Una médica y un juez debaten sobre la crisis sanitaria: “Al principio de la pandemia hubo que tomar decisiones drásticas”

“En el principio de la pandemia de coronavirus se tuvieron que tomar decisiones drásticas para su control que eran necesarias porque había poco conocimiento de una enfermedad emergente y estaba muriendo mucha gente y se expandía muy rápidamente”, así lo destacó María Victoria Cañada, médica especialista en Salud Pública que participó en el Casino de Teruel en el debate Pandemia y Derechos Fundamentales, junto con Fermín Hernández, magistrado de la Audiencia de Teruel, quien detalló las medidas legales que se han ido aplicando a lo largo la crisis sanitaria sobre las que recordó que es necesario que sean proporcionadas, excepcionales y limitadas en el tiempo.

La doctora Cañada explicó que cuando se produce una situación sanitaria como la actual la información es cambiante y por ello hay que ir adaptándose. “Para hacer una buena gestión de una pandemia tenemos que actuar con los datos de cada día y hay que ser muy flexibles”, aseguró y reconoció la complejidad de tomar decisiones teniendo en cuenta los derechos individuales y el bien común.

Para la experta, el derecho a la salud es muy relevante. “Los que trabajamos en salud pública sabemos que la economía es muy importante y tener buenos recursos económicos y sociales es muy importante para mantener y mejorar la salud, pero sin salud no hay economía y sin salud no hay relaciones sociales. Entonces ahí está el arte, con el conocimiento científico de la situación para poder poner unas medidas adecuadas en todo momento”, argumentó Cañada.

La especialista lamentó que a la salud pública siempre se le ha dado muy poca importancia en España, en las comunidades autónomas y también a nivel global y con esta pandemia se ha demostrando las repercusiones que tiene y que esto ha generado muchas debilidades porque no se estaba preparado para afrontar una crisis como esta. Asimismo, reclamó más recursos para este ámbito y también para la investigación en vacunas que se está desarrollando en España desde el CSIC.

Cañada quiso además hacer un llamamiento a toda la población. “Este problema lo tenemos que resolver entre todas las personas, si no colaboramos entre toda la ciudadanía esto no se va a poder resolver, hay que poner de nuestra parte y cumplir las normas”, añadió.

Por su parte, Fermín Hernández aseguró que la pandemia de coronavirus ha sido “la calamidad más grande que ha habido en España desde la Guerra Civil” y de ahí que comentara que “ante la magnitud de la tragedia” hubo que tomar alguna medida drástica.

El jurista recordó que el problema que se plantea es que las medidas que se adopten restrinjan los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Española, principalmente los de libre circulación de las personas y el de reunión y argumentó que se tienen que sacrificar algunas de estas actividades por “un derecho más esencial, el derecho a la vida”, no tanto el derecho a la salud, que sí se recoge en la Carta Magna pero no entre los derechos fundamentales.

Recordó que en la pandemia, si se produce un colapso del sistema sanitario, no solo estaría en riesgo el derecho a la salud sino también el derecho a la vida y aclaró que las decisiones jurídicas que se adopten deben siempre cumplir tres condiciones: ser proporcionadas, excepcionales y limitadas en el tiempo..

Hernández realizó un amplio repaso sobre las diferentes medidas legales que se han aplicado desde el primer estado de alarma a la actualidad y puso algunos ejemplos de controversia sobre las diferentes medidas adoptadas, como los fallos en algunos tribunales sobre la regulación del toque de queda nocturno para prevenir los botellones que se ha considerado que no era ni excepcional ni proporcionada con el argumento de que para el control de los grupos que beben en la vía pública hay otros medios de control, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También mencionó el hecho de que en estos momentos el Tribunal Constitucional va a estudiar la posible inconstitucionalidad del primer estado de alarma en España.