Las oficinas de justicia acercarán esta administración a las zonas rurales

El nuevo director de Justicia del Gobierno de Aragón, Jorge Oswaldo Cañadas, puso este lunes énfasis en lo que van a suponer las oficinas de justicia en el municipio para acercar la Administración de Justicia a las zonas rurales, que se dotarán con los medios tecnológicos necesarios. Cañadas se refirió a la importancia que este nuevo modelo tendrá para los ciudadanos, puesto que les evitará desplazamientos y facilitará su relación con la Justicia desde las localidades en las que viven. Así se refirió durante su primera comparecencia en las Cortes de Aragón, donde esbozó los retos que se ha fijado, entre los que está la aplicación de la nueva ley estatal que moderniza la aplicación de la Justicia, que incluye tanto la creación de los tribunales de instancia como de las oficinas de justicia en los municipios.

El director general de Justicia compareció en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a petición de los grupos parlamentarios del PSOE y de Vox, que se refirieron durante sus intervenciones a las consecuencias que puede tener la prórroga presupuestarias así como a la problemática a la que se enfrentan algunos juzgados aragoneses.

La llegada de Jorge Cañadas a la Dirección General de Justicia, tras haber sido titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, se produce en un momento fundamental para la Administración de Justicia después de que a principios de año entrara en vigor la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

Cañadas reconoció que era un “momento trascendental” con la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial tras los fallidos intentos anteriores, y aseguró que supondrá una modernización del sistema de justicia, la reducción de la carga administrativa, la mejora de la calidad del servicio y el acceso universal a la Justicia, con lo cual aumentará la transparencia y habrá una “mayor inclusión y equidad”.

Va a suponer un revulsivo para las zonas rurales porque se acercará a ellas la Administración de Justicia a través de las oficinas de justicia municipales. En el ámbito de los partidos judiciales se pondrán en marcha los tribunales de instancia, que supone una redefinición de lo que han sido hasta ahora los juzgados unipersonales, para lo cual contarán con el apoyo de unas oficinas judiciales “que se redefinen y se reestructuran en servicios comunes que puedan constituirse uniformemente en todo el territorio y, adicionalmente, según la dimensión o las jurisdicciones que englobe cada partido judicial”, dijo Cañadas.

El director general incidió por otra parte en la importancia que van a suponer las oficinas de justicia municipales como evolución de los juzgados de paz. Reconoció que la función de estos ha quedado “muy reducida” con respecto a lo que se planteó en el siglo XIX, pero argumentó que “la necesidad de mantener el acceso a la Administración de Justicia y disponer de los servicios en todo el territorio sigue estando vigente, especialmente en un momento en que el riesgo de despoblación de algunas zonas rurales es elevado, y se requiere aumentar los servicios de la administración”.

Explicó que la ley orgánica lo que plantea es la evolución de los instrumentos de la Administración de Justicia mediante la creación de la oficina de justicia en el municipio, “que es una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los juzgados de paz, y que no solo mantendrá los actuales servicios, sino que los aumentará, de manera que la justicia de paz tenga un papel fundamental en su nueva configuración, como punto de contacto con la Administración de Justicia”.

Cañadas incidió en que uno de los objetivos de esta reforma es “evitar que quienes se encuentren en los municipios más alejados de los tribunales de instancia, tengan que desplazarse a ellos para realizar las gestiones ante la Administración de Justicia que actualmente deben llevar a cabo presencialmente”.

Aseguró que para ello se dotarán a las oficinas de justicia en los municipios “de los sistemas tecnológicos necesarios para la práctica de actos procesales e intervención en los mismos a distancia”.

Valoró que tanto en el caso de los tribunales de instancia como de las oficinas municipales, se van a aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos que en la Administración de Justicia se han producido en los últimos años con el expediente judicial electrónico, el sistema Avantius, la digitalización de las oficinas judiciales, el desarrollo de tecnologías de la comunicación e información y “la experiencia acumulada en la prestación del servicio de forma telemática”. Medidas que evitarán a los habitantes de las zonas rurales tener que desplazarse.

Comarcalización

Cañadas apostó por aprovechar el modelo de la comarcalización para la prestación de estos servicios en el territorio. Aclaró que se refería a “establecer las agrupaciones de oficinas de justicia en los municipios en las cabeceras de comarca, para aprovechar así la estructura comarcal de la que se ha dotado Aragón y que históricamente va evolucionando”.

El director general añadió que con ese modelo será posible “agrupar a actuales municipios que no tienen agrupación, de manera que ningún municipio de Aragón se quede desagrupado, y dotar de sistemas de acceso a la justicia a todos los juzgados de paz de Aragón”. Eso permitirá que todos cuenten con un punto de acceso gracias a la infraestructura tecnológica que tendrán, “con el apoyo de la agrupación correspondiente que en principio, y se está estudiando, pero se ubicará en los municipios que constituyen cabecera de comarca”.

Comparecencia

Entre los numerosos asuntos que abordó en la comisión, el nuevo director general de Justicia anunció que si nada extraordinario lo impide, en las nóminas de este mes de marzo “se abonará el complemento autonómico con todos sus atrasos” a los trabajadores de la Administración de Justicia. Aclaró que el proceso no ha sido fácil por la complejidad que supone el cálculo de retenciones, y que el objetivo ha sido “intentar hacer las cosas bien”.

Cañadas detalló los múltiples asuntos en los que está inmersa la Dirección General de Justicia, entre los que se refirió al turno de oficio, en contacto con los colegios de abogados; la bolsa de interinos, para lo que se trabaja en una reforma integral del sistema para garantizar la cobertura de puestos; u otros asuntos como la mediación o la atención a la víctima.

Los portavoces de los grupos parlamentarios mostraron su inquietud sobre cómo la prórroga presupuestaria puede incidir y de qué forma se va a concretar la implantación de la nueva oficina judicial, así como la apuesta por la digitalización y las relaciones con los distintos colectivos de la Administración de Justicia.