La superficie forestal de la provincia se ha incrementado notablemente desde 1982

La superficie forestal de la provincia de Teruel ha aumentado progresivamente desde la aprobación hace 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón debido a la modificación de los distintos usos y la transformación del medio rural. Durante esta etapa de autogobierno, se ha elaborado normativa propia en materia de montes, que ha refrendado la autonomía de los ayuntamientos en cuanto a la titularidad de los aprovechamientos. Otro de los hitos ha sido la creación de Espacios Naturales Protegidos, que contribuyen a la conservación de la naturaleza de forma compatible con el desarrollo socio económico de estos territorios.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado el 10 de agosto de 1982, recoge en su artículo 18 el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud, así como su deber de colaborar en su conservación; y vinculando la actuación de los poderes públicos a los principios de prevención, precaución y respeto a los derechos de las generaciones futuras.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.22, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón como competencias exclusivas, entre otras, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias en materia de normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático.

Teruel es una tierra de contrastes climáticos, que ha contribuido a la formación de grandes mosaicos agrícolas y forestales, que configuran una provincia con alta calidad paisajística y valores medioambientales.

La provincia tiene una superficie forestal aproximada de 854.000 hectáreas, de las cuales un 62% de la superficie es de titularidad pública, que pertenece en su mayoría a entidades locales y un 38% de titularidad privada.

A través del Inventario Nacional Forestal (1975-2009) se ha constatado en este periodo un incremento de la superficie arbolada en Aragón de más de 600.000 hectáreas.

Durante esta etapa de autogobierno, se ha elaborado normativa propia en materia de montes,  refrendando la autonomía de los ayuntamientos en cuanto a la titularidad de los aprovechamientos de los montes públicos, de tal manera que cualquier rendimiento económico que se genere es propiedad de la entidad local, siempre con el control y gestión del departamento con competencias en Medio Ambiente. Esta gestión integrada y compartida ha supuesto el acercamiento de la administración medioambiental a la ciudadanía y al medio rural a través de los técnicos y Agentes de Protección de la Naturaleza (APN).

Uno de los ejes prioritarios ha sido la elaboración y aprobación de los Instrumentos de Gestión Forestal, cuyo objetivo principal es planificar de una manera sostenible y consensuada con el territorio los usos y aprovechamientos prioritarios en cada monte (madera, caza, micología...) con los actuales criterios de conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

Teruel cuenta actualmente con más de 60.000 hectáreas con Instrumentos de Gestión Forestal vigentes. “Es necesario ejecutar las directrices marcadas por esta planificación para poder crear cada vez masas más resilientes y adaptadas al cambio climático, así como a perturbaciones como los incendios forestales”, señalan desde el servicio provincial de Medio Ambiente. “El incumplimiento de esta planificación estratégica en tema selvícolas (clareos, cortas de madera...) puede conllevar a masas cada vez con mayores procesos de decaimiento (mortandades) y con modelos de combustible más propensos a la propagación del fuego en caso de incendios forestales”, añaden.

Uno de las herramientas para controlar la gestión forestal sostenible es la Certificación Forestal, proceso que consiste en que los titulares y gestores del monte se someten a una evaluación voluntaria emitida por un tercero que garantiza que la gestión del monte se ha realizado de manera racional y sostenible. En el caso de la provincia de Teruel hay más de 40.000 hectáreas certificadas con el sello PEFC, y en el conjunto de Aragón son 104.000.

Desde 2012, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene implantado un Sistema de Certificación Forestal Regional bajo el sello PEFC que promueve y financia el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal.

Este sistema regional se gestiona desde la Entidad Aragonesa Solicitante de la Certificación Forestal PEFC (ARACERT), quien recibe y tramita las solicitudes de propietarios públicos y privados interesados en gestionar sus montes de manera responsable y sostenible. Asimismo, se ha producido un incremento de la superficie ordenada en montes de utilidad pública en todo Aragón. En Teruel en 2019 se ordenaron hasta 20.000 hectáreas.

El reto de la Administración Medioambiental es garantizar la Gestión Forestal Sostenible de estas masas públicas y privadas, entendiendo como tal la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas.

Espacios Naturales Protegidos

Otro hecho destacado en el ámbito medioambiental en esta etapa de autogobierno ha sido la creación de figuras de protección en la provincia de Teruel. Por orden cronológico, se declaró en 1995 el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno (6.833 hectáreas); en 2006, la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, y los monumentos naturales del Puente Natural de Fonseca y Las Grutas de Cristal (6.849,75); en 2009, el Monumento Natural del Nacimiento del río Pitarque (114,14); y en 2010, el Monumento Natural Órganos de Montoro (187,60). A ellos se añade la parte turolense de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, declarada en 2019, y que en los cinco municipios turolenses donde se asienta abarca una superficie de 23.600,56 hectáreas.

Por último, hay que añadir los 58 espacios de la Red Natura 2000 -Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)- que total o parcialmente pertenecen a la provincia.

La gestión de estos espacios es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha desarrollado el cuerpo normativo y se ha dotado de los recursos humanos y económicos necesarios.

El texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 29 de julio, es la norma de referencia en materia de Espacios Naturales Protegidos y otras áreas protegidas, siendo el principal instrumento de gestión establecido los Planes Rectores de Uso y Gestión.

La participación social está asegurada a través de los patronatos, presentes en todos ellos, y además de su función de protección de los recursos naturales, contribuyen al desarrollo socioeconómico del medio rural mediante convocatorias anuales de subvenciones, con un importe de 250.000 euros, y mediante una compensación a los municipios con territorio en esta red de ENP, con un importe de 2 millones anuales.

Estos espacios naturales contemplan una gran diversidad de paisajes y especies, que van desde grandes extensiones de pino rodeno sobre areniscas rojizas, pasando por lagunas endorraicas que sirven de protección a especies migratorios tan simbólicas como las grullas, hasta pequeños y emblemáticos paisajes como los órganos de Montoro.

El territorio cuenta con 76 estaciones depuradoras de aguas en servicio

La provincia de Teruel cuenta en la actualidad con 76 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en servicio diseñadas para tratar la carga contaminante de 287.484 habitantes equivalentes.

La primera en entrar en servicio en la provincia fue la de la capital en 1999. El mayor impulso a la depuración se dio con el Plan Especial de Saneamiento y Depuración, ya que desde mayo de 2008 a febrero de 2009 entraron en servicio 31 frente a las 16 que en ese momento gestionaba el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

En los últimos 6 años han entrado en funcionamiento 17 instalaciones. De ellas, 7 han sido construidas directamente por el IAA en Calaceite, Mazaleón, Mas de las Matas, Castellote, Cantavieja y Aguaviva. Y 10 proceden de un programa de subvenciones a entidades locales financiado por el IAA en 2017 y 2018 (Alacón, Cuevas Labradas, Griegos, Olba, Peñarroyas, Torrecilla de Alcañiz, Valdecuenca, Villar del Cobo, Perales del Alfambra y Rodenas), a las que hay que añadir dos más en construcción en Aguaviva y Cantavieja. Además, se han subvencionado tres actuaciones de mejoras en colectores generales de saneamiento en Albalate del Arzobispo, Cella y Villastar.

Estas 17 instalaciones están diseñadas para tratar la carga contaminante de 12.614 habitantes equivalentes con las siguientes tecnologías de depuración: siete de tratamiento por fangos activados en aireación prolongada, tres con tratamiento biológico por lechos bacterianos, tres de tipo extensivo y cuatro con tratamiento primario seguido de filtro biológico estático.

El Gobierno de Aragón quiere proseguir con el programa de inversiones en depuración de aguas residuales porque considera esencial la prestación de este servicio y una de las más valiosas contribuciones a la mejora de la calidad de las aguas y del medioambiente.

De igual modo, en 2021 y con fondos FITE, se ha gestionado desde el IAA una convocatoria de subvenciones a entidades locales para la redacción de proyectos de mejora de depuración de aguas residuales, en núcleos urbanos de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Teruel, dotada con 278.000 euros.

Desde el IAA se ha prestado apoyo técnico y acompañamiento durante todo el proceso para elegir la solución más eficiente tanto desde el punto de vista técnico como económico y para asegurar la viabilidad de los proyectos, dado que todos ellos deben ser autorizados por el correspondiente organismo de cuenca.

Los ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas han sido los de Andorra, La Portellada, Fuentespalda, Linares de Mora, La Codoñera, Fuentes Claras, Lledó, Albentosa, Valdeltormo y Teruel (para los barrios de San Blas y Caudé).