Izquierda Unida pide un estudio sobre la repercusión de Motorland y un plan de viabilidad
Las Cortes debaten hoy una PNL por un contrato de MotoGP más transparenteIzquierda Unida pide al Gobierno de Aragón que realice, en el plazo de cuatro meses, un estudio riguroso sobre las repercusiones económicas y sociales que tiene Motorland en Alcañiz y su entorno. Además, quiere que el Ejecutivo autonómico trace un plan de viabilidad para el circuito de velocidad y mejore los mecanismos de transparencia de la empresa pública, incluida la publicación de los términos del contrato para la organización del Gran Premio de Aragón de MotoGP.
Estos son los términos de la proposición no de ley que el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha presentado para su debate este jueves en la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Lo hace después de que la Cámara de Cuentas de Aragón constatara, en una auditoría del ejercicio 2020, las pérdidas continuadas de La Ciudad del Motor y su dependencia financiera de las instituciones públicas, que hasta ese año habían inyectado 236,4 millones de euros, y las confrontara con el “escaso impacto” que ha tenido el proyecto en términos de población y empleo en el Bajo Aragón.
En la exposición de motivos de la moción, IU recuerda que la Cámara de Cuentas de Aragón ya elaboró un informe de fiscalización de Motorland durante los ejercicios 2013 y 2014. Entonces se destacaba una aportación pública de 146 millones en 14 años, frente a 27 millones de ingresos propios de su actividad.
Entonces, según IU, el ente auditor ya consideraba “imprescindible” la realización de un estudio riguroso, detallado e independiente sobre las repercusiones económicas y sociales de La Ciudad del Motor en su entorno, en particular la organización del mundial de motociclismo, para poder valorar la justificación de las aportaciones públicas.
Tras el debate parlamentario de este informe, explica IU, las Cortes de Aragón pidieron en 2016 al Ejecutivo autonómico la realización de este estudio independiente sobre la repercusión del proyecto, mejorar y explorar nuevas fuentes de financiación, revisar el plan de negocio y redactar uno nuevo que incrementara la eficacia de la inversión pública, y un plan de viabilidad y control que equilibrara las cuentas anuales, además de cumplir en materia de transparencia.
Sin embargo, “poco parece haber cambiado desde entonces en estas materias”, expone IU en la moción. Sin ir más lejos, “el Gobierno de Aragón este año ha aprobado la operación para la ampliación de capital de la sociedad, por 9 millones de euros para equilibrar los resultados negativos del ejercicio”, apunta Sanz, que cuantifica en 8 millones de euros anuales las pérdidas anuales de la sociedad que se compensan con ampliaciones de capital financiadas con el Fondo de Inversiones de Teruel y el Gobierno de Aragón.
“Análisis sosegado y sereno”
Ayer, en rueda de prensa, Sanz insistió en que seis años después sigue habiendo “un escaso impacto positivo sobre la población y el empleo” derivados del circuito. Incluso “llega a decir” el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2020 que “las comarcas colindantes han perdido población desde 2009, más que otras comarcas (de Aragón), y que en Alcañiz no se ha notado tan apenas la variación, y tampoco que haya impactos económicos en el empleo relevantes ni en el empleo en general, ni en el sector servicios en particular”.
“Nos parece absolutamente inadmisible que se siga sin cumplir con los acuerdos que en estas Cortes se han planteado para arrojar esa transparencia, para garantizar la viabilidad y, sobre todo, para analizar las repercusiones sociales y económicas en el territorio”, manifestó.
Para Sanz, hay que hacer un “análisis sosegado y sereno” porque “corremos unos momentos en política en los que la mentira, el bulo, las palabras grandilocuentes y los grandes proyectos tapan la razón”.
“Es inadmisible que cuando solicitas al Gobierno que se implique en la reindustrialización de las comarcas mineras a base de sectores de alto contenido social y económico, como pueden ser por ejemplo las energías, con una empresa pública energética, o el de la farmacia, como aprobamos en la Estrategia Aragonesa (para la Recuperación Social y Económica tras la pandemia), nos digan que no se puede y, sin embargo, se puede seguir manteniendo sin solución de continuidad un proyecto como este sin el más mínimo aval de viabilidad”, lamentó Sanz.
Preguntado por si la postura de IU es cerrar Motorland, Sanz instó a “darle otra oportunidad en el sentido de garantizar esa viabilidad en base a I+D+i, tecnología e investigación”, es decir, “reorientar la actividad del complejo y garantizar que sirva y beneficie al conjunto de la ciudadanía de la zona y de Aragón”.
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