Los plazos para presentar y justificar proyectos del Fondo de Transición Justa podrían prorrogarse

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) está barajando la posibilidad de prorrogar los plazos del Fondo de Transición Justa de la provincia de Teruel, tanto para la presentación de proyectos como para su justificación. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, lo anunció este jueves en el pleno de las Cortes, donde destacó que estos fondos van a ser “una oportunidad única” para la transformación de Teruel.

Vaquero compareció en la sesión plenaria a petición propia para informar de este Fondo, financiado con partidas procedentes de Europa dentro de sus políticas de cohesión, que se presentó hace dos semanas en Teruel capital y el pasado lunes en Alcañiz, dotado con algo más de 88 millones de euros, de los cuales 55,4 serán para empresas y 32,6 para iniciativas públicas.

Las primeras convocatorias para pymes salieron publicadas el lunes por una cuantía de 21,4 millones, para las que las empresas tienen de plazo solo un mes para poder presentar proyectos. El poco tiempo que se les ha dado para hacerlo, así como no haber dado más puntos a las empresas ubicadas en las zonas mineras, fueron algunas de las cuestiones que plantearon los distintos grupos parlamentarios durante la comparecencia.

Mar Vaquero aseguró que lo van a tener en cuenta y que el IAF, como órgano gestor de estas ayudas dependiente de su consejería, “ya está teniendo en cuenta”. La consejera recalcó que en todo momento se acompañará a las empresas y que en los encuentros que están manteniendo les han trasladado la “conveniencia de poder ampliar los plazos para la presentación de los proyectos”, así como para su justificación posterior.

Plazos

La consejera se mostró abierta a esa prórroga de los plazos “porque no queremos que ni un solo euro quede sin ejecutar”. Este mismo argumento empleó para defender que toda la provincia se  pueda acoger a estas ayudas del Fondo de Transición Justa y no solo las zonas más directamente afectadas por la desaparición de la minería, que sí que tendrán una mayor puntuación, aunque desde la oposición consideraron que era insuficiente al ser solo de 5 puntos sobre 100.

En las próximas semanas saldrá la convocatoria para la eficiencia energética de grandes empresas, que sí recogerá una valoración superior para estos municipios mineros con diez puntos, explicó Vaquero. En cuanto a haber considerado como unidad territorial toda la provincia para la concesión de las ayudas, dijo que era “por tratar de absorber o tener mayor capacidad”. Argumentó que los 88 millones del fondo tendrán que ser cofinanciados y supondrán un impacto de 200 millones, por lo que creyeron que “podía correr el peligro de no ejecutarse” si se circunscribía exclusivamente a las comarcas mineras y lo que se pretende es que toda esa financiación pueda ser utilizada.

Reiteró, no obstante, que como ha sucedido en otros sitios que cuentan con ellos como La Coruña, y en donde el ámbito de aplicación ha sido también la provincia, se priorizará a los municipios que más han sufrido el cese de la minería del carbón. Vaquero recalcó que estos fondos van a suponer la transformación de la provincia y contribuirán a “asentar población”, mejorar la creación de empleo y de riqueza y consecuentemente de los servicios públicos”.

Posicionamiento

Marta Gastón (PSOE) pidió una discriminación positiva mayor para los pueblos mineros y los municipios más pequeños en la valoración de los proyectos, y mayor información y tiempo; Carmen Herrarte (PP) reclamó que estos fondos se complementasen con la aplicación de las ayudas al funcionamiento en su máxima intensidad que el Gobierno central no aplica al haberlas reducido a un 1%; Francisco Vidal (Vox) destacó el “apoyo a los territorios” que supone esta herramienta; José Luis Soro (CHA) consideró que habría que plantearse “hacer cosas diferentes”; Joaquín Moreno (Aragón-Teruel Existe) reclamó un reparto “justo y equilibrado”; Andoni Corrales (Podemos) acusó a PP y Vox de aprovecharse del trabajo de la anterior legislatura; Álvaro Sanz (IU) pidió una “planificación efectiva”; y Alberto Izquierdo (PAR) planteó que los municipios pequeños tengan más información para no quedarse fuera.