José Paulino Esteban Pérez, decano del Colegio de Abogados de Teruel: “Los baremos del turno de oficio todavía son irrisorios y no se corresponden con nuestro trabajo”

El letrado José Paulino Esteban Pérez es el nuevo decano del Colegio de Abogados de Teruel, elegido recientemente y que además, por turno, le ha tocado asumir la presidencia del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. Asegura que el reto con los compañeros de la Junta de Gobierno es potenciar y dignificar más el turno de oficio, y equiparar las prestaciones con independencia del partido judicial en el que se ejerza, así como impulsar otras reivindicaciones como la pasarela al RETA de los colegiados mutualistas. Sostiene que decidió presentarse al cargo tras observar cierta desafección y desde el convencimiento de que el Colegio no puede “ponerse de perfil ante determinadas reivindicaciones”.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional al frente del Colegio de Abogados?.

-Lo hago con responsabilidad, respeto a la profesión y a todos mis compañeros, con dignidad y la voluntad de tener un diálogo permanente. Llevo 35 años de ejercicio profesional en Teruel, más lo que se llamaba anteriormente la pasantía, que fue otro año, y me he sentido respaldado. Para mí es un honor representar a toda la abogacía turolense, que es una satisfacción enorme.

-¿Qué le motivó a presentarse, porque es un cargo no remunerado que además añade más trabajo y preocupaciones a los que ya tiene con su despacho profesional?

-Tengo que reconocer que siempre he tenido vocación colegial. He estado ocho años en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Teruel, otros cuatro años en el Consejo de Abogados de Aragón, del que fui vocal en el periodo que fue decana Lucía Solanas, y en el que compartimos esa tarea con otro compañero, con Enrique Garrote. Ahora me ha motivado, y voy a ser claro, que había notado, tanto personalmente como en conversaciones con compañeros, cierta desafección hacia el colegio. Yo creo que el Colegio tiene que estar para representar a todos los colegiados, y el Colegio en ningún momento se puede quedar quieto ni ponerse de perfil ante determinadas reivindicaciones. Yo me he sentido un poco en esa obligación de retomar esa vida colegial y me he sentido muy respaldado por parte de compañeros y compañeras que me animaron a presentarme. La institución está por encima de cualquier tipo de personalismo y en los colegios debe caber cualquier tipo de debate relacionado con las funciones de nuestro colegio. Para mí eso es fundamental y desde luego va a ser un intento y un reto durante estos cuatro años.

-¿Qué importancia tiene una figura como el Colegio?

Para mí es fundamental porque el Colegio es nuestra representación ante lo compañeros, la administración y sobre todo ante los ciudadanos. Tengamos presente que el Colegio no solamente presta un servicio a sus propios colegiados, que lo hace, y lo debe seguir prestando, sino a la propia ciudadanía. El Colegio es una corporación de derecho público, es el representante de todos los colegiados ante toda la ciudadanía, principalmente en los asuntos del turno de oficio.

-¿Qué objetivos se ha marcado como decano en esta nueva etapa?

-Los tres compañeros que nos hemos presentado a la Junta, que es la vicedecana, Olga Sánchez Torres; diputada cuarta, que es Carmen Royo Rabadán; y bibliotecario, que es Jorge Yago; pues estamos comprometidos con esa labor colegial y queremos potenciar esa relación con los colegiados, las administraciones, principalmente la de Justicia, y los ciudadanos. Queremos también una potenciación del turno de oficio y con esto no estamos diciendo que no se haya hecho anteriormente, pero queremos todavía dignificarlo más. Y también queremos, en cuestiones como es la pasarela al RETA, liderar esta reivindicación.

-¿Cuál es la situación de la profesión en la provincia, con un territorio tan marcado por la despoblación y extensión?

-Pues efectivamente tenemos una provincia muy dura, con tres partidos judiciales, Alcañiz, Calamocha y Teruel, y marcada por la despoblación. Eso merece que el Colegio esté muy pendiente de que esa atención por parte de todos los abogados hacia todos los ciudadanos se preste debidamente, principalmente por el turno de oficio.

-No es fácil con un territorio tan disperso.

-Es complicado, y aquí partimos de un problema con el turno de oficio porque existe una orden de la Diputación General de Aragón de 2016 para la que solicitamos una modificación que permita una equiparación de los servicios y cuantías de guardia en los distintos partidos judiciales de Teruel y también del resto de Aragón. Pese a que ahora mismo hay una nueva orden de febrero que ha modificado la de 2016, por la que se aprobó el catálogo de referencia y bases de compensación, módulos y servicios de los profesionales que incluyen las prestaciones de asistencia jurídica gratuita, creemos que esto no es suficiente. Hay que incluir nuevos módulos y actuaciones, máxime desde la implantación, ya que va a ser inmediata, de la nueva Oficina Judicial que establece la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia.

-¿Pero la orden de febrero equipara ya a todos los profesionales con independencia de dónde desempeñen su función?

-No, la actualiza, y simplemente lo que hace es subir linealmente un 7% las cuantías para el turno de oficio. Esa otra es una de las cuestiones que estamos reivindicando y reclamando.

-¿Por qué esa diferencia, por qué en Alcañiz no se da la misma prestación económica a los abogados del turno que en Teruel?

-El problema en origen está en la orden de 2016, porque un mismo servicio de asistencia en Alcañiz se paga con una cuantía muy inferior a la que se presta en Teruel, en Huesca o en Zaragoza. Eso pasa en cualquier otro partido judicial de Aragón que no sea capital de provincia. Lo que queremos es que efectivamente eso se equipare, porque estamos hablando de disponibilidad. Esto nos viene viciado en origen y esa es una de las reivindicaciones en la que vamos al unísono con el resto de colegios de Aragón.

-¿Viciado desde 2016?

-Sí.

-¿Y qué pasaba antes entonces?

-No existía esta orden y ahora es una competencia transferida.

-Esto generó un conflicto el año pasado en Alcañiz. ¿Cómo está esa situación ahora?

-Estamos en proceso de reversión. Ahora mismo la última Junta del Colegio de Abogados de Teruel acordó, al objeto de equiparar los servicios y cuantías de guardia en los distintos partidos judiciales respecto a los que se prestan en las capitales de provincia, la aplicación del criterio de reparto de suplencias que en su día ya quedó establecido en una Junta de Gobierno del Colegio de Teruel del 16 de enero de 2017. Allí se estableció que tres suplencias fueran para Alcañiz, tres suplencias para Calamocha y una suplencia para Teruel. Con esto se pretende equiparar y no establecer esa discriminación de cuantías respecto a la que está concretada en esa orden de 2016.

-¿Se cobrará entonces lo mismo?

-No exactamente porque evidentemente la remuneración que establece la orden es la que establece la orden, pero el reparto, que sí es competencia del Colegio de Abogados de Teruel, lo que va a establecer es un reparto más equitativo y más proporcional.

-¿Económico?

-Económico, lógicamente.

-¿Cómo solucionar definitivamente este problema para que con independencia del partido judicial en el que se trabaje se perciba lo mismo por el turno de oficio?

-La modificación de la orden, es que no hay otra. Tienen que establecerse ahí unos baremos exactamente igual en cuanto a esa disponibilidad en cualquier partido judicial de la provincia. Luego se podrán establecer en función de asistencia, si hay más, si hay menos, pero la disponibilidad es la misma y el problema, insisto, es en origen. Y esto no es exclusivo del Colegio de Abogados de Teruel. Se ha planteado últimamente y ha tenido eco en los medios de comunicación por la situación de los abogados de Alcañiz que se dieron de baja, con lo cual hubo que hacer el turno obligatorio, pero que, insistimos, ante esa vuelta a un criterio anterior de 2017, todos los compañeros del turno, a los que yo agradezco especialmente su comprensión y solidaridad, han entendido que puede ser la solución transitoria hasta esa modificación de la orden.

-¿Qué les ha dicho el Gobierno de Aragón, hay posibilidades de modificar esa orden?

-Hay una total receptividad a esa modificación de la orden. En la reunión que tuvimos los tres decanos con las tres coordinadoras del servicio de turno de oficio de nuestros respectivos colegios la pudimos constatar, pero, evidentemente, el nuevo director general, que acaba de aterrizar, nos pidió un poco de tiempo. Nos ha pedido datos y estadísticas para poder establecer esos baremos conforme a la situación real y, evidentemente, a la situación presupuestaria de la Diputación General de Aragón. Pero insisto, hemos constatado esa receptividad y ese intento de que esa orden no puede seguir establecida tal y como estaba en ese contenido.

-Hablábamos antes de que ese incremento del baremo del 7% que les ha sido reconocido es insuficiente.

-Totalmente insuficiente. Hay que darse cuenta de que no se había actualizado desde hacía años y esa subida lineal del 7% es totalmente insuficiente y así se lo trasladamos al director general de Justicia.

-No sé si la sociedad es consciente de que la justicia gratuita es una obligación de la Administración pública, del propio Estado de Derecho.

-Efectivamente, así es. Es que el hecho de que muchas veces desde los colegios estemos solicitando la dignificación del abogado del turno de oficio, de esos servicios que se prestan, es que es la realidad. Es que todavía esos baremos son irrisorios y no se corresponden realmente con la labor que hacemos. Es que estamos reivindicando que también se abonen los gastos de traslado de un compañero que está, por ejemplo, en Valderrobres y se tiene que trasladar a Alcañiz, o de otro que está en Sarrión y se tenga que trasladar a Teruel. Esos gastos tampoco se reconocen, por lo menos debidamente. Y también lo estamos reivindicando así al Gobierno de Aragón.

-En resumidas cuentas, que un derecho constitucional como es la Justicia, en buena medida lo está sufragando el profesional del turno de oficio.

-Efectivamente.

-No la Administración, que es a quien le compete, dotándolo de la financiación adecuada.

-Cuando he dicho antes que los colegios somos una corporación de servicio público es por eso, porque estamos prestando ese servicio público, lo que nos está exigiendo el Estado y lo que nos está exigiendo la propia Constitución. Y lo prestamos debidamente, pero de ahí que se nos tiene que dignificar ese reconocimiento y pagar debidamente, por supuesto.

-En una coyuntura, además, en la que la litigiosidad no para de aumentar.

-Pues sí, por desgracia la litigiosidad está en aumento. Esperemos que ahora la nueva ley, la 1/2025, lo palíe con los métodos alternativos de solución de conflictos. La sociedad no se da cuenta de que nosotros, los abogados, lo que evitamos es que haya muchísima más litigiosidad, porque estamos formados para tratar de solucionar esos problemas a través del diálogo, de la mediación y la conciliación y, pese a ello, la ciudadanía cada vez más está inmersa en ese aumento de litigios.

-¿Cuántos colegiados hay en Teruel?

-Creo que ejercientes tenemos ya una cifra superior a los 150, más los no ejercientes, claro.

-Son cifras muy pequeñas, ¿qué limitaciones entraña eso?

-Evidentemente si nosotros tuviéramos más recursos, pues podríamos dar un servicio más rápido y más eficaz. En estos momentos tenemos una gerente y una administrativa, pero no nos da para más. ¿Cómo se palía? Pues con trabajo. En la Junta hay una coordinadora del turno de oficio, y hay otros compañeros que están involucrados también en esa tarea, hay una comisión y eso se hace de forma voluntaria y desinteresadamente.

-¿Qué debería contemplar la nueva normativa estatal de justicia gratuita?

-Nos gustaría que se tuviese en cuenta la opinión de los abogados y englobar a todos los estamentos. Muchas veces se habla con jueces, se habla con fiscales, se habla con asistentes sociales, que evidentemente hay que hacerlo, pero se obvia a los abogados, y debería tener el ánimo de oír a todas las partes involucradas.

-¿Cómo les va a afectar a los letrados la Ley 1/2025 de eficiencia de la Administración de Justicia que entró en vigor a principios de año?

-Creo que va a tener un impacto importante y que será un antes y un después, porque ya no sólo se modifica la oficina judicial, sino que los propios procedimientos nos van a exigir los métodos alternativos de solución de conflictos. Es decir, si un abogado cuando mete una demanda no acredita haber intentado ese método de haberlo solucionado primero al margen de los tribunales, no se nos va a admitir esa demanda. Por lo tanto, esto nos va a cambiar incluso el chip y la forma del planteamiento a la hora de litigar, por supuesto.

-¿Falta cultura de la mediación?

-Sí, por supuesto. El problema es que no hay medios, no se nos da medios para lograr esa formación, pero no solo a los abogados, sino también a las propias administraciones. Se dice que tenemos que utilizar esos medios, pero salvo la mera enumeración que establece la ley, no sabemos realmente cómo se van a poder implantar. Ahora mismo nos estamos planteando desde los colegios de abogados de toda España cuáles son, cómo vamos a poder hacer efectivos esos métodos de solución de conflictos alternativos que nos plantea la ley. Tal vez tengamos que ir al letrado de la Administración de Justicia a plantearle una conciliación, porque no sabemos al final cuál va a ser realmente ese método necesario para que se nos admita la reclamación. Los abogados siempre intentamos solucionar de bien a bien y con diálogo los problemas entre los propios compañeros. La ley nos dice que tenemos que utilizarlo, pero estamos huérfanos de cómo van a ser implantados ante la propia Administración de Justicia.

-¿De qué manera se van a implicar en la demanda de la plataforma RETA para pasar de las mutualidades al régimen de trabajadores autónomos?

-Vamos a ver, el colegio no puede ponerse de perfil ante esta reivindicación de compañeros y compañeras que han cumplido durante años y conforme a la ley sus obligaciones de previsión social y ven que no tienen asegurada una pensión digna cuando finalicen su vida laboral. Para nosotros esto es una prioridad y, evidentemente, estamos aquí para apoyarlos. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que no satisface estas reivindicaciones, pero que está todavía en trámite, pendiente de enmiendas, y que creemos que es ahí donde se deben de consensuar y verse todas estas especificaciones que existen de compañeros respecto a su situación anterior, durante y posterior al sistema de mutualidad.

-¿Qué otros retos se ha marcado desde el Colegio de Abogados para este periodo?

-Queremos potenciar más la web del Colegio, que estaba ya muy avanzada, y que sea un instrumento de participación en el cumplimiento de la función social que corresponde a nuestro Colegio. A través de ella queremos proporcionar la ayuda necesaria a todos los colegiados y también, fundamental, prestar una asistencia a los ciudadanos que garantice sus derechos. Esto para nosotros también es fundamental. Hay que potenciar, hay que desarrollar esa web y es uno de los objetivos que también nos hemos marcado.

También nos hemos fijado el objetivo de seguir luchando contra el intrusismo, que lo seguimos teniendo y también en la provincia de Teruel, y seguir luchando para que el secreto profesional de los colegiados y respecto a sus clientes sea palpable para la ciudadanía. Últimamente estamos viendo unos verdaderos ataques contra el secreto profesional de abogado-cliente y eso no se puede tolerar.

Uno de los hitos que se ha alcanzado por parte del Consejo General de la Abogacía ha sido la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Y en palabras de nuestro actual presidente, Salvador González, esta Ley de Defensa marca un hito para la abogacía española y supone un importante punto de inflexión en la defensa de los compañeros y el afianzamiento de derechos de los profesionales. También faculta a los colegios a establecer criterios orientativos en materia de honorarios y consagra el secreto profesional, que ahora mismo esta ley establece con claridad cuáles deben ser sus límites así como la extensión de la confidencialidad a las comunicaciones entre los profesionales.