Los trabajadores públicos temporales exigen en Teruel la estabilización de sus puestos

Un nutrido grupo de trabajadores públicos temporales volvió a concentrarse el viernes frente a la Subdelegación del Gobierno en Teruel para protestar contra “la temporalidad abusiva” que se ha perpetuado en todas las administraciones públicas y exigir la consolidación y estabilización de sus puestos.

Las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), a las que en Aragón se sumaron las organizaciones integrantes de ISTA (Stepa, Stea, Somos y Stopel) y CATA, se repitieron en las tres capitales de provincia.

Tras la pancarta en la que podía leerse “No más despidos ilegales de empleados públicos” estos trabajadores mostraron su rechazo a los planes del ministro de Función Pública, Miquel Iceta, “contrarios a la normativa y jurisprudencia europea” y exigieron al Gobierno de Aragón que cumpla la directiva 1999/70/CE.

El representante del Sindicato  de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (Stepa) Carlos de la Cal explicó que con esta concentración querían reclamar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de junio, que vuelve a fallar contra el abuso de contratos interinos y considera que la transformación en indefinidos sería una sanción adecuada para esta infracción.

En la sentencia que se hizo pública este jueves el TJUE declara que la renovación de contratos temporales para atender necesidades estructurales no se ajusta a la Directiva Europea sobre esta materia y que en ningún caso los motivos presupuestarios pueden justificar el abuso en la contratación temporal.

Ante esta sentencia, De la Cal reiteró la necesidad de retirar la actual propuesta de modificación del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y presentar una nueva que adapte al marco legislativo español la Directiva Europea en los términos establecidos en la misma.

La Directiva 1999/70 faculta a que los Estados miembros junto con los agentes sociales establezcan medidas sancionadoras disuasorias y reparadoras en algún caso. En este sentido, Carlos de la Cal indicó que “es necesario llevar a cabo un proceso de estabilización real, que no castigue a los trabajadores que se encuentran en esta situación”.

“La situación no se soluciona convocando oposiciones sino estabilizando a las personas que se encuentran en abuso de temporalidad y fraude de ley a través de procesos restringidos o de un decreto como medida de sanción a la administración”, argumentó.

STEPA dijo que, según los datos oficiales del propio Gobierno de Aragón a 31 de diciembre de 2020, la comunidad aragonesa es una de las que cuentan con mayores tasas de temporalidad, especialmente en la administración regional, con un 48,4%, es decir, 28.844 de los 59.560 empleados públicos. De la Cal añadió que hasta un 70% de ellos sufren abuso de temporalidad.