Denuncian que el 70% de los interinos de Teruel están en abuso de temporalidad

Las organizaciones sindicales de STEPA, STEA y CGT denunciaron que aproximadamente el 70% de los 4.000 interinos que hay en la provincia de Teruel se encuentra en abuso de temporalidad, es decir, que llevan más de tres años en esa situación sin que se les haya dado una solución acorde con lo que marcan las directivas europeas y que ha ratificado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algo más de un centenar de personas se concentraron en la plaza San Juan para denunciar esta situación y exigir a las distintas administraciones que se haga una consolidación real de los puestos de trabajo de estos interinos.

La concentración formó parte de las acciones llevadas a cabo en todo el Estado contra el denominado Icetazo, el acuerdo alcanzado entre el ministro Miquel Iceta y las centrales CCOO, UGT y CSIF para resolver el problema de la estabilización del personal interino. Los sindicatos convocantes de la protesta advirtieron que eso no soluciona la situación porque lo que se busca es estabilizar plazas de la administración en lugar de estabilizar personas en situación de abuso de temporalidad.

Esos interinos son los que llevan más de 3 años en un puesto de trabajo de la administración sin que se haya regulado su situación, que, según explicaron los convocantes, debería resolverse en cumplimiento de la directiva 70/1999 del Consejo de Europa, es decir, mediante la contratación indefinida.

Carlos la Cal, del secretariado del Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA), aseguró que en la provincia de Teruel se estima que en las distintas administraciones públicas hay unos 4.000 interinos, de los cuales el 70% se encuentran en abuso de temporalidad.

La Cal explicó que hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que dice que “hay que sancionar el abuso de temporalidad”, y que en el caso de estos trabajadores que llevan más de tres años en esa situación lo que procede es “declararlos indefinidos”.

El representante sindical aclaró que no están en contra de las oposiciones que plantea el Icetazo, pero que en el caso de aquellas personas que han sufrido abuso de temporalidad, debería cumplirse con el derecho comunitario, y que eso tendría que resolverlo la administración en lugar de acudir a la vía judicial.

Daniel de Armas, del sindicato STEA, comentó que el decreto del Gobierno con el apoyo de los sindicatos mayoritarios solo da opción a la oposición, cuando estos interinos “no han entrado a dedo sino que han pasado por distintos concursos de oposición”.

Los convocantes de la protesta reclamaron en este sentido una mayor “sensibilidad social”, teniendo en cuenta además que muchas de las personas afectadas tienen ya más de 50 años o más de 40, con largos años ejerciendo, y en su mayoría mujeres. Afecta a todas las administraciones y sectores, con mayor incidencia en educación y sanidad.

La Cal precisó en este sentido que hay afectados que llevan “diez, quince, veinte años o más en sus mismos puestos o cambiando, en una situación que es inadmisible y Europa ha dicho que se tiene que solucionar”. Pablo Herrero, secretario general de Fase (Federación de Sindicatos de Enseñanza) de CGT añadió que con la opción del Icetazo “se la juegan” de un día para otro, lo que calificó de “medida desproporcionada que no respeta el derecho europeo”.

Los convocantes no pudieron precisar cuánta gente pudo haber ido a la huelga en la provincia, y durante la concentración leyeron un manifiesto en el que pidieron que se consoliden los puestos de quienes están en abuso de temporalidad (más de 3 años de interino), se establezca una sanción al abuso conforme a la directiva europea, se retire el Icetazo, y se potencien y refuercen los servicios públicos recuperando todo el empleo perdido por los recortes y las privatizaciones.