La Diputación de Teruel impulsa la economía social con un plan de apoyo con medidas para empresas existentes y nuevas

Un total de 30 objetivos estratégicos y 69 acciones concretas son las que se incluyen en el Plan de Impulso a la Economía Social para la provincia de Teruel que presentó este martes la Diputación de Teruel en un acto en Calamocha. Entre las acciones se contemplan subvenciones por valor de 150.000 euros, que confían en duplicar con los remanentes, destinados a la creación de nuevas empresas de economía social y también a ayudar a cubrir gastos a las ya existentes. Además, se ha puesto en marcha un departamento para atender las dudas de esas entidades y acoger a las nuevas y asesorarles en el camino.

La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, explicó durante la presentación del Plan de Impulso a la Economía Social que el primer paso, que se inició hace un año, fue suscribir un convenio con la Asociación de la Economía Social de Aragón, Cepes Aragón, con el fin de conocer el estado de la cuestión y las necesidades para, a partir de ahí perfilar las líneas a seguir. Ese convenio contó con un presupuesto de 20.000 euros y el desarrollo del plan se elaboró mediante un proceso participativo desplegado por todas las comarcas turolenses.

1.565 organizaciones

En la provincia hay actualmente 1.565 organizaciones bajo este modelo y la mayor parte de ellas (1.232) son asociaciones. Hay, además, 133 Sociedades Agrarias de Transformación, 106 cooperativas, 56 fundaciones, 20 sociedades laborales, 6 centros especiales de empleo de iniciativa social y 4 empresas de inserción.

Redón incidió en que este modelo económico es muy ventajoso para Teruel puesto que “favorece el arraigo de las personas, vertebra el territorio y genera oportunidades laborales y de riqueza” en la provincia. En este sentido también se pronunció la vicepresidenta de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín, durante la presentación del acto, al señalar que la economía social es fundamental en los pequeños pueblos “y una buena base para el mantenimiento de la población”, aseguró.

La diputada delegada de Bienestar Social destacó a su vez la contratación de una persona en el departamento de Bienestar Social en la Diputación Provincial dedicada a “promover, visibilizar y prestar asistencia técnica” a las empresas que se dirigen a la institución provincial.

Además, comentó que han habilitado dos líneas de ayudas, dotadas con 75.000 euros cada una y que esperan duplicar con el dinero procedente de los remanentes, destinadas una al impulso de las ya existentes, para ayudarles a cubrir gastos, y otra a la creación de nuevas entidades de esta índole.

Objetivos

Los objetivos se dividen en cuatro ámbitos de actuación, uno primero centrado en la gobernanza, la participación y el diálogo social; el segundo específico sobre comunicación, difusión y sensibilización; un tercero de formación e investigación y, por último, otro destinado a las empresas, el empleo y el emprendimiento.

En el evento también intervino Magdalena Sancho, del Cepes, quien dibujó la economía social como “herramienta de futuro” y “palanca de cambio para dar solución a los problemas actuales que tenemos”. Relató que este modelo sitúa “a las personas y el fin social en el centro de la economía, por encima del capital”, dijo. Al igual que Redón y Martín, incidió en que se trata de negocios que favorecen el desarrollo local porque “están muy presentes en el territorio” y centran sus esfuerzos “en no dejar a nadie atrás”.

El responsable de Cepes Aragón, Adrián Serrano, desgranó algunas de las cifras de la economía social en Aragón, donde hay 7.500 empresas, el 8,3% del total de la comunidad, y generan empleo estable y de calidad -que es una de las características de las mismas- a unas 23.000 personas. Gestionan a su vez unos fondos de en torno a los cuatro millones de euros, lo que representa en torno al 9,6% del Producto Interior Bruto de Aragón.
 

Serrano detalló que el fin último del plan es “que esas personas que intentan emprender y no saben muy bien como hacerlo, vayan hacia fórmulas de economía social”. En cuanto a la diferencia con otro tipo de empresas, detalló que lo que prima no es el capital, sino que se pone “el foco en las personas” y defienden una serie de principios y valores como “la solidaridad, la igualdad y la equidad”. Por otro lado, se gestionan de forma “democrática y participativa, de tal manera que todos los socios pueden aportar y decidir”, algo que a juicio el responsable de Cepes “ofrece un valor añadido en relación a la empresa normalizada”.

Serrano incidió durante su intervención en que la ciudad de Teruel fue nombrada primera capitalidad española de economía social en el año 2021 por el Gobierno de España, y la definió como “un referente en el conjunto de la Comunidad Autónoma”.

La presentación del Plan de Impulso a la Economía Social tuvo lugar en el salón de actos de la sede de la Comarca del Jiloca y al mismo asistieron tanto representantes comarcales como alcaldes de diferentes pueblos de varias zonas turolenses, así como técnicos y particulares interesados en el tema. El encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes con unas breve intervención fue el presidente de la Comarca del Jiloca, Javier Hernández.

Retos

Entre los problemas y retos que hay según el documento presentado, está la dispersión territorial, que hace muy difícil la participación estable. También existen dificultades para retener talento, el aislamiento complica la puesta en marcha de iniciativas y se dan problemas para encontrar relevo generacional y trabajadores. La falta de gente joven y de masa social hacen que muchas de las asociaciones que operan en el territorio se gestiones desde las ciudades.

En cuanto a los retos específicos sobre la economía social, son poco visibles, se perciben como escasamente rentables y con una gestión compleja. Otro de los retos es que los autónomos o sociedades limitadas que son iniciativas sociales no se consideran formalmente economía social y quedan fuera de ayudas; no hay estructuras territoriales que las agrupen y, en muchos casos, las propias entidades de economía social no se identifican con ella. Otros de los retos se vinculan a la administración, como la excesiva burocracia, la dificultad para acceder a contratos públicos o la falta de información en los procesos de asesoramiento sobre este modelo de negocio.
 

Estas empresas no tienen un sello que las identifique ni tampoco recursos para generar interés en la sociedad, entre otras cuestiones.

Otras de las demandas que han detectado, según indicó Beatriz Redón, es una mayor formación y se plantean promoverla tanto en colegios e institutos como en entidades especializadas, como gestorías. “Que dispongan de más información y orientación para que tengan en cuenta este tipo de empresas a la hora de asesorar a quien quiere iniciar una actividad”, relató la diputada.

El Plan de Impulso a la Economía Social contempla un proceso de seguimiento en el marco de un grupo de trabajo dentro del departamento de Bienestar Socia. Cada seis meses se revisarán las medidas y, al menos una vez durante el periodo de vigencia, que se prolongará hasta el año 2027, el documento al completo con el fin de establecer las mejoras necesarias de cara al mejor cumplimiento de los objetivos planteados.

Mesa redonda

Las empresas de economía social y las cooperativas plantean la necesidad de contar con una mejor puntuación a la hora de acceder a contratos del sector público puesto que su cercanía al territorio contribuye a mantenerlo con vida. Así salió a relucir en la jornada que se celebró en Calamocha en el marco de la presentación del Plan de Economía Social que está poniendo en marcha la Diputación de Teruel.

Durante la mesa redonda, Ricardo Forcadell, socio de Qilex Sociedad Cooperativa, una consultoría forestal integrada por ingenieros de montes y licenciados en ciencias ambientales que se dedican a temas de gestión forestal y de planificación de los aprovechamientos del monte, indicó que aunque hay una serie de criterios para priorizar a este tipo de empresas, “al final no se tienen en cuenta”.

A su juicio esto debería de cambiar y “dar más apoyo a lo local y lo social, hacer una apuesta férrea por contratar con las entidades más cercanas al territorio”, dijo, para indicar que esos proyectos “pueden ser tractores para mejorar la economía y la población” de una determinada zona.

En Qilex trabajan específicamente en el sector rural y eligieron el modelo de Sociedad Cooperativa, según expuso Forcadell, de forma casual porque se juntaron “varios profesionales para trabajar en conjunto” y les pareció la “manera ideal de integrar el trabajo”. Además, relató que son “férreos defensores” de que, a parte de ser rentable, es un proceso colaborativo en el que varios socios, “ya amigos”, detalló, buscan seguir desarrollando sus proyectos en la provincia de Teruel.

La impulsora de la Asociación Re-viviendo, que busca soluciones diferentes y alternativas para enlazar a propietarios con personas interesadas en vivir en el medio rural, Cecilia Fanlo, planteó durante su intervención en la mesa redonda que para ellos fue “un descubrimiento” comprobar que podían trabajar “dentro de una economía diferente que no era competitiva ni hostil, sino que se basaba en colaborar y cooperar y donde importan mucho más los impactos y las personas que crecer y ganar económicamente”. Por eso, detalló que han encajado “totalmente en la economía social” y es la forma en la que se mueven.
 

Fanlo indicó en que los dos puntos más importantes del plan presentado por la Diputación de Teruel es “la formación y la difusión” Así apostó por difundir un modelo que está “un poco olvidado” y favorecer incluso formación sobre el mismo en institutos y, específicamente, en las clases de economía, donde lo habitual es formar “en la competición de mercado”.

Por su parte, la presidenta de las Mujeres Artistas Rurales (MAR), María Sancho, reconoció que desconocía los aspectos relacionados con la economía social, un plantamiento con el que su agrupación coincide totalmente en objetivos, “tanto por la tranformación social como por la gestión democrática”.

Especificó que se trata de un plan “fundamental para la provincia de Teruel” y relató a su vez parte del trabajo que desarrollan sobre todo para dar visibilidad a la agrupación. En este sentido, detalló que disponen de una plataforma web que sirve como directorio para que cualquier institución o particular conozca el trabajo de cada una de las mujeres que integran el MAR y pueda contratarla. “Darles visibilidad permite a que las mujeres vivan en sus pueblos, haciendo lo que quieren hacer y, si ellas están en los municipios, éstos siguen vivos”, argumentó.

Atadi, pioneros

En la mesa redonda también intervino Javier Cantalapiedra, director del área de empleo de Atadi, que es una de las empresas de Teruel de economía social más relevantes y con una trayectoria más larga, al contar con 20 años de vida a sus espaldas, y actualmente algo más de 300 trabajadores. Habló de cómo han ido adaptándose a las necesidades del territorio en materia de empleabilidad, motivo por el que ahora están poniendo en marcha Atadi Innova, que cuenta con tres trabajadores. Se va a especializar en jardinería, sector agrario y energías renovables, porque, como apuntó Cantalapiedra, en algunas zonas de la provincia, y citó Andorra, “hay una gran demanda de empleo” vinculado a las plantas fotovoltaicas, como mantenimiento de las pantallas vegetales, algo que desde Atadi lo han contemplado como “una forma de poder dar trabajo a personas con riesgo de exclusión en esta comarca”.

En la mesa redonda, moderada por la técnica de la Diputación de Teruel Ruth Cárdenas, participó también Carlos Aríñez, de la Sociedad Cooperativa Optimener y responsable de la primera cooperativa energética puesta en marcha en la provincia de Teruel, en Luco del Jiloca, quien explicó los detalles de un proceso que se prolongó durante varios años hasta que pudieron conectarse a la red.