui por gusto o porque quise, sino que me derivaron desde el Hospital de Alcañiz, porque aquí no tienen la maquinaria necesaria para realizar todas esas pruebas que tenían que hacerme”.

Los gastos que ha contabilizado ascienden a 1.016,29 euros de taxi. “Ir en autobús era imposible, porque me tendría que haber ido a Zaragoza el día anterior de cada cita, hospedarme en algún sitio y después esperar al día siguiente a que coincidiera otro autobús de linea que bajara a Alcañiz justo después de las citas medidas”.

Las citas en Zaragoza eran “temprano, a primera hora de la mañana”, así que le resultaba imposible llegar a tiempo tomando el primer autobús que salía desde Alcañiz hacia la capital aragonesa. “Tampoco me podían llevar en coche, porque mi marido está enfermo y mis hijos tienen sus trabajos y no pueden estar pidiendo permisos todos los días”, enfatizó la mujer.

En suma, en cada viaje a Zaragoza, el taxi hacía 244 kilómetros, a los que hay que sumar los 19 que realizaba el taxista de Alcañiz para irla a buscar al pueblo.

La sorpresa de Esperanza llegó el día en que la Seguridad Social le respondió que no iban a sufragarle los gastos por el uso del taxi porque no llegaba a la distancia mínima estipulada. “Me quedé muy sorprendida, porque vivo a una distancia considerable de Zaragoza y porque en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) me dijeron que tramitara la solicitud, porque me lo pagarían, como hacen con otras personas. Con la negativa a pagarle los viajes, ha sido la propia Asociación la que le ha ayudado a presentar la reclamación.

Ahora “me están haciendo pruebas de genética y me han dicho que tengo que volver a Zaragoza, pero he dicho que no, porque no puedo dejar solo a mi marido, así que contacté con un médico del Hospital Miguel Servet por si podían realizar la consulta por videollamada o teléfono, porque no puedo seguir invirtiendo más dinero en ésto”, enfatizó la mujer, quien denunció lo que considera “una discriminación por la falta de atención que tenemos los vecinos del medio rural, ya que, si viviera en una ciudad, esto no me habría pasado”, añadió. Según Esperanza Camuñas, “casos como el nuestro ponen en evidencia que, a pesar de haber aportado a la Seguridad Social durante más de 40 años cada uno, mi marido y yo, llega el momento en que te das cuenta de que no estás en las mismas condiciones que la gente que vive en la ciudad”.

Falta de igualdad

Su queja es por una evidente falta de igualdad de derechos. “Si hubiera vivido en Zaragoza no tendría este problema, pero viviendo en el medio rural, no me ayudan ni para los kilómetros que tengo que hacer para ir al hospital; ni tengo la culpa de tener un cáncer ni de que en Alcañiz no haya ni maquinaria ni personal para atender mi enfermedad”, se lamentó.

Esta vecina de Valdealgorfa quiso recalcar que su queja no está dirigida a ningún profesional sanitario. Todo lo contrario, su agradecimiento es máximo hacia los profesionales sanitarios que la han atendido en estos últimos meses, tanto a ella como a su marido. “El personal que me ha atendido y tratado, tanto en Alcañiz como en Zaragoza, es extraordinario; deberían apoyarlos y valorarlos, porque son espectaculares, desde el primer celador al último especialista, tanto los neurólogos que han atendido a mi marido como los médicos que me han tratado a mí”, subrayó la mujer.

Según Esperanza Camuñas, “ya no es por el dinero, porque he comido igual todos los meses de este año, sino por el trato justo que todos debemos tener, vivamos en un pueblo o en una ciudad”, añadió.

Servicio jurídico

La presidenta de la AECC en Alcañiz, María Jesús Martín, explicó que éste es el único caso del que tiene constancia la Asociación en la provincia en este momento, si bien matizó que “eso no quiere decir que no haya personas en la misma situación que Esperanza”. En este sentido, explicó que “puede haber gente a la que le haya pasado lo mismo y que no sepa que la AECC cuenta con un servicio jurídico y con una psicóloga en Alcañiz que les pueden ayudar”.

En la AECC “estamos para velar por la equidad y por que todo el mundo tenga acceso a los tratamientos independientemente del código postal en que se encuentre”, manifestó María Jesús Martín.

La asociación ofrece distintos servicios, entre ellos un asesoramiento jurídico que puede ayudar a los pacientes o familiares en temas relacionados con la salud. En este sentido, Martín reconoció que “quizá haya más casos como el de Esperanza, pero lo que ocurre muchas veces es que los pacientes o no reclaman o no saben que pueden disponer de un servicio jurídico que vela por sus intereses, vivan donde vivan”.