Los fiscales de Medio Ambiente de todo el país abordan en Teruel los nuevos retos en Derecho penal que plantea el Pacto Verde

Los fiscales de Medio Ambiente de todo el país abordan en Teruel cuestiones como los nuevos retos en Derecho penal que plantea el Pacto Verde Europeo y las nuevas directrices lanzadas a final del año pasado por la Unión Europea en esta materia. La capital turolense acoge hasta este martes el seminario anual que el ministerio público celebra con los fiscales de esta especialidad para coordinar criterios de actuación, cuya prioridad en estos momentos, según marca la UE, es reforzar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aseguró en la inauguración de las jornadas que “el siglo XXI es el siglo del medio ambiente”.

Dolores Delgado participó en la apertura del encuentro de forma telemática por videoconferencia, mientras que las jornadas de trabajo las coordina el fiscal de sala de la Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General, Antonio Vercher, junto con el fiscal delegado de la especialidad en Teruel, Jorge Moradell.

La fiscal general destacó como doble potencialidad de la Fiscalía la “capilaridad territorial” al llegar “a todos los rincones de España”, como se ha puesto de manifiesto con el hecho de que este seminario se celebre de forma presencial en Teruel, “apostando por un territorio y por un espacio”, aseguró, “sobre el que hay que poner el foco”.

Además, incidió en la especialización de la Fiscalía, como es el caso de los asuntos medioambientales al disponer de delegados de área en todas las provincias, con el fin de poder “dar respuestas eficaces, integrales; respuestas que están cargadas sobre todo de convicción por el mejor servicio público posible”.

Delgado reconoció que el medio ambiente es una materia “muy compleja, tremendamente complicada, muy transversal porque se tocan muchas materias”, porque a su juicio “es global el impacto del medio ambiente y debe ser global su defensa” en la lucha, “codo con codo”, que se hace con los especialistas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Dentro de esa globalidad, una de las cuestiones que están abordando los fiscales de Medio Ambiente de toda España bajo la coordinación del fiscal de sala de esta especialidad, son las nuevas directivas de protección penal ambiental anunciadas por la Unión Europea a mediados de diciembre pasado en el marco del Pacto Verde Europeo.

El fiscal de sala, Antonio Vercher, explicó que esta reforma de las directivas “va a revolucionar totalmente el sistema”, ya que se amplían el número de delitos, se regulan los procedimientos que hasta ahora no se habían regulado, y también las penas de hasta diez años. Vercher añadió que va a suponer un “ámbito de novedades absolutamente”, aunque de momento se trata solo de un proyecto.

Junto a este asunto, en el seminario los fiscales están abordando otras cuestiones relativas al medio ambiente que son competencias de las fiscalías delegadas, con el objetivo de analizarlas y debatirlas. Vercher indicó que con ello elaborarán unas conclusiones que “son de aplicación en las diferentes fiscalías” a la hora de abordar estos asuntos cuando surgen.

El acto inaugural contó, además de con la participación telemática de Dolores Delgado desde la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid, con la intervención de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que por la tarde ofreció una recepción oficial en el Ayuntamiento a los asistentes al congreso, y de la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, quien disculpó que no pudiera asistir la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, como estaba programado en un principio.

Júlvez destacó la integración del sistema de gestión procesal Avantius entre todos los colectivos que intervienen en la Justicia, a diferencia de lo que sucede en otros territorios, puesto que da servicio por igual a jueces, fiscales, forenses, abogados y procuradores.

“El reto es seguir mejorando tecnológicamente para poder facilitar puestos de trabajo deslocalizados”, comentó la directora general antes de la inauguración, algo que está dando sus resultados con la pandemia.

“Los retos para nosotros es seguir mejorando la excelencia de los medios materiales, y por supuesto, los medios humanos”, dijo Júlvez, quien consideró que la formación es clave en el siglo XXI.

La DGA ha cedido las instalaciones del salón de actos de la Delegación Territorial para el desarrollo del seminario, en el que participan más de medio centenar de personas, en su mayoría de forma presencial aunque también los hay que lo hacen de manera telemática, una posibilidad que se abrió debido a la covid.

En este sentido, el fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Teruel, Jorge Moradell, explicó que 36 fiscales de todo el país estaban asistiendo presencialmente y otros 14 de manera online, además de contar entre los asistentes con personal de los servicios adscritos, tanto peritos como policías locales, agentes forestales y el Seprona.

A la inauguración asistieron también distintos responsables públicos y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada, y la fiscal jefe de Teruel, Maribel Buj, y el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros. Esta es la primera vez que un seminario de coordinación de una especialidad de la Fiscalía General del Estado se celebra ya no solo en Teruel sino en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Sobre el contenido del seminario, el fiscal de sala de Medio Ambiente explicó a la prensa que es clave la reforma de una de las dos directrices europeas en materia penal ambiental, de 2008, tras el anuncio en diciembre pasado por parte de la Comisión Europea de una nueva propuesta de legislación en esta materia para toda la UE para combatir la delincuencia medioambiental. Se trata de una iniciativa que pretende dar respuesta al compromiso del Pacto Verde Europeo.

Vercher aseguró que en cuestión de Derecho penal en los temas medioambientales “se acercan tiempos importantes”, si bien precisó que “quizás el problema más importante va a ser la necesidad de que la propia ciudadanía empiece a asumir adecuadamente todo esto”.

Recordó que estos acuerdos para reforzar desde Europa la protección medioambiental desde el ámbito penal responden a un acuerdo del Consejo Europeo, y consideró que la única dificultad que puede haber para aplicar estas normativas es que se trata de una materia “extraordinariamente novedosa” y que “en derecho las novedades generalmente cuestan bastante”.

Recordó en este sentido que a mediados del siglo pasado en España no era delito el tráfico de estupefacientes, y que hoy la sociedad está mentalizada con la persecución de ese tipo de delitos. Lo mismo sucede con los robos, que todo el mundo asume que son delitos, “pero en materia de leucemias, cánceres y tal la gente dice que de algo hay que morir, lo último que se hace es atribuírselo a este tipo de temas”, dijo Vercher en referencia a los problemas medioambientales, a pesar de que “tienen un componente importantísimo al respecto y que es importante que empecemos a ver esa relación de causalidad”.

Responsabilidad

El fiscal de sala de Medio Ambiente apeló en este sentido a la “responsabilidad” ciudadana en una sociedad que cada día es más compleja e implica “la necesidad de que el ciudadano se involucre más en el respeto de toda la normativa que regula” la protección medioambiental.

Aseguró a este respecto que según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2010, “en España hay conciencia ambiental pero de boquilla”, puesto que “el compromiso personal es algo absolutamente cuestionable”, ya que “cuando hay que tomar iniciativas que realmente supongan la defensa o la protección del medio ambiente, ahí es donde patinamos”. Consideró, no obstante, que estaba “absolutamente convencido de que habrá un momento en el que la materia no tenga tanta dificultad y la ciudadanía responda mejor”.

Vercher explicó que al año en España se consiguen más de mil sentencias condenatorias en medio ambiente, y apenas 200 o 300 absolutorias. Indicó también que el grueso de los asuntos que abordan tienen que ver con la temática urbanística y de ordenación del territorio, y que está creciendo “exponencialmente” lo relativo al maltrato de los animales domésticos tras las últimas reformas que se han hecho.

A preguntas de la prensa, Vercher aseguró que la Fiscalía “desde hace siglos está actuando con el tema de las macrogranjas”, para hacer cumplir la normativa, aunque sea un asunto que haya saltado ahora a la agenda mediática, de igual forma que lo hacen con los proyectos energéticos. Precisó en este sentido que una de las novedades de la reforma de la directiva europea son los supuestos en los que no se respetan las perspectivas propias de los estudios de impacto ambiental. “Positivamente la UE está empezando a plantearse el tema, con lo cual hay mucho que decir en relación a esta materia, pero posiblemente con más detalle un poco más adelante”, aclaró el fiscal de sala, por la velocidad a la que va la implantación de nuevas tecnologías.

El fiscal de Medio Ambiente de Teruel, Jorge Moradell, apuntó que uno de los retos es comprobar que las evaluaciones ambientales se cumplen en su tramitación normativa, y destacó las novedades que está habiendo en materia de protección de animales domésticos.

Moradell aseguró que Teruel no es una provincia especialmente problemática en relación con la protección del medio ambiente por su escasa industrialización y presión humana, y que en el conjunto de Aragón los asuntos más frecuentes son por furtivismo y caza ilegal, o vertidos y gestión de residuos. Apuntó al respecto que “habrá que estar atentos a los proyectos que van a desembarcar masivamente y ver cuáles puedan ser sus incidencias ambientales, y por lo menos garantizar que se cumplen las evaluaciones ambientales de forma adecuada”.